Intervención del canciller Almagro en la Asamblea General de la OEA
El martes 3 de junio comenzó en Asunción del Paraguay el 44º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La sesión inaugural se realizó en la sede del Banco Central de Paraguay durante el día de ayer y las sesiones plenarias se desarrollan entre el miércoles 4 y el jueves 5.
La Asamblea General es la máxima instancia política de la Organización de Estados Americanos y sus decisiones representan lineamientos de acción a futuro para los países que componen el organismo.
El tema elegido, Desarrollo con Inclusión Social, es de carácter transversal para toda América Latina y el Caribe.
En su inauguración el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, valoró muy positivamente la elección del eje temático de la Asamblea, señalando que los países participantes, si bien cuentan con importantes recursos naturales, con mayoría de los países gobernados por sistemas democráticos y un proceso importante de formación de profesionales, continúan limitados por la pobreza y la desigualdad.
La delegación de Uruguay está presidida por el ministro Luis Almagro, y participan de la misma el representante de Uruguay ante la OEA, embajador Milton Romani, el embajador de Uruguay en Paraguay, Federico Perazza, la subdirectora general para Asuntos Políticos, Silvia Izquierdo y el representante alterno de Uruguay ante la OEA, Néstor Rosa.
Durante la tarde de hoy, el ministro de Relaciones Exteriores Luis Almagro realizó su primera intervención en la sesión plenaria de la 44º Asamblea, la cual se transcribe a continuación y se ofrece para su descarga.
Fuente:
Comunicación e Información Pública
Ministerio de Relaciones Exteriores
Señores Presidentes, señores Ministros de Relaciones Exteriores y representantes del continente aquí presentes,
Es una gran satisfacción para el Uruguay que el tema de esta sesión sea “Desarrollo con inclusión social”.
Es el horizonte que todos los países latinoamericanos nos hemos marcado como objetivo a alcanzar, y hacia ello estamos trabajando tanto desde las políticas públicas nacionales como desde los procesos de integración que nos unen.
En ese sentido, quiero recordar hoy ante todos ustedes el concepto que hace al corazón de la idea de desarrollo con inclusión social y que debe guiar nuestros pasos en la integración hemisférica: la solidaridad.
En el diccionario de la lengua española la acepción que tiene el vocablo solidaridad es la siguiente:
"Vínculo que une a hombres y pueblos de modo que el bienestar
de los unos determina el de los otros".
Significa, adhesión, responsabilidad conjunta.
Solidaridad es cooperación e integración, pilar fundamental que nos debe hacer estar cada día más cerca de quienes más lo necesitan.
La solidaridad no es un concepto abstracto sino una actitud de vida militante, y constante. Es la idea madre del desarrollo con justicia social.
La OEA debe generar su hoja de ruta desde la solidaridad.
Nuestra Carta Social Interamericana ya reconocía que “Los pueblos de América tienen una legítima aspiración a la justicia social y sus gobiernos, la responsabilidad de promoverla.” Y que “El desarrollo con equidad fortalece y consolida la democracia, en tanto ambos son interdependientes y se refuerzan mutuamente.”
El objetivo, ahora, es evaluar los avances, medir lo que falta y continuar profundizando esa agenda de desarrollo con equidad y justicia social.
Hemos sentado las bases para la construcción de una nueva visión de desarrollo fundamentada en los derechos de las personas.
Una visión de desarrollo nueva, más cerca de la dimensión humana y con una agenda de igualdad, sobre todo en lo que refiere a los derechos de las mujeres.
Hemos asumido que las políticas sociales nacionales deben abordar el desarrollo social de una forma más amplia, especialmente en lo referente a mejorar la condición de la mujer.
Debemos trabajar y fomentar la generación de políticas públicas desde un enfoque de derechos y perspectiva de género, promoviendo un rumbo integral de todos los factores que hacen a estos objetivos.
