Medioambiente: acceso a la información pública y participación ciudadana
Este martes 29 de julio en Cancillería tuvo lugar el seminario "El Principio 10 de la Declaración de Río+20 y el Proceso Regional" con el objetivo de generar estrategias para el acceso a la información, la participación pública y la justicia sobre medioambiente.
La actividad se llevó a cabo en el marco del Plan de Acción de este proceso regional - que tiene la particularidad de incluir a representantes de los Estados y de la sociedad civil de manera integrada – ,y tuvo como objetivo promover la difusión y promoción de este principio a nivel de la sociedad y los entes públicos.
Participaron del panel de apertura, el director general para Asuntos Políticos de la Cancillería, embajador Ricardo González Arenas y el director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks. También estuvieron presentes representantes del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, del CAinfo (Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública), la asociación GAIA de derecho ambiental y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) quienes, junto a la Cancillería, organizaron el seminario.
El Principio 10 de la Declaración de Río trata sobre el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en materia medioambiental en los países de América Latina y el Caribe.
El mismo fue adoptado por los jefes y jefas de Estado y de gobierno en la Cumbre de Río de 1992 con el objetivo de fortalecer el acceso a la información, la participación pública y la justicia en materia ambiental. En aquella ocasión, 178 los gobiernos acordaron que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda".
De la misma manera, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) realizada en 2012, los gobiernos y los grupos interesados señalaron la necesidad de adoptar medidas globales, regionales y nacionales para mejorar la implementación del Principio 10 del año 1992.
Durante su exposición, el embajador Ricardo González recalcó el firme compromiso demostrado por esta gestión para valorizar y jerarquizar los temas medioambientales en la agenda de política exterior del Uruguay, así como las acciones concretas realizadas a fin de fortalecer el vínculo y la relación de la Cancillería con la sociedad civil.
El director general de Asuntos Políticos hizo referencia al decreto 25/014 del 7 de febrero de 2014, a partir del cual se crea el Sistema de Diálogo y Consulta (SDC) entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la sociedad civil, presentado recientemente.
“Este decreto se fundamenta en que la participación y la acción colectiva entre las autoridades del Estado y la sociedad civil, tanto en temas tradicionales como también los que componen la nueva agenda internacional, contribuyen de manera creciente a generar soluciones integrales y concertadas, siendo el objetivo del mismo construir ámbitos de participación para el intercambio de información, opinión y diálogo”, destacó.
Por otra parte, para ejemplificar el lugar privilegiado que los temas medioambientales han tenido y tienen en la agenda de la gestión, el director Ricardo González recordó la activa participación en el proceso que condujo a la adopción de la Declaración de Rio+20, la conducción del proceso de negociación del Convenio de Minamata sobre Mercurio, la confirmación de Uruguay como sede de la próxima Conferencia de las Partes de la Convención sobre Humedales (RAMSAR) en junio de 2015, la reciente ratificación del Protocolo de Nagoya que pone en vigor la Convención de Biodiversidad y la intensa coordinación interinstitucional en relación al Cambio Climático.
Este fortalecimiento de la agenda medioambiental en la política exterior del país ha sido posible también gracias a la excelente calidad de la coordinación institucional entre los organismos competentes del Estado uruguayo, en especial entre la DINAMA y la Cancillería.
Según el Principio 10, en el plano nacional, la ciudadanía deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente, disponible esta por parte de las autoridades públicas e incluida la información sobre los materiales y actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Según este Principio, también se deberá proporcionar acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, como el resarcimiento de daños, si los hubiera, y los recursos pertinentes.
“Coincidimos en que la eficaz implementación del principio 10 es un objetivo que en definitiva fortalece la democracia en nuestros países y la toma de decisiones en materia ambiental”, finalizó el embajador Ricardo González.
Por su parte, el director nacional de Medioambiente, Jorge Rucks, explicó que el seminario tiene por objetivo poner en práctica una estrategia de trabajo para que la información sobre medioambiente sea accesible para las y los ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Uruguay.
También destacó la importancia de que el seminario se desarrolle en Uruguay, ya que nuestro país avanzó respecto al acceso a información, a documentos de la justicia y participación social en temas ambientales.
Los trabajos se dividieron en dos sesiones. En el primer bloque se dio cuenta del proceso a nivel regional y sus características según la perspectiva de los diferentes actores involucrados, participando representantes de la Cancillería, de CEPAL, de la ONG Gaia y de la Embajada de Chile en Uruguay (en representación de dicho país que integra la Mesa Directiva del Proceso) y de la DINAMA.
