Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo

Presentación

19 AÑOS DE LA DEFENSORÍA

Este informe recoge las actuaciones entre los meses de junio de 2025 y junio de 2026. Incluye información estadística sobre los asuntos abordados por la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo (DVVM) de forma directa, así como una síntesis de las temáticas tratadas colectivamente. El abordaje de asuntos individuales continúa creciendo, impulsado por dos acciones ya consolidadas, por un lado la visita a los territorios —más de 50 barrios visitados— y, por otro, la puesta en funcionamiento del sitio web de la Defensoría, una herramienta valiosa para acercar a la institución a los problemas cotidianos de la gente.

El trabajo en territorio permite conocer de cerca las preocupaciones y necesidades de vecinas y vecinos. Asimismo, pone de manifiesto una dificultad cada vez más frecuente para acceder a respuestas claras y oportunas por parte de las instituciones. Esto plantea el desafío de acercar las políticas públicas a la vida cotidiana de las personas, fortalecer los espacios de participación y garantizar un mejor acceso a los derechos.

Existen situaciones de tal complejidad que no pueden ser abordadas únicamente desde una ventanilla, un municipio o un área específica de la Intendencia. Algunas respuestas continúan llegando meses después de formuladas las demandas, aun cuando refieren a aspectos concretos que, de mantenerse sin solución, afectan significativamente la vida comunitaria, como arreglos demorados, ubicación de contenedores o situaciones vinculadas al tránsito. La respuesta “no es en esta oficina” sigue siendo frecuente ante determinados temas, pese a que existen condiciones materiales y tecnológicas para que el ingreso, el seguimiento y la resolución de los asuntos sean más cercanas a los vecinos y vecinas. Desde la Defensoría entendemos que hoy existen herramientas que permitirían reducir considerablemente algunos tiempos de respuesta y, al mismo tiempo, garantizar un seguimiento transparente por parte de la ciudadanía.

La Defensoría es una institución de protección y defensa de los derechos humanos de las personas que habitan el territorio. En ese marco, continuamos dando seguimiento a algunas temáticas de interés comunitario, como las personas sin hogar, el derecho a la salud —con énfasis en salud mental—, el derecho a una vivienda adecuada, a un ambiente limpio, sano y sostenible, a un transporte público accesible y de calidad, y las infancias y sus derechos. 

En las actividades cotidianas, dialogan las dos funciones principales de la Defensoría: contribuir a la mejora de la gestión y a la defensa de los derechos. En definitiva, aquellos aspectos que contribuyen a la calidad de vida y a la convivencia en comunidad favorecen el pleno goce de los derechos, mientras que aquellos que los limitan afectan su ejercicio efectivo.

El conflicto es parte de la vida en comunidad. Ocultarlo sólo profundiza las dificultades. Ponerlo de relieve, analizar su origen, conocer los intereses de la partes, son parte del trabajo que llevamos adelante. La mediación y la resolución alternativa de conflictos continúan siendo una guía de acción, que esperamos consolidar y profundizar mediante acuerdos interinstitucionales. 

Actualmente se dispone de una lista de prelación conformada por 10 especialistas en mediación comunitaria. Esta lista permitirá abordar, en los próximos meses, conflictos comunitarios de forma ordenada y en coordinación con otras instituciones. Se trata de un avance para la Defensoría, que además contribuye a fortalecer las acciones con otros organismos. 

La capacitación permanente de nuestro equipo es fundamental. Sin embargo, la Defensoría continúa sin contar con un equipo estable. En este sentido, las dilaciones —cuando no las negativas expresas— ponen en cuestión la propia existencia de la Defensoría o su independencia técnica. La elaboración de protocolos ayuda a mitigar esa debilidad, pero no es suficiente. La curva de aprendizaje asociada a los nuevos ingresos, sumada a un alto nivel de rotación, afecta la calidad de nuestro trabajo.

La transparencia en la gestión de la Defensoría es fundamental. Por ello, los informes intermedios, así como la apertura a evaluaciones y auditorías constituyen una práctica permanente. 

En ese mismo sentido, continúa siendo un desafío fortalecer las condiciones institucionales que garanticen el ejercicio efectivo de la autonomía técnica de la Defensoría. Se mantiene la solicitud de mejora en las formas de gestión del presupuesto destinado a la Defensoría. Esta solicitud se presentó ante la Comisión de Presupuesto integrada con Asuntos Internos de la Junta. La dependencia cotidiana en materia de ejecución de fondos limita la independencia necesaria para el desarrollo de las actividades de la Defensoría.

La Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo se financia mediante el presupuesto de la Junta Departamental de Montevideo. Durante 2025 se ejecutó un total de $13.599.600 [1]. La información relativa a su ejecución se presenta más adelante en este informe.

Se han concretado acuerdos de trabajo con áreas de la Universidad de la República que permiten abordar las temáticas de forma integral. Entre ellas, la perspectiva intergeneracional en la zona del Cerro y Casavalle, y el abordaje de aspectos vinculados a la convivencia en diversos barrios de Montevideo. Asimismo, se ha acordado con los municipios un trabajo articulado en materia de atención en territorio de la Defensoría, así como en el abordaje de conflictos comunitarios. 

El foco puesto en las infancias nos ha permitido articular acciones con diversas instituciones en las que la perspectiva de derechos es fundamental. En el capítulo dedicado a la temática se presenta una síntesis de acciones acordadas que ya han comenzado.

Desde octubre pasado, el defensor titular integra la dirección del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO). El ILO es una organización que reúne a defensorías del pueblo, ombudsman e instituciones afines de América Latina, promoviendo la cooperación, la formación y el fortalecimiento de las instituciones dedicadas a la protección de derechos.

El vínculo con las diversas áreas de la Intendencia y los municipios, así como con centros educativos, servicios de salud, el Ministerio del interior, la Agencia Nacional de Vivienda, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), la Junta Nacional de Drogas (JND) y otros organismos, ha permitido abordar distintas temáticas para contribuir a la atención de las necesidades de la población y a la búsqueda de soluciones a sus planteos.

Por segundo año consecutivo, la DVVM realiza una consulta pública en la plataforma de participación ciudadana de AGESIC. En esta oportunidad, la consulta estuvo referida al transporte público. Asimismo, se avanza en actividades orientadas a presentar, ante la Junta Departamental de Montevideo, una propuesta de actualización normativa de los derechos de las usuarias y usuarios del transporte público. En el marco de este proceso participativo de consulta, se recibieron aportes de 504 personas.

Entre junio de 2025 y junio de 2026, la Defensoría solicitó participar en distintas comisiones de la Junta Departamental de Montevideo, a saber, en la Comisión de Medio Ambiente y Salud, para abordar la problemática de la acumulación compulsiva y contribuir al análisis de estrategias interinstitucionales para su abordaje; en la Comisión de Movilidad, para presentar el trabajo realizado por la Defensoría sobre esta temática; y en la Comisión de Presupuesto integrada con Asuntos Internos, para tratar la solicitud presupuestal presentada ante la Junta. Queda pendiente la participación en la Comisión de Derechos Humanos para abordar la temática de las personas sin hogar.

La DVVM participó además en el conversatorio “A 77 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos: una mirada internacional, nacional y departamental”, organizado por la Junta Departamental de Montevideo en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. La instancia contó con la exposición del titular de la Defensoría, quien presentó el trabajo institucional y destacó su función de orientación, mediación y articulación entre los habitantes de Montevideo y los organismos del Estado. 

La Defensoría es la institución encargada de la evaluación del Plan por la Diversidad Afectiva, Sexual y de Género 2026-2030, presentado por la Intendencia de Montevideo. Esta iniciativa busca fortalecer los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas LGBTIQ+ mediante políticas inclusivas en áreas como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y el acceso a espacios públicos libres de discriminación. El plan incorpora una perspectiva interseccional y prevé mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 

Participamos activamente en el seguimiento de la comisión “Volver a mi Barrio”, cuyo objetivo es contribuir a la memoria y reparación integral de la comunidad afrouruguaya afectada durante el período de terrorismo de Estado. En particular, la comisión trabaja en relación con las familias que fueron desplazadas forzosamente del conventillo Medio Mundo y del barrio Reus al Sur (Ansina) entre 1973 y 1985.

Al cierre del presente informe, continuamos colaborando activamente en el relevamiento de las familias desalojadas, poniendo a disposición una dupla de trabajadoras sociales de la institución para la elaboración de informes que contribuyan a los procesos de reparación integral.

