Uruguay: modelo en materia de protección de los derechos de los migrantes
Este lunes y martes tuvo lugar en Ginebra la presentación de Uruguay ante el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares.
Este Comité es el órgano de vigilancia de la Convención Internacional de las Naciones Unidas de 1990, que establece un importante conjunto de obligaciones en esta materia para sus Estados Parte y tiene como cometido velar por su efectivo cumplimiento. El Comité está integrado por 14 expertos en derechos humanos y temas migratorios, los cuales son elegidos a título personal y actúan con total independencia de los Estados.
Esta es la primera vez que nuestro país se presenta ante este órgano de vigilancia, subsanando así un sensible atraso en la elaboración de sus informes y en el diálogo interactivo con el Comité.
La delegación uruguaya estuvo presidida por el Director General de Asuntos Políticos de la Cancillería, embajador Ricardo González Arenas, e integrada por la Representante Permanente del Uruguay en Ginebra, embajadora Laura Dupuy, la Directora General de Asuntos Consulares y Vinculación, embajadora Lourdes Boné, el Director Nacional de Migraciones, inspector Mayor Carlos del Puerto, la Sub-Inspectora General de Trabajo, Cristina De Marco y la representante del Ministerio de Desarrollo Social, Lourdes Viana.
En su presentación inicial ante el Comité, el presidente de la delegación uruguaya subrayó el cambio sustancial de paradigma que ha tenido lugar en nuestro país en materia de derechos de los migrantes a partir de la aprobación de la Ley 18.250 del año 2008, que incorpora claramente el enfoque de derechos humanos y la igualdad de derechos entre nacionales e inmigrantes. Recalcó también que, desde ese momento, se adoptaron nuevas normas y existen otras en proceso de adopción que intentan simplificar la residencia en nuestro país y mejorar la inserción del migrante en la sociedad uruguaya.
En tal sentido, se destacó la aprobación del Programa de Respuesta Rápida que permite al migrante obtener de las autoridades uruguayas, en un plazo menor a las 48 horas, el documento de identidad que le permite permanecer legalmente en nuestro país. Un mecanismo de este tipo no tiene precedentes ni en el país ni en la región.
También se informó sobre el fortalecimiento de la institucionalidad que atiende la materia migratoria a través de la creación de la Junta Nacional de Migración y la introducción de nuevas formas de coordinación con la sociedad civil, de manera de tomar en cuenta sus preocupaciones.
Se detallaron además nuevas iniciativas en curso tales como el Proyecto de Ley sobre acceso a la Residencia Permanente para familiares de uruguayos extranjeros y nacionales del Mercosur y Estados Asociados, el Proyecto de Ley para extender la nacionalidad a los nietos de uruguayos nacidos en el exterior y reducir el avecinamiento a un acto administrativo, y la publicación de las Guías de Acompañamiento para el retorno de uruguayos la bienvenida de inmigrantes.
Los dos días de diálogo interactivo mantenidos con los miembros del Comité permitieron a la delegación uruguaya explicar en detalle las políticas migratorias llevadas a cabo en el país, incluyendo el programa de retorno de uruguayos y las facilidades que para ello se otorgan, así como los mecanismos a través de los cuales se atienden los aspectos legales, sociales, laborales y de otra índole vinculados a los flujos migratorios que llegan al Uruguay y para su permanencia en el país.
En el curso del mismo, se respondieron numerosas preguntas formuladas por los expertos acerca de diferentes temas, entre ellos: el régimen vigente para la residencia en el país de los nacionales del Mercosur y Estados Asociados, así como las diferencias respecto a los nacionales provenientes de otras regiones; los mecanismos legales para sancionar penalmente la trata de personas y la atención dada a las víctimas; la situación de los extranjeros encarcelados en el sistema penitenciario uruguayo y sus condiciones de detención: el acceso a la justicia; la perspectiva de protección de derechos en el sistema de asistencia consular uruguayo, rol de los Consejos Consultivos y la iniciativa para el voto de los uruguayos en el exterior. Asimismo se explicó el rol de los distintos organismos e instancias nacionales en materia migratoria, su interacción e incidencia en las políticas migratorias, así como la coordinación con la sociedad civil. Los detalles sobre el Programa de Respuesta Rápida para el otorgamiento de los documentos de identidad a los migrantes, también fue abordado entre otras numerosas e importantes cuestiones y consultas.
Todos los integrantes del Comité que intervinieron en el diálogo con la delegación uruguaya transmitieron sus felicitaciones por los avances llevados en nuestro país para instrumentar los estándares establecidos en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus Familias. Ponderaron especialmente el enfoque de derechos en base al cual se elaboró la principal normativa nacional en la materia, es decir, la Ley 18.250 del 2008, considerando al Uruguay como “un modelo” que debería inspirar las legislaciones de muchos otros países.
En ese sentido, destacaron otras normas y mecanismos como ejemplos avanzados para la región e incluso a nivel internacional, tales como la Ley 18.065 del 2006 sobre el Trabajo Doméstico, que incide particularmente en las condiciones de trabajo de muchos inmigrantes, el Programa de Respuesta Rápida, al que distinguieron como un instrumento clave en el efectivo disfrute de derechos de los migrantes, y de esa forma luchar de mejor manera contra la irregularidad en las corrientes migratorias, resaltando también el afán de nuestro país por atender los problemas de naturaleza socio-económica vinculados a la migración.
El Comité deberá ahora formular sus observaciones y recomendaciones al Estado uruguayo, las que serán difundidas y compartidas con las organizaciones de la sociedad civil, y constituirán seguramente un valioso elemento que ayudará a mejorar aún más las políticas migratorias impulsadas en el Uruguay, su marco normativo y sus mecanismos de ejecución.