Aliento a todas las delegaciones hermanas a trabajar decididamente por reconocer los derechos de las y los jóvenes a una educación sexual integral. Por el derecho de las mujeres a la autonomía de sus cuerpos, a la información científica y accesible sobre métodos anticonceptivos así como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Debemos redoblar esfuerzos en reconocer los derechos y el acceso igualitario de todas las personas y favorecer la plena participación de los afro descendientes y pueblos originarios en todos los aspectos de la vida política, económica, social y cultural en nuestro continente.
Deseo destacar muy especialmente, la importancia de estimular con énfasis, las políticas y programas tendientes a erradicar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género a efectos de avanzar en sociedades más justas, inclusivas y tolerantes. Educar en la diversidad es generar los espacios y debates necesarios para que las personas conozcan su entorno y respeten los derechos de todos, sin discriminación de ningún tipo, aspectos esenciales para contribuir a la igual y desarrollo integral de las sociedades.
Debemos seguir trabajando mancomunadamente en asegurar los derechos de las personas con discapacidad, en ese sentido destaco lo dispuesto en el proyecto de Resolución APOYO AL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SU SECRETARÍA TÉCNICA, en el sentido de “implementar lo más amplios esfuerzos para transversalizar la perspectiva de inclusión de las personas con discapacidad, desde un enfoque de derechos, en todas las acciones y decisiones de la organización.”
Asimismo aliento a los Estados aquí presentes a firmar el Tratado de Marrakech, teniendo en cuenta el vencimiento del plazo el próximo 27 de junio, que permita asegurar el acceso al derecho a la cultura de las personas con discapacidad visual.
No quisiera dejar de resaltar la importancia de los instrumentos internacionales de protección de personas apátridas, y al mismo tiempo revisar o aprobar las legislaciones nacionales con miras a la erradicación de la apatridia de nuestro continente.
La comunidad internacional ha enfatizado la necesidad de que los asuntos concernientes al desarrollo de los pueblos dejaran de centrarse exclusivamente en la economía y el comercio, en los números o las cifras estadísticas para elevar al ser humano al centro de todos los trabajos y las políticas públicas.
Es una agenda innovadora, osada y progresista que hoy debemos profundizar.
El gobierno uruguayo ha determinado líneas claras para la construcción de principios y objetivos prioritarios, sobre la base del interés nacional y de los valores de nuestra identidad nacional.
Esos lineamientos permitieron desarrollar una visión estratégica cuyo horizonte es el desarrollo con equidad y justicia social a partir de objetivos claramente delineados:
La eliminación de la indigencia y la reducción de la pobreza
La reforma del Estado
El impulso a la educación
Trabajo y vivienda digna
Esta visión estratégica ha guiado el trabajo del gobierno nacional desde 2005 tanto en la concepción y desarrollo de nuevas políticas públicas como en la creación de una nueva institucionalidad.
A partir de esos objetivos se han gestado políticas sociales transversales y enfocadas en los derechos de las personas, que han permitido crear desde 2005 un Ministerio de Desarrollo Social responsable de la políticas sociales nacionales, un Gabinete Social que establece las estrategias conjuntas en la materia, un Instituto Nacional de las Mujeres como órgano rector de la política de género, una Comisión Nacional de Lucha contra el Sida y un Instituto Nacional del Adulto Mayor.
Asimismo, se han logrado avances en materia legislativa que incluyen, por ejemplo, el Certificado Electrónico de Nacido Vivo, que reconoce a cada recién nacido como sujeto de derecho, la consolidación de un Sistema Nacional Integrado de Salud, la aprobación de una Ley de Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, de una Ley de interrupción voluntaria del embarazo, una Ley que establece el matrimonio igualitario y una Ley que regulariza el consumo, cultivo, distribución y venta de marihuana con un enfoque basado en la salud humana y no en la penalización.
A partir de estos y otros cambios, el país redujo la pobreza sustancialmente, llevándola prácticamente al límite estructural, procurando alcanzar la cifra de un dígito. Se logró eliminar la indigencia llevándola también a su límite estructural. Se batieron records en la cifra de baja del desempleo, se generó más riqueza y más producción, y se optimizó la distribución entre los uruguayos y las uruguayas.