Como parte de las instancias de reflexión institucional desarrolladas durante el período, el conversatorio de cierre de 2025 constituyó una instancia de balance y proyección institucional en la que participaron los ex defensores Fernando Rodríguez y Ana Agostino, los ex ediles Álvaro Viviano y Eduardo Pereira, la mediadora Leslie Falca y el actual titular de la Defensoría Daniel Arbulo. El intercambio permitió reflexionar sobre los principales desafíos enfrentados por la Defensoría a lo largo de sus casi veinte años de trayectoria, destacar avances impulsados durante 2025 en materia de mediación comunitaria, trabajo territorial y promoción de derechos, y proyectar los desafíos futuros de la institución. Asimismo, la actividad marcó el inicio oficial de la conmemoración de los 20 años de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, que se desarrolla durante 2026 con una agenda de actividades orientadas a fortalecer su papel en la defensa de derechos y la construcción de ciudadanía.

En diciembre del 2026, la Defensoría cumplirá 20 años de actividad. El 7 de diciembre de 2006 asumió sus funciones el primer defensor de Vecinos y Vecinas de Montevideo, Fernando Rodríguez.

Desde la presentación del informe anterior y hasta la fecha, la Defensoría ha tramitado 1.338 asuntos, registrándose un incremento del 10 % en los asuntos individuales y del 5 % en los asuntos colectivos respecto al período anterior. Asimismo, se desarrollaron 53 procesos de mediación vinculados a la convivencia y los conflictos comunitarios. Estos resultados dan cuenta de la continuidad y el fortalecimiento del trabajo de la institución durante el período. 

 

Marco normativo y principales objetivos

Decreto N.° 30592 de 2003 

Artículo 1: Institúyase al Defensor del Vecino con funciones independientes del Gobierno Departamental, sin perjuicio de las atribuidas a las Juntas Locales y Concejos Vecinales establecidas en los decretos correspondientes (Junta Departamental de Montevideo, 2003). 

Artículo 2: La actuación del Defensor del Vecino deberá contribuir a promover el respeto de los derechos humanos dentro del Departamento, el mejor cumplimiento de los servicios municipales y el logro de una mayor transparencia y eficacia de la gestión departamental (Junta Departamental de Montevideo, 2003).

Decreto N.° 34.844 de 2013

Artículo 1: Instituir la Defensoría del Vecino con funciones independientes del Gobierno Departamental, sin perjuicio de las atribuidas a las Juntas Locales, Concejos Vecinales y Municipios establecidas en leyes y decretos correspondientes (Junta Departamental de Montevideo, 2013).

Artículo 2: La actuación de la Defensoría del Vecino deberá promover el respeto de los derechos humanos dentro del Departamento, el mejor cumplimiento de los servicios departamentales y/o municipales y el logro de una mayor transparencia y eficacia de la gestión del Gobierno Departamental (Junta Departamental de Montevideo, 2013).

Estos cambios realizados marcan la necesidad estratégica de institucionalizar la defensa y la promoción de los derechos de las personas que habitan Montevideo. Ese ha sido el papel de la Defensoría, a través de estrategias y programas que incluyen la promoción y la defensa de los derechos, así como su reparación cuando estos son vulnerados.

 

b. Lineamientos de gestión para 2025-2029

 

Visión

Ser una institución consolidada y reconocida por su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos, la participación ciudadana y la convivencia democrática, con capacidad de incidir en las políticas públicas a partir de las demandas, preocupaciones y propuestas de las comunidades. Una Defensoría cercana a las personas, presente en los territorios y referente en la construcción de respuestas integrales a los desafíos que afectan la calidad de vida de las y los montevideanos.

 

Misión

Ser una herramienta para la promoción, la educación y la defensa de los derechos humanos de las vecinas y vecinos de Montevideo frente a posibles acciones u omisiones de la gestión departamental, municipal y nacional. A través de la escucha activa, la mediación comunitaria, el trabajo territorial y la articulación interinstitucional, la Defensoría procura fortalecer la transparencia, contribuir a la mejora de los servicios públicos y promover una cultura de convivencia basada en el respeto de los derechos.

La Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo se constituye como un organismo con autonomía institucional, técnica y política, orientado a contribuir al diseño y promoción de las adecuaciones necesarias para que las políticas públicas y las prácticas de la administración estén efectivamente al servicio de las garantías individuales y colectivas de la población montevideana.

