Ministerio de Relaciones Exteriores

El Relator Especial de la OEA, Rodrigo Escobar Gil, realizó un avance del informe sobre la situación de las cárceles en Uruguay. Así como detectó fallas, destacó la preocupación del gobierno por resolverlas. La presentación se realizó en el marco del coloquio sobre DDHH en el Sistema Penitenciario en Uruguay, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para arribar a estas conclusiones, el Relator se reunió con autoridades del gobierno, representantes de la sociedad civil y visitó los centros carcelarios de Punta de Rieles, COMCAR, Cabildo, Penal de Libertad y la Colonia Berro. En cuanto al proceso de trabajo, Escobar Gil reconoció la buena disposición de todas las autoridades de gobierno uruguayo para realizar su tarea.

Subrayó la existencia de una situación en crisis derivada de la sobrepoblación, básicamente en el COMCAR. Frente a esta situación, el gobierno reinauguró el Penal de Punta de Rieles que permite el traslado de privados de libertad del Complejo Carcelario en calidad de penados, al nuevo establecimiento. También aumentó la inversión en mejoras en la cárcel de Rivera, la construcción de módulos nuevos en COMCAR, en el Penal de Libertad y en la cárcel de Maldonado, y la ampliación del Centro Nacional de Rehabilitación, así lo informó a la Secretaría de Comunicación, Gabriela Fulco, Asesora en materia penitenciaria del Ministerio del Interior.

El Relator destacó el profesionalismo y compromiso de los funcionarios que trabajan en la atención en las cárceles. Hizo referencia también a la infraestructura inadecuada, instalaciones eléctricas y sanitarias en malas condiciones.

Como medidas a futuro, Fulco agregó la construcción de un complejo con 1800 plazas en la modalidad de asociación pública privada prevista para el 2014. Al final del período, Uruguay aspira a solucionar el problema del hacinamiento y a contar con programas de desarrollo, enfatizó.

Cierre del módulo “La latas” del Penal de Libertad y del modulo 3 del COMCAR para implementar la refacción gradual, es otra de las medidas implementadas por el gobierno, aseguró Fulco.

Otro de los problemas detectados, anunció Escobar Gil, es el uso excesivo de la prisión preventiva. En este punto, Fulco destacó que el Ministerio del Interior, en 2010, abrió la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida para garantizar a los jueces el control de las medidas alternativas que ellos dispongan.

La falta de capacitación en trabajo y formación profesional mientras están en prisión es otra de las dificultades encontradas por el Relator de la OEA ya que las plazas laborales que brinda el sistema no son suficientes para aquellos que estén redimiendo penas por trabajo o estudio.

Como sugerencias en el avance del informe, el Relator exhorta a que el Estado debe adoptar políticas integrales que apunten a cambiar la situación, como la implementación de planes y programas, y una adecuada legislación que haga compatible el sistema procesal con las garantías establecidas en los tratados de Derechos Humanos.

En este sentido, Gabriela Fulco, informó que uno de los ejes del Plan de Reforma Penitenciaria es el trabajo, la educación y el deporte como forma de ampliar las posibilidades de redimir penas por trabajo y estudio a los que tienen la condición de penados.

Con apoyo de la Cooperación Internacional, se trabaja en la implementación de una nueva currícula de estudio para la carrera penitenciaria y en un Plan de Formación de urgencia para los nuevos ingresos.

Por su parte, la Directora Adjunta de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Daniela Pí, manifestó que el compromiso con la protección de los derechos de las personas están en el centro de todas las políticas públicas impulsadas por el gobierno.

En este sentido, señalo que en nuestro país existe un importante desarrollo legislativo que incluyó la creación de la figura del Comisionado Parlamentario para el sistema carcelario y la del Instituto Nacional de Derechos Humanos que en breve comenzará a funcionar.

En tanto, la Asesora del Ministerio del Interior, Silvia Izquierdo, recordó que por primera vez en la historia de nuestro país se concertó entre todos los partidos políticos un acuerdo nacional en materia de seguridad.

Desde 2009 hasta la fecha, la inversión en materia carcelaria aumento en más de un 100%, aseguró la asesora y agregó: “En el área penitenciaria la inversión se focalizó en una de las primeras leyes que aprobó esta administración la Ley de Emergencia carcelaria”.

Fuente: Presidencia de la República.
 

Montevideo, 11 de julio de 2011.