En la segunda parte del evento se informó sobre la situación a nivel nacional y los avances en esta materia, contándose con la participación del señor Gabriel Delpiazzo, presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública, el señor Edison Lanza de CAinfo y el señor Jorge Rucks, quien cerró el evento con una detallada descripción de los mecanismos de acceso previstos a nivel del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Fuente:
Comunicación e Información Pública
Ministerio de Relaciones Exteriores
La actividad se llevó a cabo en el marco del Plan de Acción de este proceso regional - que tiene la particularidad de incluir a representantes de los Estados y de la sociedad civil de manera integrada – ,y tuvo como objetivo promover la difusión y promoción de este principio a nivel de la sociedad y los entes públicos.
Participaron del panel de apertura, el director general para Asuntos Políticos de la Cancillería, embajador Ricardo González Arenas y el director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks. También estuvieron presentes representantes del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, del CAinfo (Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública), la asociación GAIA de derecho ambiental y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) quienes, junto a la Cancillería, organizaron el seminario.
El Principio 10 de la Declaración de Río trata sobre el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en materia medioambiental en los países de América Latina y el Caribe.
El mismo fue adoptado por los jefes y jefas de Estado y de gobierno en la Cumbre de Río de 1992 con el objetivo de fortalecer el acceso a la información, la participación pública y la justicia en materia ambiental. En aquella ocasión, 178 los gobiernos acordaron que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda".
De la misma manera, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) realizada en 2012, los gobiernos y los grupos interesados señalaron la necesidad de adoptar medidas globales, regionales y nacionales para mejorar la implementación del Principio 10 del año 1992.
Durante su exposición, el embajador Ricardo González recalcó el firme compromiso demostrado por esta gestión para valorizar y jerarquizar los temas medioambientales en la agenda de política exterior del Uruguay, así como las acciones concretas realizadas a fin de fortalecer el vínculo y la relación de la Cancillería con la sociedad civil.
El director general de Asuntos Políticos hizo referencia al decreto 25/014 del 7 de febrero de 2014, a partir del cual se crea el Sistema de Diálogo y Consulta (SDC) entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la sociedad civil, presentado recientemente.
“Este decreto se fundamenta en que la participación y la acción colectiva entre las autoridades del Estado y la sociedad civil, tanto en temas tradicionales como también los que componen la nueva agenda internacional, contribuyen de manera creciente a generar soluciones integrales y concertadas, siendo el objetivo del mismo construir ámbitos de participación para el intercambio de información, opinión y diálogo”, destacó.
Por otra parte, para ejemplificar el lugar privilegiado que los temas medioambientales han tenido y tienen en la agenda de la gestión, el director Ricardo González recordó la activa participación en el proceso que condujo a la adopción de la Declaración de Rio+20, la conducción del proceso de negociación del Convenio de Minamata sobre Mercurio, la confirmación de Uruguay como sede de la próxima Conferencia de las Partes de la Convención sobre Humedales (RAMSAR) en junio de 2015, la reciente ratificación del Protocolo de Nagoya que pone en vigor la Convención de Biodiversidad y la intensa coordinación interinstitucional en relación al Cambio Climático.
Este fortalecimiento de la agenda medioambiental en la política exterior del país ha sido posible también gracias a la excelente calidad de la coordinación institucional entre los organismos competentes del Estado uruguayo, en especial entre la DINAMA y la Cancillería.
Según el Principio 10, en el plano nacional, la ciudadanía deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente, disponible esta por parte de las autoridades públicas e incluida la información sobre los materiales y actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Según este Principio, también se deberá proporcionar acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, como el resarcimiento de daños, si los hubiera, y los recursos pertinentes.
“Coincidimos en que la eficaz implementación del principio 10 es un objetivo que en definitiva fortalece la democracia en nuestros países y la toma de decisiones en materia ambiental”, finalizó el embajador Ricardo González.
Por su parte, el director nacional de Medioambiente, Jorge Rucks, explicó que el seminario tiene por objetivo poner en práctica una estrategia de trabajo para que la información sobre medioambiente sea accesible para las y los ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Uruguay.
También destacó la importancia de que el seminario se desarrolle en Uruguay, ya que nuestro país avanzó respecto al acceso a información, a documentos de la justicia y participación social en temas ambientales.
Los trabajos se dividieron en dos sesiones. En el primer bloque se dio cuenta del proceso a nivel regional y sus características según la perspectiva de los diferentes actores involucrados, participando representantes de la Cancillería, de CEPAL, de la ONG Gaia y de la Embajada de Chile en Uruguay (en representación de dicho país que integra la Mesa Directiva del Proceso) y de la DINAMA.
En la segunda parte del evento se informó sobre la situación a nivel nacional y los avances en esta materia, contándose con la participación del señor Gabriel Delpiazzo, presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública, el señor Edison Lanza de CAinfo y el señor Jorge Rucks, quien cerró el evento con una detallada descripción de los mecanismos de acceso previstos a nivel del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Montevideo, 30 de julio de 2014
Fuente:
Comunicación e Información Pública
Ministerio de Relaciones Exteriores