Paraguay: preocupación y rechazo de organismos internacionales
A las manifestaciones de repudio expresadas por la Unasur y el Mercosur ante los sucesos y el procedimiento que llevó a la destitución del presidente Fernando Lugo democráticamente electo en Paraguay, se sumó el rechazo de la OEA y la CIDH.
La OEA
La organización de Estados Americanos (OEA) sostuvo ayer una Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente con el objeto de analizar las implicaciones del juicio político contra el presidente de Paraguay.
El secretario general, José Miguel Insulza, manifestó que la destitución de Lugo causó “gran impacto en los gobiernos de la región, los que abruptamente fueron testigos de un juicio sumario que, aunque apegado a la ley paraguaya en lo formal, no parece cumplir con todos los preceptos legales del derecho a la legítima defensa”.
Insulza señaló que reconociendo que el artículo 225 de la Constitución del Paraguay confiere facultades a la Cámara de Diputados para iniciar un juicio político y al Senado para actuar como tribunal, "la comunidad internacional ha planteado dudas fundadas sobre el cumplimiento de las normas contenidas en los artículos 17 y 18 de la Constitución del Paraguay y en los tratados internacionales suscritos por ese país, que consagran los principios universales del debido proceso y del legítimo derecho de todo procesado a defenderse usando todos los recursos procesales, contando para ello con plazos suficientes entre el inicio del juicio y su conclusión".
En su análisis, el representante de la organización sostuvo que lo que conmocionó a la comunidad internacional "ha sido la percepción generalizada sobre el irrespeto al debido proceso y al derecho de legítima defensa de Fernando Lugo".
Agregó que esta circunstancia pudo ser apreciada in situ, por "la mayoría de los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de UNASUR, y un representante especial del Secretario General de la OEA, que viajaron hasta Asunción con el propósito de obtener, precisamente, que se respetaran esas normas".
En una reunión que fue de gran intensidad y debate, el secretario Insulza dijo que la región se ve afectada por una situación de crisis que, sin embargo, no es inédita: "Ya son varias las ocasiones en que en algunos países, con apego a la letra escrita de la ley, se violan principios democráticos que deben tener vigencia universal", afirmó.
Dijo además que "lo que nos afecta no es solamente el irrespeto de la ley, sino el hecho de que a la norma escrita se le busca una interpretación propicia para alterarla en los hechos".
"La letra de la ley jamás puede amparar la violación de los principios", manifestó el máximo representante de la OEA, reiterando así su preocupación por los sucesos vividos en Paraguay hace pocos días.
"Nadie quisiera que esto se transforme en una tendencia que empañe este período democrático de nuestra región, al que ha sido tan difícil llegar", dijo.
Durante el fin de semana, Insulza ha sostenido conversaciones con cancilleres y embajadores de la OEA y en esta semana viajará a Paraguay y otros países de la región “para recabar información sobre los recientes acontecimientos en el país sudamericano, de los que informará al Consejo Permanente de la institución hemisférica", informó el organismo, culminada la sesión del Consejo.
La CIDH
Por su parte, desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también manifestó su “profunda preocupación ante la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, a través de un juicio político que por su rapidez, plantea profundos cuestionamientos sobre la integridad del mismo”. El organismo se expidió a través de un comunicado de prensa emitido el pasado 23 de junio.
El parte oficial continúa diciendo que “La Cámara de Diputados de Paraguay resolvió el 21 de junio de 2012 iniciar un juicio político contra el presidente Lugo, y al día siguiente la Cámara de Senadores votó la destitución con 39 votos a favor, cuatro en contra y dos ausencias. La resolución sobre el procedimiento a seguir, aprobada por el Senado de Paraguay el 21 de junio, estableció que el Presidente Lugo debía presentar su defensa al día siguiente y por espacio de dos horas. Según informaciones de prensa, fue rechazada una solicitud de más tiempo para preparar la defensa presentada ante el Senado por los representantes del presidente Lugo”.
El comunicado finaliza rechazando el juicio político al presidente Fernando Lugo de manera contundente: “La Comisión Interamericana considera inaceptable lo expedito del juicio político contra el presidente constitucional y democráticamente electo. Considerando que se trata de un proceso para la remoción de un Jefe de Estado, es altamente cuestionable que éste pueda hacerse respetando el debido proceso para la realización de un juicio imparcial en tan sólo 24 horas. La Comisión considera que el procedimiento seguido afecta la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay”.
