Informe contra las Desapariciones Forzadas
El 31 de agosto el Ministro Luis Almagro recibió en cancillería a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Comisionado Parlamentario para presentarles el Informe Inicial de Uruguay al Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.
“Este comité es el más nuevo de las Naciones Unidas y Uruguay será el primer país en presentar un informe como este, lo cual refleja nuestro permenente compromiso con los derechos humanos”, manifestó el ministro Almagro.
El informe detalla las medidas que ha adoptado el Estado uruguayo para cumplir con las obligaciones que ha contraído en virtud de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Uruguay suscribió la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas el 6 de febrero de 2007 y la ratificó mediante ley 18.420, de 8 de diciembre de 2008.
La Convención, de naturaleza fundamentalmente preventiva, alienta medidas para evitar el fenómeno de las desapariciones forzadas y reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, la verdad y la reparación.
Desde su entrada en vigor en diciembre de 2010, la Convención constituye una guía fundamental para trabajar en la no recurrencia del fenómeno de las desapariciones forzadas, especialmente a través la armonización de la legislación interna con los estándares del instrumento internacional.
La elaboración del Informe inicial estuvo coordinada por la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay que llevó a cabo un amplio proceso de consultas con los diferentes organismos del Estado involucrados en esta temática, fundamentalmente con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, el Poder Judicial, el Poder Legislativo (Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados) y la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.
Con la presentación de este informe ante el Comité contra las desapariciones forzadas, Uruguay será el primer y único país en someterse al escrutinio de dicho organismo, mantener un diálogo con sus expertos y recibir recomendaciones.
“La política, el derecho y la ética nos obligan a suscribir a esta Convención. Se trata de crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en el país y en la región y hay que evitar por todos los medios que nunca más vuelvan a suceder”, manifestó el canciller en su intervención.
El Ministro Luis Almagro convocó a los principales representantes de la sociedad civil para compartir el documento e invitar a realizar sus comentarios y aportes y reafirmó el compromiso del Uruguay con la vigencia de los principios y valores democráticos, la defensa del Estado de Derecho y el irrestricto respeto de los derechos humanos.
La convocatoria realizada por la Cancillería fue valorada positivamente por las organizaciones de la sociedad civil.
Fuente:
Ministerio de Relaciones Exteriores
República Oriental del Uruguay
“Este comité es el más nuevo de las Naciones Unidas y Uruguay será el primer país en presentar un informe como este, lo cual refleja nuestro permenente compromiso con los derechos humanos”, manifestó el ministro Almagro.
El informe detalla las medidas que ha adoptado el Estado uruguayo para cumplir con las obligaciones que ha contraído en virtud de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Uruguay suscribió la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas el 6 de febrero de 2007 y la ratificó mediante ley 18.420, de 8 de diciembre de 2008.
La Convención, de naturaleza fundamentalmente preventiva, alienta medidas para evitar el fenómeno de las desapariciones forzadas y reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, la verdad y la reparación.
Desde su entrada en vigor en diciembre de 2010, la Convención constituye una guía fundamental para trabajar en la no recurrencia del fenómeno de las desapariciones forzadas, especialmente a través la armonización de la legislación interna con los estándares del instrumento internacional.
La elaboración del Informe inicial estuvo coordinada por la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay que llevó a cabo un amplio proceso de consultas con los diferentes organismos del Estado involucrados en esta temática, fundamentalmente con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, el Poder Judicial, el Poder Legislativo (Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados) y la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.
Con la presentación de este informe ante el Comité contra las desapariciones forzadas, Uruguay será el primer y único país en someterse al escrutinio de dicho organismo, mantener un diálogo con sus expertos y recibir recomendaciones.
“La política, el derecho y la ética nos obligan a suscribir a esta Convención. Se trata de crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en el país y en la región y hay que evitar por todos los medios que nunca más vuelvan a suceder”, manifestó el canciller en su intervención.
El Ministro Luis Almagro convocó a los principales representantes de la sociedad civil para compartir el documento e invitar a realizar sus comentarios y aportes y reafirmó el compromiso del Uruguay con la vigencia de los principios y valores democráticos, la defensa del Estado de Derecho y el irrestricto respeto de los derechos humanos.
La convocatoria realizada por la Cancillería fue valorada positivamente por las organizaciones de la sociedad civil.
Montevideo, 31 de agosto de 2012
Fuente:
Ministerio de Relaciones Exteriores
República Oriental del Uruguay