Presentación de Uruguay ante el Comité contra la tortura de la ONU
El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura fue establecido por el artículo 17 de la Convención Internacional Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las NNUU en el año 1984 y aprobada por Uruguay a través de la Ley 15.798 de diciembre de 1985.
El pasado martes y miércoles se llevó a cabo en la ciudad de Ginebra la presentación del Uruguay ante dicho organismo.
De acuerdo a la Convención Internacional, es una obligación de los Estados presentar al Comité los informes relativos a las medidas adoptadas para dar efectividad a los compromisos contraídos en virtud de dicho Tratado.
La delegación uruguaya estuvo presidida por el Director General de Asuntos Políticos de la Cancillería, embajador Ricardo González Arenas, e integrada por la Representante Permanente del Uruguay en Ginebra, embajadora Laura Dupuy, el Secretario de Derechos Humanos, Presidencia de la República, Javier Miranda, la Directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Cancillería, Alejandra Costa, la Asesora del Ministerio del Interior, Psicóloga Gabriela Fulco y la Asesora Letrada del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), Mónica Rodríguez.
Asimismo, estuvieron presentes dos instituciones nacionales independientes vinculadas al tema de la prevención de la tortura: el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), representado por su responsable, la Dra. Mirtha Guianze, y el Comisario Parlamentario para el Sistema Penitenciario, el Dr. Alvaro Garcé.
En su intervención inicial, el presidente de la delegación uruguaya destacó los avances legislativos e institucionales ocurridos en Uruguay en los temas bajo las competencias del Comité, indicando que Uruguay ha fortalecido notablemente su compromiso con el sistema multilateral de protección de los derechos humanos.
Ricardo González señaló que entre las prioridades del gobierno, además de la lucha contra la pobreza y la indigencia y la lucha por la igualdad y contra todo tipo de discriminaciones, también se encuentra la “lucha contra la violencia en cualquiera de sus formas, llámese ésta violencia doméstica, violencia institucional, violencia en el trabajo o simple violencia cotidiana, incluyéndose allí, con sus particularidades, la tortura, los malos tratos o degradantes en cualquier ámbito estatal”.
Expresó que una de sus facetas más ilustrativas es la reforma del sistema carcelario y el combate del hacinamiento en los centros penitenciarios, de conformidad con las recomendaciones formuladas por los Relatores de las Naciones Unidas contra la Tortura que visitaron en dos oportunidades nuestro país. Recordó además que en el reciente Examen Periódico Universal de Uruguay (EPU), realizado el pasado 29 de enero, la delegación de nuestro país anunció que en el primer semestre de este año se habrá eliminado el hacinamiento en las cárceles uruguayas.
Subrayó también la puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura a través de la INDH, “que comenzó a desarrollar este rol a partir del año 2013 concentrando su atención sobre las condiciones de internamiento de los menores de edad alojados en los centros pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA)” en forma complementaria con el monitoreo de los centros de detención que albergan personas adultas, que es una función que viene desempeñando el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciarios desde su creación”.
Entre otros avances, se subrayó la creación del SIRPA, como sistema especializado dentro del INAU, que pone en marcha “un mecanismo destinado a atender la situación de los menores en conflicto con la ley basado en un enfoque socio-educativo y destinado a su inclusión social, gestionando un conjunto de establecimientos de internamiento completamente separado al sistema penal de adultos y actuando en base a un conjunto de normas específicas”.
Se reseñaron también los avances realizados con respecto a otras áreas donde el Comité contra la Tortura había manifestado su interés, como ser las numerosas medidas adoptadas para luchar contra el flagelo de la violencia doméstica, la prevención y la sanción de estas conductas delictivas y también las destinas a atender y reparar a sus víctimas, como también las acciones en materia de Trata de Personas.
Finalmente, expresó el espíritu abierto y constructivo de la delegación uruguaya, dispuesta a encarar este diálogo interactivo con un sentido positivo y a valorar “la opinión y los comentarios de sus miembros como importantes aportes para mejorar la calidad de nuestras políticas y la eficacia de los instrumentos de defensa de los derechos humanos, en este caso los que previenen fenómenos tan repudiables como la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Durante el diálogo interactivo, los miembros del Comité formularon en su conjunto más de un centenar de preguntas, las que fueron respondidas en su totalidad por los integrantes de la delegación uruguaya.
En este intercambio, se abordaron cuestiones como la definición de la tortura en el derecho penal uruguayo, la investigación de los casos de tortura y los procesos judiciales por este delito, el sistema penitenciario y en particular la situación en materia de sobrepoblación carcelaria, la atención médica en las unidades de detención, las normas que regulan el procedimiento policial y su vinculación con la prevención de la tortura, el rol del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, en particular en cuanto a la inspección de los centros de detención y la recepción de denuncias por malos tratos, la situación en materia de justicia penal juvenil y el funcionamiento del SIRPA, así como los informes realizados por la INDH tras sus visitas a los centros de internamiento, la existencia de una gran parte de población carcelaria sin sentencia condenatoria y el uso de la prisión preventiva en Uruguay, la vigencia de las garantías fundamentales para las personas encarceladas, los protocolos policiales en casos de violencia doméstica, entre otros temas.
