Día mundial contra la pena de muerte
La pena de muerte solo puede imponerse por “los más graves delitos”, según establece el derecho internacional de los derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos señala a su vez que la pena de muerte no puede conciliarse con el pleno respeto del derecho a la vida. No hay pruebas concluyentes que respalden la teoría de que la pena de muerte disuade de delinquir más eficazmente que cualquier otro castigo.
La pena de muerte, además de ser una violación de los derechos humanos de las personas condenadas, es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante, y causa numerosos daños directos a otros miembros de la sociedad en la que se ejecuta.
En diciembre de 2024, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, con 130 votos a favor, su décima resolución sobre la moratoria del uso de la pena de muerte.
En 2022, la Asamblea había aprobado la resolución con 125 votos a favor. El número de países que apoyan ahora una resolución sobre la moratoria del uso de la pena de muerte es el más alto de la historia, y equivale a más de dos tercios de los miembros de la Asamblea. Aun así, preocupa que el número de personas ejecutadas haya aumentado durante 2024.
Uruguay abolió definitivamente la pena de muerte mediante la Ley Nº 3238 del 23 de setiembre de 1907 y desde esa fecha mantiene una firme postura a favor del derecho a la vida y a la dignidad de las personas, y de rechazo a la utilización de esta pena para cualquier tipo de delito. Esta postura se refleja en las recomendaciones realizadas en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos a aquellos países que aún no la han abolido, para que puedan avanzar en ese sentido.
Uruguay continuará invitando a los países que aún hacen uso de la pena de muerte, a que consideren la aprobación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y que reformen su legislación para eliminar su uso.
Ministerio de Relaciones Exteriores