Uruguay es hoy un país que ha generado una política social libertaria como prácticamente ningún otro país en el mundo lo ha hecho.
Por todo esto se ha ganado el respeto de la comunidad internacional desde un lugar de vanguardia en la generación y puesta en práctica de políticas sociales en clave de derechos.
No podemos pensar en sociedades justas si no reconocemos la importancia trascendental de asegurar inequívocamente desde nuestros sistemas judiciales nacionales y desde el sistema interamericano el Derecho a la Verdad de todas y cada una de las personas.
En tal sentido quiero resaltar el primer párrafo del Proyecto de Resolución sobre Derecho a la Verdad “Reconocer la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad que le asiste a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así como a sus familias y a la sociedad en su conjunto, de conocer la verdad sobre tales violaciones de la manera más completa posible, en particular, la identidad de los autores, las causas, los hechos y las circunstancias en que se produjeron, para contribuir a acabar con la impunidad, y promover y proteger los derechos humanos”.
Este Período de Sesiones de la OEA es renovador en su enfoque y debe ser un nuevo eslabón en este proceso sostenido de cambios, tanto para el Uruguay como para la región.
Estamos llamados a continuar fortaleciendo el abordaje integral de las políticas públicas de desarrollo social, con un enfoque inclusivo y de derechos humanos y siempre cuidadosos de no retroceder en los estándares internacionales alcanzados.
Es mi sincero deseo que los resultados de este encuentro se traduzcan en el fortalecimiento de políticas públicas concretas que, más allá de toda retórica, se enfoquen realmente en los hombres, mujeres, niños y adolescentes como sujetos de derecho, como elemento clave para el desarrollo de los pueblos.
En esa empresa se encuentra abocado mi país, poniendo en el centro de sus políticas públicas en materia de población precisamente a todos y cada uno de los habitantes del Uruguay.
Hoy, tenemos el compromiso y la voluntad de profundizar drásticamente todas aquellas medidas y seguir avanzando.
Muchas gracias.
La sesión inaugural se realizó en la sede del Banco Central de Paraguay durante el día de ayer y las sesiones plenarias se desarrollan entre el miércoles 4 y el jueves 5.
La Asamblea General es la máxima instancia política de la Organización de Estados Americanos y sus decisiones representan lineamientos de acción a futuro para los países que componen el organismo.
El tema elegido, Desarrollo con Inclusión Social, es de carácter transversal para toda América Latina y el Caribe.
En su inauguración el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, valoró muy positivamente la elección del eje temático de la Asamblea, señalando que los países participantes, si bien cuentan con importantes recursos naturales, con mayoría de los países gobernados por sistemas democráticos y un proceso importante de formación de profesionales, continúan limitados por la pobreza y la desigualdad.
La delegación de Uruguay está presidida por el ministro Luis Almagro, y participan de la misma el representante de Uruguay ante la OEA, embajador Milton Romani, el embajador de Uruguay en Paraguay, Federico Perazza, la subdirectora general para Asuntos Políticos, Silvia Izquierdo y el representante alterno de Uruguay ante la OEA, Néstor Rosa.
Durante la tarde de hoy, el ministro de Relaciones Exteriores Luis Almagro realizó su primera intervención en la sesión plenaria de la 44º Asamblea, la cual se transcribe a continuación y se ofrece para su descarga.
Montevideo, 4 de junio de 2014
Fuente:
Comunicación e Información Pública
Ministerio de Relaciones Exteriores
Discurso del ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay
en el 44º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA
Asunción, 4 de junio de 2014
Asunción, 4 de junio de 2014
Señores Presidentes, señores Ministros de Relaciones Exteriores y representantes del continente aquí presentes,
Es una gran satisfacción para el Uruguay que el tema de esta sesión sea “Desarrollo con inclusión social”.
Es el horizonte que todos los países latinoamericanos nos hemos marcado como objetivo a alcanzar, y hacia ello estamos trabajando tanto desde las políticas públicas nacionales como desde los procesos de integración que nos unen.