Una cuestión planteada por varios de los expertos fue la relacionada con la falta de avances en el proceso de la reforma penal en Uruguay por la no aprobación todavía del nuevo Código Penal y Código de Procedimiento Penal.
Los dos días de diálogo interactivo con el Comité permitieron brindar informaciones sobre todos los aspectos preguntados y verificar que Uruguay ha fortalecido su sistema normativo y creado mecanismos orientados a lograr los más elevados niveles de protección de derechos, en cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de la tortura. Varios expertos, entre ellos el Presidente del Comité, expresaron su reconocimiento por los claros avances realizados en materia de reforma penitenciaria y erradicación del hacinamiento carcelario.
También se brindaron amplias informaciones sobre las numerosas medidas destinadas a luchar contra la violencia doméstica, tanto en sus aspectos de prevención, sanción, atención de las víctimas y también reparación. Los expertos pidieron datos sobre la puesta en marcha de los sistema de seguimiento electrónico a través de pulseras y tobilleras, valorando la introducción de estos instrumentos.
En relación a las preguntas sobre justicia juvenil, la delegación uruguaya reseñó las características del sistema de responsabilidad penal adolescente, su marco normativo y el enfoque que lo inspira, destinado a la inclusión social de los menores en conflicto con la ley. Se brindaron informaciones sobre la situación actual en los centros de internamiento administrados por el SIRPA, sobre las recomendaciones de la INDH y también sobre las denuncias presentadas sobre presuntos malos tratos.
También, los miembros del Comité formularon varias preguntas respecto a la investigación y sanción de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar y su preocupación por las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de no considerar que constituyen crímenes de lesa humanidad y por ende no tener carácter de imprescriptibles.
El Comité deberá ahora formular sus observaciones y recomendaciones al Estado uruguayo, las que serán difundidas y compartidas con las organizaciones de la sociedad civil, y constituirán seguramente un aporte para seguir mejorando el diseño y la instrumentación de las políticas públicas vinculadas con los objetivos de la Convención Internacional contra la Tortura.
Fuente:
Comunicación e Información Pública
Ministerio de Relaciones Exteriores
El pasado martes y miércoles se llevó a cabo en la ciudad de Ginebra la presentación del Uruguay ante dicho organismo.
De acuerdo a la Convención Internacional, es una obligación de los Estados presentar al Comité los informes relativos a las medidas adoptadas para dar efectividad a los compromisos contraídos en virtud de dicho Tratado.
La delegación uruguaya estuvo presidida por el Director General de Asuntos Políticos de la Cancillería, embajador Ricardo González Arenas, e integrada por la Representante Permanente del Uruguay en Ginebra, embajadora Laura Dupuy, el Secretario de Derechos Humanos, Presidencia de la República, Javier Miranda, la Directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Cancillería, Alejandra Costa, la Asesora del Ministerio del Interior, Psicóloga Gabriela Fulco y la Asesora Letrada del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), Mónica Rodríguez.
Asimismo, estuvieron presentes dos instituciones nacionales independientes vinculadas al tema de la prevención de la tortura: el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), representado por su responsable, la Dra. Mirtha Guianze, y el Comisario Parlamentario para el Sistema Penitenciario, el Dr. Alvaro Garcé.
En su intervención inicial, el presidente de la delegación uruguaya destacó los avances legislativos e institucionales ocurridos en Uruguay en los temas bajo las competencias del Comité, indicando que Uruguay ha fortalecido notablemente su compromiso con el sistema multilateral de protección de los derechos humanos.
Ricardo González señaló que entre las prioridades del gobierno, además de la lucha contra la pobreza y la indigencia y la lucha por la igualdad y contra todo tipo de discriminaciones, también se encuentra la “lucha contra la violencia en cualquiera de sus formas, llámese ésta violencia doméstica, violencia institucional, violencia en el trabajo o simple violencia cotidiana, incluyéndose allí, con sus particularidades, la tortura, los malos tratos o degradantes en cualquier ámbito estatal”.
Expresó que una de sus facetas más ilustrativas es la reforma del sistema carcelario y el combate del hacinamiento en los centros penitenciarios, de conformidad con las recomendaciones formuladas por los Relatores de las Naciones Unidas contra la Tortura que visitaron en dos oportunidades nuestro país. Recordó además que en el reciente Examen Periódico Universal de Uruguay (EPU), realizado el pasado 29 de enero, la delegación de nuestro país anunció que en el primer semestre de este año se habrá eliminado el hacinamiento en las cárceles uruguayas.
