Ministerio de Relaciones Exteriores

El 25 de enero pasado en Washington, durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, se aprobó por unanimidad el informe del Grupo de Trabajo sobre fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 

La delegación uruguaya tuvo una importante participación en los debates previos y fue presidida por Milton Romani, embajador itinerante sobre Derechos Humanos y Drogas del Ministerio de Relaciones Exteriores.  En su intervención, nuestro país mantuvo una postura muy clara y firme respecto de aquellas medidas que pudieran hacer peligrar la continuidad de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

 “Cualquier modificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que tuviera como objetivo explícito o velado el limitar o quitarle autonomía a la CIDH constituye un muy mal precedente y no será acompañado por la Delegación del Uruguay” declaró en su discurso el embajador Romani.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión funciona de manera permanente e independiente dentro del Sistema Interamericano. Fundada hace casi quince años, tiene por objeto defender el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión y pensamiento y cumple además un rol importante en la plena vigencia de este derecho  para la consolidación y desarrollo de la democracia y la protección y promoción de los derechos humanos y sociales.

En categórico apego a las normas jurídicas interamericanas, la cancillería uruguaya apoyó las recomendaciones del Grupo de Trabajo orientadas a universalizar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) identificando para ello las medidas más apropiadas para sumar a los nueve Estados cuya adhesión está aún pendiente.

Además, Uruguay promovió la implementación de acciones concretas en el perfeccionamiento de los procedimientos de la CIDH, la observancia estricta de las normas en la recepción de peticiones individuales  y la mayor agilidad y eficiencia en la tramitación de las mismas.

Uruguay también apoyó el establecimiento de una adecuada contrapartida financiera para mejorar sustancialmente el funcionamiento del organismo.

No obstante, el embajador Romani dejó clara la posición de Uruguay en el sentido de que “una mejor distribución de los recursos no puede significar  reducir los correspondientes a la Relatoría sobre Libertad de Expresión”, nivelando hacia abajo el financiamiento y poniendo el peligro la sostenibilidad de una práctica estratégica en la defensa del derecho de la libertad de expresión y libre pensamiento de los pueblos americanos.

 

Fuente:
MRREE
Comunicación e Información Pública