 

Lineamientos

Continúa siendo necesario acercar las instituciones a los territorios. La experiencia de estos años nos muestra que muchas de las situaciones que preocupan a vecinas y vecinos requieren presencia, escucha y capacidad de articulación. Por ello, seguiremos fortaleciendo el trabajo territorial de la Defensoría, promoviendo espacios de encuentro en los barrios y generando instancias que permitan conocer de primera mano las realidades, demandas y desafíos de cada comunidad. La experiencia desarrollada a través del programa Barrio a Barrio reafirma la importancia de construir respuestas desde la cercanía, el diálogo y el conocimiento directo de las problemáticas que afectan a las comunidades.

Sigue ocurriendo que determinadas problemáticas exceden las competencias de una única oficina o institución. Algunas situaciones requieren respuestas coordinadas y sostenidas entre diversos actores públicos y comunitarios. En ese sentido, continuaremos impulsando la articulación con el gobierno departamental, el gobierno nacional, los municipios, las organizaciones sociales y los actores comunitarios, entendiendo que la construcción de soluciones integrales es una condición necesaria para mejorar la convivencia y garantizar derechos.

La Defensoría continuará dando seguimiento a temas que tienen repercusiones significativas en la vida cotidiana de las personas y las comunidades. Es el caso de las situaciones asociadas a la acumulación compulsiva, los procesos de mediación comunitaria en los conflictos vinculados a la convivencia, así como otras problemáticas que requieren intervenciones coordinadas y sensibles a las particularidades de cada territorio.

La experiencia acumulada confirma que muchas de estas situaciones no encuentran solución a través de respuestas aisladas o exclusivamente administrativas. Por el contrario, requieren espacios de diálogo, construcción de acuerdos y acompañamiento sostenido. Por ello, la mediación comunitaria seguirá siendo una herramienta central de trabajo, procurando consolidar y ampliar las capacidades institucionales existentes mediante acuerdos y estrategias compartidas con otros organismos e instituciones.

Entendemos que la promoción de los derechos humanos, la convivencia y la calidad de vida en Montevideo se fortalecen cuando las instituciones logran trabajar de forma cercana a las personas, presentes en los territorios y comprometidas con respuestas integrales frente a los problemas que afectan a las y los montevideanos.

 

c. Las líneas de acción

Institucionalidad. Acciones tendientes a dotar a la Defensoría de una mirada a largo plazo, con personal capacitado, seleccionado mediante mecanismos de ingreso públicos y transparentes, protocolos de actuación claros y convenios que permitan una mirada integral de las situaciones abordadas. 

Mediación y articulación. La resolución alternativa de conflictos constituye una de las perspectivas de acción de la Defensoría. A través de su programa de mediación, aborda situaciones concretas y promueve la articulación con otras instituciones, entendiendo que esta resulta fundamental para el conocimiento cabal de las problemáticas tratadas. 

Territorialidad. Esto se traduce en la llegada a más de 50 barrios durante el período informado, sin considerar en estos datos aquellos pertenecientes a los municipios B y C ni los barrios del CH ubicados antes de la avenida Luis A. de Herrera. Se trata de los 50 barrios más alejados del centro de la ciudad. A ello se suma la presencia en instancias convocadas por la Intendencia, por ejemplo, en el Plan de limpieza y en los cabildos de los municipios. 

Los procedimientos de gestión de los asuntos que llegan a la Defensoría han sido sometidos a un proceso permanente de evaluación colectiva. Esto comprende cada una de las etapas de actuación: la atención y recepción (entrevista y escucha activa), la orientación, la vinculación con diversas áreas de la Intendencia, los municipios o el Gobierno nacional, según corresponda, así como las solicitudes de información, incluidas las copias de expedientes y los pedidos de información sobre las deficiencias detectadas. 

La tarea de la Defensoría a lo largo de los años se ha caracterizado por cuatro aspectos. En primer lugar, una perspectiva de independencia técnica, sustentada en una articulación institucional que permite un abordaje integral de las temáticas y una llegada efectiva al territorio, todo ello desde una perspectiva de escucha activa y transparencia en la gestión.

Ante la falta de respuesta de la Intendencia en relación con sus competencias y deberes, la Defensoría ha utilizado la recomendación como instrumento de protección y defensa de los derechos vulnerados en los asuntos tratados.