Fuente:
Comunicación e Información Pública
Ministerio de Relaciones Exteriores
La OEA
La organización de Estados Americanos (OEA) sostuvo ayer una Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente con el objeto de analizar las implicaciones del juicio político contra el presidente de Paraguay.
El secretario general, José Miguel Insulza, manifestó que la destitución de Lugo causó “gran impacto en los gobiernos de la región, los que abruptamente fueron testigos de un juicio sumario que, aunque apegado a la ley paraguaya en lo formal, no parece cumplir con todos los preceptos legales del derecho a la legítima defensa”.
Insulza señaló que reconociendo que el artículo 225 de la Constitución del Paraguay confiere facultades a la Cámara de Diputados para iniciar un juicio político y al Senado para actuar como tribunal, "la comunidad internacional ha planteado dudas fundadas sobre el cumplimiento de las normas contenidas en los artículos 17 y 18 de la Constitución del Paraguay y en los tratados internacionales suscritos por ese país, que consagran los principios universales del debido proceso y del legítimo derecho de todo procesado a defenderse usando todos los recursos procesales, contando para ello con plazos suficientes entre el inicio del juicio y su conclusión".
En su análisis, el representante de la organización sostuvo que lo que conmocionó a la comunidad internacional "ha sido la percepción generalizada sobre el irrespeto al debido proceso y al derecho de legítima defensa de Fernando Lugo".
Agregó que esta circunstancia pudo ser apreciada in situ, por "la mayoría de los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de UNASUR, y un representante especial del Secretario General de la OEA, que viajaron hasta Asunción con el propósito de obtener, precisamente, que se respetaran esas normas".
En una reunión que fue de gran intensidad y debate, el secretario Insulza dijo que la región se ve afectada por una situación de crisis que, sin embargo, no es inédita: "Ya son varias las ocasiones en que en algunos países, con apego a la letra escrita de la ley, se violan principios democráticos que deben tener vigencia universal", afirmó.
Dijo además que "lo que nos afecta no es solamente el irrespeto de la ley, sino el hecho de que a la norma escrita se le busca una interpretación propicia para alterarla en los hechos".
"La letra de la ley jamás puede amparar la violación de los principios", manifestó el máximo representante de la OEA, reiterando así su preocupación por los sucesos vividos en Paraguay hace pocos días.
"Nadie quisiera que esto se transforme en una tendencia que empañe este período democrático de nuestra región, al que ha sido tan difícil llegar", dijo.
Durante el fin de semana, Insulza ha sostenido conversaciones con cancilleres y embajadores de la OEA y en esta semana viajará a Paraguay y otros países de la región “para recabar información sobre los recientes acontecimientos en el país sudamericano, de los que informará al Consejo Permanente de la institución hemisférica", informó el organismo, culminada la sesión del Consejo.
La CIDH
Por su parte, desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también manifestó su “profunda preocupación ante la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, a través de un juicio político que por su rapidez, plantea profundos cuestionamientos sobre la integridad del mismo”. El organismo se expidió a través de un comunicado de prensa emitido el pasado 23 de junio.
El parte oficial continúa diciendo que “La Cámara de Diputados de Paraguay resolvió el 21 de junio de 2012 iniciar un juicio político contra el presidente Lugo, y al día siguiente la Cámara de Senadores votó la destitución con 39 votos a favor, cuatro en contra y dos ausencias. La resolución sobre el procedimiento a seguir, aprobada por el Senado de Paraguay el 21 de junio, estableció que el Presidente Lugo debía presentar su defensa al día siguiente y por espacio de dos horas. Según informaciones de prensa, fue rechazada una solicitud de más tiempo para preparar la defensa presentada ante el Senado por los representantes del presidente Lugo”.
El comunicado finaliza rechazando el juicio político al presidente Fernando Lugo de manera contundente: “La Comisión Interamericana considera inaceptable lo expedito del juicio político contra el presidente constitucional y democráticamente electo. Considerando que se trata de un proceso para la remoción de un Jefe de Estado, es altamente cuestionable que éste pueda hacerse respetando el debido proceso para la realización de un juicio imparcial en tan sólo 24 horas. La Comisión considera que el procedimiento seguido afecta la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay”.
Montevideo, 27 de junio de 2012
Fuente:
Comunicación e Información Pública
Ministerio de Relaciones Exteriores