Informe del grupo de trabajo sobre violencia territorial y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes
Informes
Sus manifestaciones pueden incluir amenazas, desplazamientos, restricciones a la movilidad, reclutamiento de adolescentes, afectaciones de la salud y la educación, así como otras formas de vulneración de derechos. Asimismo, se vincula con dinámicas económicas legales e ilegales y con mercados de drogas ilegalizadas de escala transnacional, por lo que su análisis requiere considerar dimensiones territoriales, sociales, económicas, culturales e institucionales.
En este marco, el Grupo de Trabajo sobre Violencia Territorial y Vulneración de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue constituido en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), con el objetivo de analizar las vulneraciones de derechos que enfrentan NNA en contextos de violencia territorial, contribuir a la construcción de un diagnóstico sobre el fenómeno e identificar desafíos y herramientas para fortalecer las respuestas estatales y sociales, desde la prevención hasta la reparación.
Su carácter interinstitucional y multisectorial constituyó una dimensión central del proceso de trabajo, con participación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Ministerio del Interior (MI), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Víctimas y Testigos (UVyT), Gurises Unidos, la Plataforma de Infancias y Adolescencias y CIPPUS, con UNICEF Uruguay en calidad de observador. También se contó con los aportes de la Academia, Juan Bogliacini, Gabriel Tenenbaum e Ignacio Salamano, investigadores académicos de la Universidad Católica del Uruguay y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República respectivamente, cuyos aportes enriquecieron tanto el diagnóstico como las recomendaciones.
El análisis realizado permite identificar que la protección del derecho a la vida y de los demás derechos de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia territorial requiere superar respuestas fragmentadas y predominantemente reactivas. La evidencia y los aportes recogidos por el Grupo de Trabajo señalan la necesidad de fortalecer una respuesta integral, territorial e interinstitucional que articule prevención y detección temprana, protección inmediata, acceso a la justicia, atención y reparación, junto con mejores sistemas de información y mecanismos estables de coordinación. El desafío consiste en consolidar capacidades institucionales y comunitarias que permitan anticipar situaciones de riesgo, responder oportunamente ante situaciones graves y actuar sobre las condiciones que contribuyen a la reproducción de las vulneraciones de derechos, con una perspectiva de infancia y adolescencia y con continuidad más allá de intervenciones aisladas.