Subrayó también la puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura a través de la INDH, “que comenzó a desarrollar este rol a partir del año 2013 concentrando su atención sobre las condiciones de internamiento de los menores de edad alojados en los centros pertenecientes al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA)” en forma complementaria con el monitoreo de los centros de detención que albergan personas adultas, que es una función que viene desempeñando el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciarios desde su creación”.
Entre otros avances, se subrayó la creación del SIRPA, como sistema especializado dentro del INAU, que pone en marcha “un mecanismo destinado a atender la situación de los menores en conflicto con la ley basado en un enfoque socio-educativo y destinado a su inclusión social, gestionando un conjunto de establecimientos de internamiento completamente separado al sistema penal de adultos y actuando en base a un conjunto de normas específicas”.
Se reseñaron también los avances realizados con respecto a otras áreas donde el Comité contra la Tortura había manifestado su interés, como ser las numerosas medidas adoptadas para luchar contra el flagelo de la violencia doméstica, la prevención y la sanción de estas conductas delictivas y también las destinas a atender y reparar a sus víctimas, como también las acciones en materia de Trata de Personas.
Finalmente, expresó el espíritu abierto y constructivo de la delegación uruguaya, dispuesta a encarar este diálogo interactivo con un sentido positivo y a valorar “la opinión y los comentarios de sus miembros como importantes aportes para mejorar la calidad de nuestras políticas y la eficacia de los instrumentos de defensa de los derechos humanos, en este caso los que previenen fenómenos tan repudiables como la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Durante el diálogo interactivo, los miembros del Comité formularon en su conjunto más de un centenar de preguntas, las que fueron respondidas en su totalidad por los integrantes de la delegación uruguaya.
En este intercambio, se abordaron cuestiones como la definición de la tortura en el derecho penal uruguayo, la investigación de los casos de tortura y los procesos judiciales por este delito, el sistema penitenciario y en particular la situación en materia de sobrepoblación carcelaria, la atención médica en las unidades de detención, las normas que regulan el procedimiento policial y su vinculación con la prevención de la tortura, el rol del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, en particular en cuanto a la inspección de los centros de detención y la recepción de denuncias por malos tratos, la situación en materia de justicia penal juvenil y el funcionamiento del SIRPA, así como los informes realizados por la INDH tras sus visitas a los centros de internamiento, la existencia de una gran parte de población carcelaria sin sentencia condenatoria y el uso de la prisión preventiva en Uruguay, la vigencia de las garantías fundamentales para las personas encarceladas, los protocolos policiales en casos de violencia doméstica, entre otros temas.
Una cuestión planteada por varios de los expertos fue la relacionada con la falta de avances en el proceso de la reforma penal en Uruguay por la no aprobación todavía del nuevo Código Penal y Código de Procedimiento Penal.
Los dos días de diálogo interactivo con el Comité permitieron brindar informaciones sobre todos los aspectos preguntados y verificar que Uruguay ha fortalecido su sistema normativo y creado mecanismos orientados a lograr los más elevados niveles de protección de derechos, en cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de la tortura. Varios expertos, entre ellos el Presidente del Comité, expresaron su reconocimiento por los claros avances realizados en materia de reforma penitenciaria y erradicación del hacinamiento carcelario.
También se brindaron amplias informaciones sobre las numerosas medidas destinadas a luchar contra la violencia doméstica, tanto en sus aspectos de prevención, sanción, atención de las víctimas y también reparación. Los expertos pidieron datos sobre la puesta en marcha de los sistema de seguimiento electrónico a través de pulseras y tobilleras, valorando la introducción de estos instrumentos.
En relación a las preguntas sobre justicia juvenil, la delegación uruguaya reseñó las características del sistema de responsabilidad penal adolescente, su marco normativo y el enfoque que lo inspira, destinado a la inclusión social de los menores en conflicto con la ley. Se brindaron informaciones sobre la situación actual en los centros de internamiento administrados por el SIRPA, sobre las recomendaciones de la INDH y también sobre las denuncias presentadas sobre presuntos malos tratos.
También, los miembros del Comité formularon varias preguntas respecto a la investigación y sanción de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar y su preocupación por las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de no considerar que constituyen crímenes de lesa humanidad y por ende no tener carácter de imprescriptibles.
El Comité deberá ahora formular sus observaciones y recomendaciones al Estado uruguayo, las que serán difundidas y compartidas con las organizaciones de la sociedad civil, y constituirán seguramente un aporte para seguir mejorando el diseño y la instrumentación de las políticas públicas vinculadas con los objetivos de la Convención Internacional contra la Tortura.
Montevideo, 7 de mayo de 2014
Fuente:
Comunicación e Información Pública
Ministerio de Relaciones Exteriores