Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo

Principales ejes temáticos

Personas sin hogar

Como parte de la profundización de su línea de trabajo con personas sin hogar, la Defensoría invitó a los referentes históricos Ángel Batista, Juan “Chacho” Correa y Katherine Spurr a moderar la asamblea en el seminario anual “Derechos en el territorio”.

Paralelamente se tomaron notas sintéticas en torno a los ejes salud, trabajo y vivienda. Al mismo tiempo que transcurría la asamblea, esos fragmentos de las intervenciones fueron sistematizados e incorporados a una lluvia de ideas visual proyectada al fondo de la sala, a la vista de todas las personas participantes.

Se contó con el apoyo del equipo Trayectorias de la Universidad de la República para esa tarea y para la elaboración de la siguiente síntesis de los intercambios, presentada al cierre de la instancia.

A los efectos de dar una respuesta adecuada a las personas en situación de calle, tal como lo ha estado reclamando el colectivo Ni Todo Está Perdido (NITEP), en muchas de las intervenciones se plantearon propuestas o preocupaciones que corresponden simultáneamente a la interrelación entre salud, vivienda y trabajo. De este modo, al observar las figuras proyectadas, se pudo apreciar que muchos planteos se ubicaban en los tres ejes, lo que evidencia la complejidad del problema y, al mismo tiempo, aporta claves para un abordaje integral de los factores estructurales que producen el sinhogarismo.

Entre los planteos más reiterados surgieron expresiones vinculadas a la necesidad de respuestas dignas e integrales frente a la situación de calle, tales como “la casa no es un lujo, es un derecho”, “más derechos y menos represión” y “la intemperie destruye los cuerpos”. Asimismo, se insistió en la necesidad de contar con un trabajo estable, acceso a la salud mental, el fortalecimiento de los cuidados y la superación de respuestas precarias, señalando que “la convivencia requiere dignidad” y que las personas en situación de calle “no son vulnerables, sino vulneradas en sus derechos”.

La Defensoría se comprometió a hacer llegar estas expresiones y planteos significativos, en representación de las más de 100 personas en situación de calle que participaron de la instancia, a la Comisión de Derechos Humanos y a las autoridades competentes en materia de desarrollo social. Al momento de la elaboración de este informe, dicha instancia aún se encuentra pendiente.

A un año del comienzo de la nueva administración, la Defensoría expresa su preocupación por la falta de convocatoria a las instancias de trabajo del Consejo Consultivo de Calle. Esta situación genera incertidumbre respecto a la continuidad del trabajo interinstitucional y de los espacios de coordinación que habían sido creados para fortalecer las políticas públicas dirigidas a las personas en situación de calle.

Asimismo, se señala que la única instancia que se ha mantenido activa de forma bimensual es el espacio impulsado y sostenido por la Defensoría a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Personas en Situación de Calle. Este ámbito continúa funcionando como un espacio de encuentro, intercambio, seguimiento de la problemática, defensa de derechos y recepción de denuncias, permitiendo sostener el diálogo entre actores vinculados al tema y mantener visible la necesidad de avanzar en políticas integrales de atención y garantía de derechos para esta población.

Recientemente, el Gobierno presentó la Estrategia Nacional sobre Situación de Calle, denominada “La calle no es para vivir”, basada en los pilares de vínculo, vivienda y vida, con un enfoque integral que articula políticas de salud, trabajo y educación. La estrategia contempla 42 medidas orientadas a fortalecer la atención durante todo el año, prevenir nuevas situaciones de calle y apoyar la reinserción social, especialmente de las personas que egresan de establecimientos penitenciarios mediante el plan Libertad Segura. Asimismo, a partir de 2027, el Plan Invierno será sustituido por el Plan 365, ampliando la cobertura de atención durante todo el año.

En relación con ello, el 4 de junio se realizó en la Intendencia de Montevideo el conversatorio “Dejar atrás la calle: experiencias de protección a escala humana”, instancia en la que se presentaron los avances, desafíos y aprendizajes de los distintos dispositivos impulsados por la comuna para el abordaje de las situaciones de calle y la promoción de procesos de inclusión social.

La Defensoría reafirma su compromiso de continuar acompañando a los colectivos de personas sin hogar en el seguimiento de las acciones promovidas por el Gobierno nacional y la Intendencia de Montevideo.