La atención brindada por la Defensoría se caracteriza por el respeto a la identidad de los vecinos y vecinas y por el manejo adecuado de datos personales. La atención tiene carácter reservado, de conformidad con la Ley N.º 18.331, del 11 de agosto de 2008, de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data (LPDP) [2] . Asimismo, de forma cotidiana se desarrollan instancias colectivas de análisis de asuntos y capacitaciones cruzadas, con el objetivo de asegurar la consistencia de las respuestas y fortalecer el análisis crítico.

El procedimiento de gestión de asuntos tiene como objetivo garantizar una atención ordenada y eficiente a las personas que presentan consultas o reclamos ante la institución.

 

1. Recepción del asunto:

La recepción de los asuntos puede realizarse a través de diferentes canales de atención, con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios institucionales. Los medios habilitados son: correo electrónico, formulario disponible en la página web, atención presencial, llamadas telefónicas, visitas al barrio y mensajería mediante WhatsApp.

Una vez recibido el asunto, se inicia el proceso de admisión y evaluación correspondiente.

 

2. Admisión y evaluación inicial:

En esta etapa se analiza la situación planteada para determinar si existe una posible vulneración de derechos y verificar si el caso corresponde a las competencias de la Defensoría. Asimismo, se consulta a la persona reclamante si ya presentó un reclamo o realizó alguna gestión ante el organismo competente, de acuerdo con la naturaleza del caso.

Cuando el asunto no corresponde a las competencias de la Defensoría, se orienta a la persona sobre la institución competente o la gestión que debe realizar. En estos casos, el ingreso se registra como una consulta y se archiva.

Si el caso es competencia de la Defensoría, se recopila la información necesaria para su tratamiento. Para ello se solicita:

• Número de cédula de identidad.

• Teléfono de contacto.

• Domicilio de la persona reclamante.

• Dirección donde se presenta la problemática.

• Número de reclamo realizado ante el organismo correspondiente, si existiera.

• Documentación o evidencia gráfica que respalde la situación.

Una vez reunida toda la información, el asunto se registra en el sistema institucional y se asigna un número de registro para su seguimiento.

 

3. Seguimiento:

En la etapa de seguimiento se clasifica el asunto y se asigna a la persona referente, considerando la temática o el municipio involucrado.

Posteriormente, se realiza el estudio y análisis del caso, recopilando la información necesaria mediante solicitudes de expedientes, pedidos de acceso a la información pública, entrevistas con equipos técnicos y demás actuaciones pertinentes. El plazo estimado para esta etapa es de hasta 20 días.

Como parte del seguimiento también pueden efectuarse visitas al territorio, coordinación de entrevistas, verificación de datos, elaboración de recomendaciones o sugerencias dirigidas a las autoridades competentes y registro de notas relacionadas con el desarrollo del caso.

 

4. Cierre del asunto:

El procedimiento concluye cuando se presenta alguna de las siguientes situaciones:

• La problemática planteada ha sido solucionada.

• La persona reclamante deja de responder o interrumpe la comunicación una vez transcurrido el plazo establecido.

• La persona reclamante no proporciona la información necesaria para continuar con la tramitación del caso.

Desde el inicio de la gestión se informa a la persona reclamante que el plazo estimado para la tramitación del asunto y la obtención de la información correspondiente es de hasta 30 días, salvo situaciones excepcionales que requieran un tiempo mayor.

 

Necesidades de fortalecimiento

La normativa actual habilita a la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo a concretar convenios con instituciones públicas y privadas nacionales. Los convenios y acuerdos permiten abordar de forma integral los asuntos tratados y acercan a la Defensoría al conocimiento técnico específico.

Sin embargo, los criterios establecidos en el informe jurídico de la Junta Departamental limitan las capacidades de la Defensoría para celebrar convenios. Resulta urgente una definición en torno a esta situación, ya que algunos componentes del informe al que tuvimos acceso limitan la potestad del titular de la Defensoría para definir prioridades presupuestales operativas, más allá de la fuente de ingreso de los fondos.

Esto, sin dudas, atenta contra la independencia técnica necesaria para que una institución de derechos humanos pueda actuar. Además, abre una brecha para que algunas definiciones estratégicas y operativas adoptadas por la Defensoría puedan verse condicionadas o detenidas desde una perspectiva administrativa. 