En ese sentido, quiero recordar hoy ante todos ustedes el concepto que hace al corazón de la idea de desarrollo con inclusión social y que debe guiar nuestros pasos en la integración hemisférica: la solidaridad.
En el diccionario de la lengua española la acepción que tiene el vocablo solidaridad es la siguiente:
"Vínculo que une a hombres y pueblos de modo que el bienestar
de los unos determina el de los otros".
Significa, adhesión, responsabilidad conjunta.
Solidaridad es cooperación e integración, pilar fundamental que nos debe hacer estar cada día más cerca de quienes más lo necesitan.
La solidaridad no es un concepto abstracto sino una actitud de vida militante, y constante. Es la idea madre del desarrollo con justicia social.
La OEA debe generar su hoja de ruta desde la solidaridad.
Nuestra Carta Social Interamericana ya reconocía que “Los pueblos de América tienen una legítima aspiración a la justicia social y sus gobiernos, la responsabilidad de promoverla.” Y que “El desarrollo con equidad fortalece y consolida la democracia, en tanto ambos son interdependientes y se refuerzan mutuamente.”
El objetivo, ahora, es evaluar los avances, medir lo que falta y continuar profundizando esa agenda de desarrollo con equidad y justicia social.
Hemos sentado las bases para la construcción de una nueva visión de desarrollo fundamentada en los derechos de las personas.
Una visión de desarrollo nueva, más cerca de la dimensión humana y con una agenda de igualdad, sobre todo en lo que refiere a los derechos de las mujeres.
Hemos asumido que las políticas sociales nacionales deben abordar el desarrollo social de una forma más amplia, especialmente en lo referente a mejorar la condición de la mujer.
Debemos trabajar y fomentar la generación de políticas públicas desde un enfoque de derechos y perspectiva de género, promoviendo un rumbo integral de todos los factores que hacen a estos objetivos.
Aliento a todas las delegaciones hermanas a trabajar decididamente por reconocer los derechos de las y los jóvenes a una educación sexual integral. Por el derecho de las mujeres a la autonomía de sus cuerpos, a la información científica y accesible sobre métodos anticonceptivos así como el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Debemos redoblar esfuerzos en reconocer los derechos y el acceso igualitario de todas las personas y favorecer la plena participación de los afro descendientes y pueblos originarios en todos los aspectos de la vida política, económica, social y cultural en nuestro continente.
Deseo destacar muy especialmente, la importancia de estimular con énfasis, las políticas y programas tendientes a erradicar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género a efectos de avanzar en sociedades más justas, inclusivas y tolerantes. Educar en la diversidad es generar los espacios y debates necesarios para que las personas conozcan su entorno y respeten los derechos de todos, sin discriminación de ningún tipo, aspectos esenciales para contribuir a la igual y desarrollo integral de las sociedades.
Debemos seguir trabajando mancomunadamente en asegurar los derechos de las personas con discapacidad, en ese sentido destaco lo dispuesto en el proyecto de Resolución APOYO AL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SU SECRETARÍA TÉCNICA, en el sentido de “implementar lo más amplios esfuerzos para transversalizar la perspectiva de inclusión de las personas con discapacidad, desde un enfoque de derechos, en todas las acciones y decisiones de la organización.”
Asimismo aliento a los Estados aquí presentes a firmar el Tratado de Marrakech, teniendo en cuenta el vencimiento del plazo el próximo 27 de junio, que permita asegurar el acceso al derecho a la cultura de las personas con discapacidad visual.
No quisiera dejar de resaltar la importancia de los instrumentos internacionales de protección de personas apátridas, y al mismo tiempo revisar o aprobar las legislaciones nacionales con miras a la erradicación de la apatridia de nuestro continente.
***
La comunidad internacional ha enfatizado la necesidad de que los asuntos concernientes al desarrollo de los pueblos dejaran de centrarse exclusivamente en la economía y el comercio, en los números o las cifras estadísticas para elevar al ser humano al centro de todos los trabajos y las políticas públicas.
Es una agenda innovadora, osada y progresista que hoy debemos profundizar.