Recientemente, la Red de Entramados se reunió con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, manifestando su interés en avanzar hacia mecanismos reales de participación dentro de los dispositivos mediante la realización de asambleas periódicas en centros y refugios; la elección de referentes por parte de las propias personas participantes; y la generación de espacios de monitoreo, acompañamiento y mejora continua. 

Asimismo, se planteó la necesidad de generar instancias de devolución, acompañamiento y evaluación colectiva respecto del trabajo que vienen realizando referentes pares, agentes comunitarios y agentes de convivencia en distintos territorios y dispositivos. En ese sentido, se destacó la importancia de construir espacios de formación y capacitación conjunta para referentes pares, agentes comunitarios y agentes de convivencia, con el objetivo de fortalecer herramientas comunes de acompañamiento territorial y mejorar el acceso a información actualizada sobre refugios, centros diurnos, dispositivos Puertas Abiertas, comedores, ollas populares, policlínicas, dispositivos territoriales y demás recursos comunitarios e institucionales.

También manifestaron su preocupación por la falta de instancias sistemáticas de evaluación y devolución hacia las organizaciones vinculadas a los dispositivos Puertas Abiertas, así como por la ausencia de espacios de evaluación y seguimiento del trabajo desarrollado.

A pesar de los anuncios realizados por el Gobierno, las organizaciones señalaron que tanto las personas en situación de calle como los trabajadores de los dispositivos en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y las organizaciones de la sociedad civil enfrentan un escenario en el que resulta difícil recuperar la confianza. Según expresaron, persisten situaciones de improvisación, escasa experiencia específica y, en ocasiones, una actitud percibida como arrogante, mientras paralelamente se debilita el acompañamiento de calidad y se profundiza la precarización de estructuras y procesos que anteriormente venían funcionando. Resulta especialmente preocupante que dispositivos como los impulsados por el colectivo Radio Vilardevoz, reconocidos por sus aportes a la salud mental comunitaria, enfrenten dificultades para su funcionamiento debido a problemas burocráticos del Estado.

En ese sentido, las autoridades no logran transmitir con claridad el rumbo de las decisiones ni los criterios que las sostienen. Faltan explicaciones, instancias de intercambio y señales concretas de apertura al diálogo y autocrítica, aspectos que se siguen esperando.

Por ejemplo, en la última instancia de la Comisión de Derechos Humanos de las Personas en Situación de Calle se planteó un atraso de más de diez meses en el desembolso de una partida comprometida por el MIDES para la obtención de la personería jurídica de las primeras cooperativas de ayuda mutua de personas en situación de calle, situación que al momento de elaboración de este informe aún no se ha concretado. En este contexto, distintas personas y colectivos manifestaron que continúan sosteniendo su trabajo cotidiano y acompañando a las personas en situación de calle, aun frente a las dificultades existentes y a la incertidumbre respecto del apoyo estatal.

Al cierre de este informe, el 9 de junio de 2026 la Defensoría acompañó la conferencia de prensa del colectivo NITEP, en la que presentó su valoración de las políticas públicas dirigidas a las personas sin hogar. Los principales planteos expuestos por el colectivo se sintetizan a continuación, en tanto constituyen insumos relevantes para el seguimiento que la Defensoría realizará sobre esta temática: 

La Estrategia retoma la consigna “La calle no es lugar para vivir”, defendida históricamente por el colectivo NITEP. Sin embargo, advertimos la omisión de su segunda parte, ya que la frase completa es: “La calle no es lugar para vivir ni para morir”. Y repetimos otra vez: “ni para morir”. Creemos que presentar la frase incompleta desdibuja su sentido político y humano. La consigna no debe interpretarse como una prohibición de vivir en la calle, sino como un llamado urgente a construir alternativas y soluciones dignas. 

Por todo lo dicho, y por la urgencia que el tema supone, se propone: 

- Generar mesas permanentes de diálogo ciudadano que incluyan al colectivo NITEP, como forma de garantizar la participación activa de este en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas. 

- Promover la incorporación de referentes pares y el trabajo en duplas, entendiendo el valor del acompañamiento desde la experiencia y la cercanía en los procesos de abordaje. 

- Considerar de manera cuidadosa los horarios y las modalidades de abordaje a las personas en situación de calle, priorizando intervenciones respetuosas, adecuadas a cada contexto y que contemplen los tiempos y necesidades de las personas. 

- Fortalecer la articulación entre los distintos ministerios y organismos del Estado, entendiendo que se trata de una problemática compleja, que requiere respuestas integrales y coordinadas de todos los actores del Estado. 