Fuente:
Comunicación e Información Pública
Ministerio de Relaciones Exteriores
Este Comité es el órgano de vigilancia de la Convención Internacional de las Naciones Unidas de 1990, que establece un importante conjunto de obligaciones en esta materia para sus Estados Parte y tiene como cometido velar por su efectivo cumplimiento. El Comité está integrado por 14 expertos en derechos humanos y temas migratorios, los cuales son elegidos a título personal y actúan con total independencia de los Estados.
Esta es la primera vez que nuestro país se presenta ante este órgano de vigilancia, subsanando así un sensible atraso en la elaboración de sus informes y en el diálogo interactivo con el Comité.
La delegación uruguaya estuvo presidida por el Director General de Asuntos Políticos de la Cancillería, embajador Ricardo González Arenas, e integrada por la Representante Permanente del Uruguay en Ginebra, embajadora Laura Dupuy, la Directora General de Asuntos Consulares y Vinculación, embajadora Lourdes Boné, el Director Nacional de Migraciones, inspector Mayor Carlos del Puerto, la Sub-Inspectora General de Trabajo, Cristina De Marco y la representante del Ministerio de Desarrollo Social, Lourdes Viana.
En su presentación inicial ante el Comité, el presidente de la delegación uruguaya subrayó el cambio sustancial de paradigma que ha tenido lugar en nuestro país en materia de derechos de los migrantes a partir de la aprobación de la Ley 18.250 del año 2008, que incorpora claramente el enfoque de derechos humanos y la igualdad de derechos entre nacionales e inmigrantes. Recalcó también que, desde ese momento, se adoptaron nuevas normas y existen otras en proceso de adopción que intentan simplificar la residencia en nuestro país y mejorar la inserción del migrante en la sociedad uruguaya.
En tal sentido, se destacó la aprobación del Programa de Respuesta Rápida que permite al migrante obtener de las autoridades uruguayas, en un plazo menor a las 48 horas, el documento de identidad que le permite permanecer legalmente en nuestro país. Un mecanismo de este tipo no tiene precedentes ni en el país ni en la región.
También se informó sobre el fortalecimiento de la institucionalidad que atiende la materia migratoria a través de la creación de la Junta Nacional de Migración y la introducción de nuevas formas de coordinación con la sociedad civil, de manera de tomar en cuenta sus preocupaciones.
Se detallaron además nuevas iniciativas en curso tales como el Proyecto de Ley sobre acceso a la Residencia Permanente para familiares de uruguayos extranjeros y nacionales del Mercosur y Estados Asociados, el Proyecto de Ley para extender la nacionalidad a los nietos de uruguayos nacidos en el exterior y reducir el avecinamiento a un acto administrativo, y la publicación de las Guías de Acompañamiento para el retorno de uruguayos la bienvenida de inmigrantes.
Los dos días de diálogo interactivo mantenidos con los miembros del Comité permitieron a la delegación uruguaya explicar en detalle las políticas migratorias llevadas a cabo en el país, incluyendo el programa de retorno de uruguayos y las facilidades que para ello se otorgan, así como los mecanismos a través de los cuales se atienden los aspectos legales, sociales, laborales y de otra índole vinculados a los flujos migratorios que llegan al Uruguay y para su permanencia en el país.
En el curso del mismo, se respondieron numerosas preguntas formuladas por los expertos acerca de diferentes temas, entre ellos: el régimen vigente para la residencia en el país de los nacionales del Mercosur y Estados Asociados, así como las diferencias respecto a los nacionales provenientes de otras regiones; los mecanismos legales para sancionar penalmente la trata de personas y la atención dada a las víctimas; la situación de los extranjeros encarcelados en el sistema penitenciario uruguayo y sus condiciones de detención: el acceso a la justicia; la perspectiva de protección de derechos en el sistema de asistencia consular uruguayo, rol de los Consejos Consultivos y la iniciativa para el voto de los uruguayos en el exterior. Asimismo se explicó el rol de los distintos organismos e instancias nacionales en materia migratoria, su interacción e incidencia en las políticas migratorias, así como la coordinación con la sociedad civil. Los detalles sobre el Programa de Respuesta Rápida para el otorgamiento de los documentos de identidad a los migrantes, también fue abordado entre otras numerosas e importantes cuestiones y consultas.
Todos los integrantes del Comité que intervinieron en el diálogo con la delegación uruguaya transmitieron sus felicitaciones por los avances llevados en nuestro país para instrumentar los estándares establecidos en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus Familias. Ponderaron especialmente el enfoque de derechos en base al cual se elaboró la principal normativa nacional en la materia, es decir, la Ley 18.250 del 2008, considerando al Uruguay como “un modelo” que debería inspirar las legislaciones de muchos otros países.
En ese sentido, destacaron otras normas y mecanismos como ejemplos avanzados para la región e incluso a nivel internacional, tales como la Ley 18.065 del 2006 sobre el Trabajo Doméstico, que incide particularmente en las condiciones de trabajo de muchos inmigrantes, el Programa de Respuesta Rápida, al que distinguieron como un instrumento clave en el efectivo disfrute de derechos de los migrantes, y de esa forma luchar de mejor manera contra la irregularidad en las corrientes migratorias, resaltando también el afán de nuestro país por atender los problemas de naturaleza socio-económica vinculados a la migración.
El Comité deberá ahora formular sus observaciones y recomendaciones al Estado uruguayo, las que serán difundidas y compartidas con las organizaciones de la sociedad civil, y constituirán seguramente un valioso elemento que ayudará a mejorar aún más las políticas migratorias impulsadas en el Uruguay, su marco normativo y sus mecanismos de ejecución.
Montevideo, 1º de abril de 2014
Fuente:
Comunicación e Información Pública
Ministerio de Relaciones Exteriores