Desafíos en infraestructura para IA y centros de datos
La actividad, articulada bajo la consigna “La era de la electricidad”, reunió a varias y varios especialistas, autoridades y representantes de organizaciones del sector energético. Entre ellas y ellos, miembros del Directorio, gerentas y jefas de Ursea.
Valeria presentó en conjunto con Lucía Garín “IA & Energía” en representación del programa Futuros Líderes Energéticos Uruguay (NFEL UY). La exposición continuó la línea de reflexión iniciada en el Congreso LatAm Renovables 2025, donde NFEL UY promovió una mesa de diálogo sobre los posibles efectos de la creciente demanda energética relacionada a la inteligencia artificial en Uruguay. En esta instancia, la conversación giró en torno a la expansión de los centros de datos y a las condiciones que deben desarrollar los países para integrar estas infraestructuras de manera segura y sostenible.
La IA es también infraestructura
Uno de los conceptos destacados fue que el desarrollo de la inteligencia artificial no depende exclusivamente de avances informáticos. Su funcionamiento requiere una infraestructura física de gran escala: centros de datos, redes eléctricas, sistemas de transmisión y distribución, capacidad de generación, conexiones de alta velocidad y sistemas de refrigeración.
El crecimiento de estas instalaciones viene acelerándose en los últimos años. De acuerdo con las cifras presentadas, la potencia instalada a nivel mundial en centros de datos pasó de 21 gigavatios en 2005 a 60 gigavatios en 2020 y alcanzó los 114 gigavatios en el año 2025.
La Agencia Internacional de la Energía proyecta que el consumo eléctrico mundial de los centros de datos puede duplicarse camino hacia el año 2030 y llegar a aproximadamente 945 teravatios hora anuales. Esto supone que alrededor del 10 % del crecimiento de la demanda eléctrica mundial previsto para ese período se originaría en estas instalaciones. En las economías más avanzadas, su incidencia podría superar el 20 %.
La expansión de la inteligencia artificial generativa intensifica esta tendencia. Durante 2025, en los centros de datos orientados a aplicaciones de inteligencia artificial se registró un crecimiento aproximado de 50 % en su consumo eléctrico. Asimismo, existen más de 1.300 proyectos en distintas etapas de planificación y más de 500 en construcción a nivel internacional.
Estos números permiten dimensionar el desafío: un campus de centros de datos puede alcanzar una potencia de hasta dos gigavatios, lo cual es comparable con la demanda eléctrica máxima de Uruguay. Por lo tanto, su instalación no constituye únicamente una decisión empresarial o tecnológica; se requiere también de planificación energética, de coordinación con los operadores del sistema y de una evaluación detallada de impactos territoriales y ambientales.
Recursos estratégicos
La presentación analizó algunos de los efectos de la expansión de los centros de datos sobre cuatro dimensiones: las redes eléctricas, las emisiones, el consumo de agua y los marcos regulatorios.
En materia eléctrica, estas instalaciones incorporan grandes cargas en sistemas que, en muchos casos, no fueron diseñados para abastecer demandas de esa escala y concentración. Su desarrollo puede requerir nuevas líneas de transmisión, ampliaciones en redes y subestaciones, capacidad adicional de generación y soluciones que aseguren la continuidad y la calidad del suministro.
El impacto ambiental depende, en buena medida, de la matriz energética de cada país. Cuando la electricidad proviene de combustibles fósiles, el crecimiento de los centros de datos puede incrementar significativamente las emisiones. Por el contrario, una matriz con alta participación de fuentes renovables proporciona mejores condiciones para acompañar la expansión de la infraestructura digital.
El agua es otro componente central. Los servidores generan constantemente calor y necesitan de sistemas de refrigeración que permitan mantener la temperatura adecuada para su funcionamiento. Se estima que un centro de datos de gran escala, con una potencia de 100 megavatios, puede consumir cerca de dos millones de litros de agua por día, un volumen que equivale al consumo diario de 6.500 viviendas.
A esta demanda directa, se suma la huella hídrica indirecta asociada con la generación de la electricidad utilizada por las instalaciones. Según los datos, una gran parte del consumo mundial de agua vinculado con los centros de datos ocurre fuera de sus propios predios. A grandes rasgos, el consumo total de agua actualmente demanda 560.000 millones de litros anuales y la cifra podría superar los 1,2 billones de litros hacia 2030.
La relación entre energía y agua presenta un desafío técnico. Algunas tecnologías permiten disminuir el consumo directo de agua, pero requieren más electricidad. Otras soluciones reducen el gasto energético a través de sistemas de refrigeración que utilizan un mayor volumen de agua. La definición de las tecnologías más apropiadas debe considerar las características de cada territorio, la disponibilidad de recursos y la existencia de posibles situaciones de estrés hídrico.
Estabilidad de las redes
La exposición presentó algunas experiencias internacionales que revelan la necesidad de anticipar los efectos de estas grandes cargas sobre los sistemas eléctricos.