El gobierno uruguayo ha determinado líneas claras para la construcción de principios y objetivos prioritarios, sobre la base del interés nacional y de los valores de nuestra identidad nacional.
Esos lineamientos permitieron desarrollar una visión estratégica cuyo horizonte es el desarrollo con equidad y justicia social a partir de objetivos claramente delineados:
La eliminación de la indigencia y la reducción de la pobreza
La reforma del Estado
El impulso a la educación
Trabajo y vivienda digna
Esta visión estratégica ha guiado el trabajo del gobierno nacional desde 2005 tanto en la concepción y desarrollo de nuevas políticas públicas como en la creación de una nueva institucionalidad.
A partir de esos objetivos se han gestado políticas sociales transversales y enfocadas en los derechos de las personas, que han permitido crear desde 2005 un Ministerio de Desarrollo Social responsable de la políticas sociales nacionales, un Gabinete Social que establece las estrategias conjuntas en la materia, un Instituto Nacional de las Mujeres como órgano rector de la política de género, una Comisión Nacional de Lucha contra el Sida y un Instituto Nacional del Adulto Mayor.
Asimismo, se han logrado avances en materia legislativa que incluyen, por ejemplo, el Certificado Electrónico de Nacido Vivo, que reconoce a cada recién nacido como sujeto de derecho, la consolidación de un Sistema Nacional Integrado de Salud, la aprobación de una Ley de Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, de una Ley de interrupción voluntaria del embarazo, una Ley que establece el matrimonio igualitario y una Ley que regulariza el consumo, cultivo, distribución y venta de marihuana con un enfoque basado en la salud humana y no en la penalización.
A partir de estos y otros cambios, el país redujo la pobreza sustancialmente, llevándola prácticamente al límite estructural, procurando alcanzar la cifra de un dígito. Se logró eliminar la indigencia llevándola también a su límite estructural. Se batieron records en la cifra de baja del desempleo, se generó más riqueza y más producción, y se optimizó la distribución entre los uruguayos y las uruguayas.
Uruguay es hoy un país que ha generado una política social libertaria como prácticamente ningún otro país en el mundo lo ha hecho.
Por todo esto se ha ganado el respeto de la comunidad internacional desde un lugar de vanguardia en la generación y puesta en práctica de políticas sociales en clave de derechos.
No podemos pensar en sociedades justas si no reconocemos la importancia trascendental de asegurar inequívocamente desde nuestros sistemas judiciales nacionales y desde el sistema interamericano el Derecho a la Verdad de todas y cada una de las personas.
En tal sentido quiero resaltar el primer párrafo del Proyecto de Resolución sobre Derecho a la Verdad “Reconocer la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad que le asiste a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así como a sus familias y a la sociedad en su conjunto, de conocer la verdad sobre tales violaciones de la manera más completa posible, en particular, la identidad de los autores, las causas, los hechos y las circunstancias en que se produjeron, para contribuir a acabar con la impunidad, y promover y proteger los derechos humanos”.
Este Período de Sesiones de la OEA es renovador en su enfoque y debe ser un nuevo eslabón en este proceso sostenido de cambios, tanto para el Uruguay como para la región.
Estamos llamados a continuar fortaleciendo el abordaje integral de las políticas públicas de desarrollo social, con un enfoque inclusivo y de derechos humanos y siempre cuidadosos de no retroceder en los estándares internacionales alcanzados.
Es mi sincero deseo que los resultados de este encuentro se traduzcan en el fortalecimiento de políticas públicas concretas que, más allá de toda retórica, se enfoquen realmente en los hombres, mujeres, niños y adolescentes como sujetos de derecho, como elemento clave para el desarrollo de los pueblos.
En esa empresa se encuentra abocado mi país, poniendo en el centro de sus políticas públicas en materia de población precisamente a todos y cada uno de los habitantes del Uruguay.
Hoy, tenemos el compromiso y la voluntad de profundizar drásticamente todas aquellas medidas y seguir avanzando.
Muchas gracias.
Asunción, 4 de junio de 2014