 

Recursos humanos 

A casi 20 años del inicio de su funcionamiento, la Defensoría no cuenta con personal presupuestado permanente. Esta situación dificulta la consolidación de una mirada de largo plazo. En promedio, cada 18 meses cambia el equipo de la Defensoría, alcanzando su punto máximo con la finalización del período del o la titular. La alta rotación de personal implica una curva de aprendizaje lo que repercute en el funcionamiento de la institución y en la calidad del asesoramiento que brinda la Defensoría. Como se verá más adelante, las atribuciones que le han sido asignadas requieren un conocimiento profundo de la institucionalidad municipal y departamental, así como de los plazos y las alternativas con que cuentan vecinas y vecinos a la hora de formular reclamos.

La designación del equipo no surge de una convocatoria pública. Asimismo, las remuneraciones no guardan relación con las de la Junta Departamental de Montevideo, a pesar de que la designación, las normas que regulan el vínculo funcional, los plazos, los asuetos y otros beneficios se rigen por las disposiciones aplicables al legislativo departamental.

 

El presupuesto de la Defensoría

Durante el ejercicio de 2025, la Defensoría ejecutó un total de $ 13.599.600. Los recursos se destinaron principalmente al sostenimiento de los equipos técnicos, becarios y pasantes que desarrollan las tareas de atención, orientación, seguimiento de asuntos, trabajo territorial y promoción de derechos. Asimismo, se financiaron los gastos necesarios para el funcionamiento cotidiano de la institución, incluyendo alquiler, servicios públicos, tributos e insumos de oficina. 

La distribución de los recursos muestra que la mayor parte del presupuesto se encuentra directamente vinculada al funcionamiento operativo de la Defensoría y al desarrollo de sus cometidos institucionales. A continuación, se presenta el detalle de la ejecución correspondiente al año 2025:

Del total de $ 13.599.600 ejecutados, $ 5.909.051,59 corresponden a la partida presupuestal asignada a la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo (Partida N.º 9342, creada en julio de 2006). Los $ 7.690.548,41 restantes corresponden a gastos registrados fuera de dicha partida específica, y fueron financiados con recursos del presupuesto de la Junta Departamental de Montevideo.

Si bien el decreto de creación de la figura establece el origen de los fondos destinados a su funcionamiento, no se cumple con que la totalidad de esos recursos se refleje en el presupuesto de la Junta, a través de una partida única, tal como fue solicitado en el informe presentado a la Junta en 2025. 

En la instancia de aprobación del presupuesto se expresó:

Se mantiene el Sub Programa II – Defensoría del Vecino, creado a partir del Ejercicio 2017, cuya finalidad es registrar en forma separada la partida asignada por el numeral 16 de la Resolución N.º 9.342, de 8 de junio del 2006. Dado que los objetivos de la Defensoría del Vecino son independientes a los de la Junta Departamental de Montevideo, resulta necesario a los efectos de una gestión transparente de los recursos, mantener los registros de la misma en forma independiente dentro del plan contable de la Junta Departamental (Junta Departamental de Montevideo, 2021).

Sin embargo, esta disposición no se cumple, ya que la mayoría de las erogaciones destinadas a la Defensoría no se registran de forma separada y, de hecho, la priorización de los gastos no responde a las prioridades definidas por la propia Defensoría.

El titular de la Defensoría presentó ante la Mesa de la Junta una solicitud presupuestal. Sin embargo, no se cuenta con una respuesta escrita que analice lo planteado. Asimismo, se solicitó ser recibido por la Comisión de Presupuesto de cara al debate presupuestal, sin que se concretara una convocatoria para presentar dicha solicitud. Esto demuestra la necesidad de actualizar la normativa relativa a la Defensoría. 

La independencia técnica no puede quedar reducida a expresiones de buena voluntad. Debe estar acompañada de acciones que aseguren la asignación de personal y la definición de prioridades presupuestales de acuerdo con las restricciones y necesidades existentes. La agenda cotidiana de la Defensoría, su llegada al territorio y el desarrollo de otros programas no pueden depender de organismos externos. La independencia técnica debe ir acompañada, además, de transparencia a la hora de evaluar las actividades de la Defensoría.