Ministerio de Relaciones Exteriores

 

Señores Co-Presidentes; antes que nada quisiera agradecer a ambas co-presidencias por el gran trabajo realizado y por la convocatoria de esta reunión, la cual esperamos refleje resultados concretos para nuestras dos regiones.
 
 
Señores Ministros,
 
Los países que integramos la CELAC y los países que integran la Unión Europea, pertenecemos a ese concepto que se ha llamado por los historiadores Occidente, o la civilización occidental.
 
Contamos con una historia en común y compartimos valores y principios propios de nuestra civilización.  Alcanzar la democracia, la paz y la estabilidad en occidente ha tomado miles de años y todavía existen desafíos importantes  para mantenerla.
 
La apertura comercial y la interdependencia de nuestras economías han contribuido a la paz entre las naciones.
 
Aquí en Europa, el comercio entre sus países ha permitido elevar los niveles de vida de la población a través del incremento de la productividad, el aumento de la competencia, la ampliación de las posibilidades de elección para los consumidores y en última instancia más puestos de trabajo.
 
Por nuestra parte, en América Latina y el Caribe, hemos desarrollado diversos procesos de integración comercial tales como el MERCOSUR, la Alianza del Pacífico, Comunidad Andina, SICA, CARICOM entre otros.
 
Sin embargo, el libre comercio no debe ceñirse a un área geográfica, porque desde Uruguay creemos que los beneficios del libre comercio deberían extenderse a todas las naciones del mundo y entre todas las regiones del mundo.
 
Es por ello que cuando defendemos el libre comercio - y por libre comercio nos referimos a un comercio con reglas claras, previsibles y transparentes -  esperamos que la comunidad internacional nos acompañe en esta visión también, no solo de manera retórica sino con hechos concretos, mostrando buena voluntad para alcanzar ese objetivo.
 
En este momento, no puedo dejar de transmitir nuestra preocupación por las negociaciones entre el MERCOSUR y la Unión Europea, donde después de veinte años seguimos en un estado de indefinición que no nos permite visualizar un cierre del acuerdo en el corto plazo.  En estos días tendremos una reunión casi definitoria entre ambos bloques y si no hay voluntad política para un cierre equilibrado y justo, esto se diluye inexorablemente, quién sabe hasta cuándo.
 
Por lo tanto, ha llegado la hora de que la voluntad política que se ha expresado por los más altos niveles políticos de ambas partes, se traduzca en avances concretos en la mesa de negociaciones.
 
¿Por qué abogamos por la intensificación del comercio internacional?
 
La evidencia empírica demuestra que, a pesar de los cuestionamientos las iniciativas de política comercial bien planificadas y estratégicamente ejecutadas pueden influir positivamente en la reducción de la pobreza.
 
Alcanzar el desarrollo sostenible, entre otras cosas implica fortalecer el comercio regional y los acuerdos de cooperación, entre los países desarrollados, los países en desarrollo y los países con economías en transición, contando con el apoyo de las instituciones financieras internacionales y los bancos regionales de desarrollo.
 
Por eso, esta guerra comercial iniciada recientemente por el gobierno de Estados Unidos nos parece un delirio que de continuar, ocasionará una gran inestabilidad al comercio mundial que tendrá gravísimas consecuencias sobre el empleo y la inversión. 
 
Y en todo proceso de desarrollo, la inversión se vuelve un factor clave porque al permear en el entramado económico y social local, indudablemente genera un efecto multiplicador de incremento de la productividad y la eficiencia de las empresas nacionales, que en su gran mayoría son pequeñas y medianas, con el agregado social que ello supone en materia de empleo, salario y otros derrames sociales positivos.
 
Para Uruguay es importante señalar además que el desarrollo debe ser alcanzado en el marco de una creciente inclusión social, desde una perspectiva de abordaje integral de la realidad. 
 
De hecho, de acuerdo a un reciente estudio del Banco Mundial, Uruguay figura como el octavo país del mundo en el ranking de crecimiento con inclusión social. Y esto ha sido posible, porque con el impulso del Gobierno, la sociedad toda ha sido capaz de articular las políticas socio-económicas y de derechos humanos que favorecen a los sectores más vulnerables.
 
En este esquema, la educación juega un rol clave, ya que puede convertirse en una herramienta de inclusión y de reducción de desigualdad.  La educación de calidad contribuye a aquellos fines porque disminuye la pobreza  y aumenta las posibilidades de encontrar un trabajo con mejores condiciones laborales.
 
También ayuda a cerrar las brechas salariales debidas a diferencias de género, la condición socioeconómica y otras causas de discriminación.
 
Una sociedad más y mejor instruida es esencial para el crecimiento económico inclusivo, que le permita a nuestros pueblos un mejor porvenir. Una de las tareas fundamentales que tenemos los gobiernos, es brindarle a nuestros hijos y nietos mejores condiciones de vida que la que nosotros vivimos. Y la educación, es una herramienta esencial para alcanzar este objetivo.
 
En relación a esa visión integral del desarrollo, Uruguay promueve y defiende el concepto de “Desarrollo en Transición”.
 
Este concepto permite a los países recientemente “graduados” como de “renta media-alta” seguir siendo receptores de ayuda oficial al desarrollo, a través de asistencia técnica, intercambio de buenas prácticas o transferencia de conocimientos.
 
Extrañamente, uno debería pensar que la graduación tiene una connotación positiva, debería ser motivo de celebración. Lamentablemente, en este caso, para aquellos países que hemos aumentado nuestro PBI per capita, lejos de valorarse el esfuerzo-país realizado, constatamos un declive de la colaboración de la comunidad internacional para asentar las bases de un crecimiento sostenible y duradero.
 
 
Señores Ministros,
 
La liberalización comercial, justa – que no significa recibir limosna – y con reglas claras, si bien es importante, no es un fin en sí mismo, sino que debe integrar una estrategia de desarrollo basada precisamente en el concepto de desarrollo humano sostenible.
 
Dejando de lado una visión de desarrollo motivada únicamente por el afán económico o mercantilista, los países estamos moral y jurídicamente obligados a adoptar una estrategia económica, comercial y de inversiones que esté motivada por el objetivo de lograr un desarrollo sostenible centrado en las personas.  Y si no es asi, será en vano.
 

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