Ocho personas fueron condenadas por el “caso caranchos”
La Fiscalía Departamental de Toledo, representada por la fiscal Paula Pereyra, logró la condena de ocho personas más, mediante procesos abreviados, por su participación en una organización que utilizaba información reservada para contactar a víctimas de siniestros de tránsito y ofrecerles servicios profesionales. Por esta investigación ya habían sido condenadas otras diez personas.
De acuerdo con la sentencia, cinco de las personas condenadas fueron consideradas autoras penalmente responsables de un delito de asociación para delinquir especialmente agravado, en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de cohecho calificado especialmente agravado, en concurrencia formal con reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada especialmente agravado.
Por estos delitos fueron condenadas a 16 meses de prisión, dos años de inhabilitación especial y el pago de 50 UR de multa, con descuento de la detención cumplida.
Otras dos personas fueron condenadas como autoras de un delito de asociación para delinquir especialmente agravado, en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de cohecho calificado agravado, en concurrencia formal con reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada especialmente agravado.
En estos casos, la pena impuesta fue de 14 meses de prisión, dos años de inhabilitación especial y el pago de 50 UR de multa, con descuento de la detención cumplida.
La octava persona condenada fue considerada autora penalmente responsable de los mismos delitos, a los que se sumó, en reiteración real, un delito de falsificación o alteración de un documento público. En este caso, la pena fue de dos años de penitenciaría, dos años de inhabilitación especial y el pago de 50 UR de multa, también con descuento de la detención cumplida.
En la misma instancia judicial se dispuso una medida cautelar respecto de un noveno imputado.
El Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno dispuso su arresto domiciliario hasta el 15 de marzo de 2027, bajo vigilancia mediante dispositivo de monitoreo electrónico, además de la prohibición de comunicarse, por cualquier medio o por interpuesta persona, con funcionarios vinculados a la investigación y con otras personas relacionadas con la causa.
La Fiscalía interpuso recurso de apelación contra esta resolución y será elevado al Tribunal de Apelaciones que corresponda.