Un ejemplo desarrollado fue el ocurrido en Virginia, Estados Unidos. Una perturbación en una línea de transmisión de 230 kilovoltios causó la desconexión simultánea de 60 centros de datos. Como consecuencia, la red perdió en torno de 1.500 megavatios de demanda en cuestión de milisegundos y el operador tuvo que actuar rápidamente para mantener la estabilidad del sistema.
El episodio evidenció los riesgos asociados con la concentración geográfica de grandes instalaciones, especialmente cuando emplean configuraciones y sistemas de protección similares. Más allá de que generalmente se analiza el desafío de abastecer una demanda creciente, la desconexión repentina de grandes volúmenes de consumo también puede generar desequilibrios y afectar la operación normal de la red.
Por lo anterior, podemos concluir que la integración de los centros de datos necesita de estudios específicos de conexión, coordinación entre las empresas y los operadores, criterios técnicos adecuados y mecanismos que permitan gestionar tanto el aumento como la eventual pérdida repentina de grandes cargas.
Una regulación que proteja a las y los usuarios
Otro punto primordial de la presentación fue la distribución de los costos necesarios para ampliar la infraestructura eléctrica. El crecimiento de los centros de datos puede requerir inversiones importantes y plantea una pregunta central: ¿quién debe financiar las obras necesarias para proveer estas nuevas demandas?
En Estados Unidos comienza a tener relevancia el denominado “Ratepayer Protection Pledge” o Compromiso de Protección a Personas Usuarias. Este compromiso busca que los grandes consumidores asuman los costos de la infraestructura que necesitan y aseguren el suministro eléctrico necesario para sus proyectos, evitando que las inversiones se trasladen de manera indiscriminada a hogares y pequeños negocios. Este enfoque promueve también una mayor coordinación con los operadores de las redes, contratos más transparentes y claridad en las reglas para determinar las responsabilidades de cada actor. El objetivo es que la llegada de grandes inversiones en materia de energía no comprometa la calidad del servicio ni genere altos costos para las demás usuarias y usuarios del sistema eléctrico.
Desde una perspectiva regulatoria, estas experiencias son importantes para pensar anticipadamente las condiciones de conexión, los compromisos de inversión, los requisitos de confiabilidad y los mecanismos de protección de las y los usuarios.
América Latina ante una oportunidad
Aunque la mayor parte de la capacidad mundial de centros de datos se concentra en Estados Unidos, China y la Unión Europea, América Latina comienza a posicionarse como un gran destino para estas inversiones.
En 2024, el mercado latinoamericano alcanzó alrededor de 7.160 millones de dólares y se proyecta que podría duplicarse hacia 2030. Brasil concentra más del 40 % de las inversiones anunciadas para 2025 y 2026, seguido por México y Chile.
La disponibilidad de suelo y de energía firme, confiable, competitiva y de matriz renovable aparecen entre los principales factores valorados por las empresas al elegir la localización de sus proyectos. Sin embargo, la capacidad de conexión a las redes eléctricas se está convirtiendo en uno de los principales cuellos de botella para la expansión de esta industria.
Los casos analizados durante la exposición muestran diferentes estrategias. Brasil combina proyectos de gran escala con mecanismos de contratación y autoproducción de energía renovable. México enfrenta el desafío de multiplicar su capacidad eléctrica para acompañar el crecimiento del núcleo tecnológico de Querétaro. Chile busca aprovechar sus recursos solares y los contratos de suministro renovable de largo plazo, por su parte Paraguay procura convertir sus excedentes hidroeléctricos en una ventaja competitiva.
La potencialidad de Uruguay
Uruguay cuenta con grandes fortalezas en este escenario. Una matriz eléctrica con más de 96 % de participación de fuentes renovables, la estabilidad política, institucional y regulatoria ofrecen condiciones favorables para atraer infraestructura digital.
La inversión anunciada por Google, cercana a los 850 millones de dólares, para instalar en Uruguay su segundo centro de datos en América Latina es una señal del atractivo de Uruguay como destino para este tipo de inversiones. .
Esta oportunidad exige al mismo tiempo una mirada de largo plazo. El desarrollo de proyectos intensivos en energía y agua requiere una planificación robusta, , estudios sobre disponibilidad de recursos, inversiones oportunas en las redes, y reglas que definan con claridad las responsabilidades de los grandes consumidores.
La participación de Ursea en estos ámbitos contribuye a profundizar la perspectiva regulatoria, en una conversación que es cada vez más relevante. El avance de la inteligencia artificial está modificando la relación entre tecnología, energía, agua e infraestructura. Anticipar esos cambios permitirá a nuestro país aprovechar las oportunidades de inversión e innovación, resguardando simultáneamente la confiabilidad del suministro, la sostenibilidad de los recursos y los derechos de las personas usuarias.