- Priorizar especialmente la salud mental, el trabajo y el acceso a la vivienda, como ejes centrales de cualquier estrategia que busque generar cambios reales y sostenidos en el tiempo.

 

Salud mental

La Defensoría integra la Comisión por la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental N.° 19.529. Junto con otras organizaciones, personas y colectivos manifiestan su profunda preocupación por la situación actual de las políticas públicas vinculadas a la salud mental en el país.

Entre los principales aspectos señalados se encuentra la modificación y eliminación de una parte sustancial del artículo 38 de la Ley, lo que habilita nuevamente la internación en estructuras monovalentes, es decir, instituciones psiquiátricas tradicionales o asilares, enfocadas exclusivamente en el encierro y el tratamiento aislado de personas con sufrimientos mentales.

La Defensoría promueve seguir avanzando hacia un modelo de atención basado en los derechos humanos, la inclusión social y la vida en comunidad.

En ese sentido, en el seminario se presentaron, analizaron y compartieron los desafíos del dispositivo de salud mental comunitaria Casa de Colón de la Intendencia de Montevideo.

Durante el intercambio se hicieron visibles los desafíos actuales vinculados a la implementación y el fortalecimiento de las políticas de salud mental comunitaria en el territorio.

Otro de los aspectos críticos identificados refiere al incumplimiento en el pago de partidas correspondientes a convenios establecidos entre el Ministerio de Desarrollo Social y organizaciones de la sociedad civil, trabajadores y colectivos vinculados al campo de la salud mental y de la atención a población vulnerable. Según señalaron, esta situación impacta directamente en la sostenibilidad de los dispositivos comunitarios, en las condiciones laborales de quienes sostienen las tareas de acompañamiento y en la continuidad de los procesos de atención y cuidado de numerosas personas usuarias.

Las organizaciones remarcaron que dichos convenios fueron construidos precisamente para avanzar en la implementación efectiva de la ley, la cual, a varios años de su aprobación, continúa presentando importantes niveles de incumplimiento en gran parte de sus disposiciones. En ese sentido, cuestionaron la distancia existente entre los anuncios institucionales y las acciones concretas desarrolladas hasta el momento.

También señalaron que las organizaciones sociales, colectivos de usuarios, familiares, trabajadores y militantes vienen sosteniendo desde hace años múltiples experiencias territoriales y comunitarias orientadas a transformar el paradigma de atención en salud mental, muchas veces en contextos de alta precarización y con recursos insuficientes. Indicaron que este trabajo cotidiano ha permitido generar alternativas al modelo centrado en el encierro, promoviendo estrategias de acompañamiento comunitario, inclusión social y construcción de redes de apoyo en distintos territorios.

La Mesa de Salud Mental del Oeste, que comprende la totalidad del Municipio A e integra los centros comunales zonales 14, 17 y 18; la Mesa de Salud Mental del Centro Comunal Zonal 3; y la Casa Comunitaria de Promoción de la Salud dependiente del Departamento de Desarrollo Social y con funcionamiento en el Municipio G, entre otros dispositivos territoriales, constituyen espacios interinstitucionales y comunitarios que contribuyen a la consolidación del paradigma de salud mental comunitaria, promoviendo estrategias de participación, prevención, promoción de salud y abordaje integral en el territorio.

La Defensoría recoge y acompaña el planteo de la sociedad civil respecto de la necesidad urgente de fortalecer presupuestalmente los dispositivos existentes, garantizar la continuidad de los espacios comunitarios ya en funcionamiento y avanzar en la apertura de nuevas casas sustitutivas, centros de atención y propuestas de prevención y acompañamiento. Asimismo, se reclamó una mayor voluntad política para concretar transformaciones estructurales que permitan dar cumplimiento efectivo a lo establecido por la ley.

Las organizaciones también destacaron la importancia de promover instancias reales de diálogo, participación y construcción colectiva de políticas públicas, incorporando la voz de usuarios, familiares, trabajadores y organizaciones sociales en los procesos de diseño, seguimiento y evaluación de las estrategias implementadas.

Finalmente, expresaron que persiste un fuerte desgaste y una sensación de frustración frente a la reiteración de promesas incumplidas y a la ausencia de avances concretos en materia de salud mental comunitaria. Señalaron que la salud mental no puede continuar siendo abordada únicamente desde el plano discursivo, sino que requiere decisiones políticas sostenidas, recursos adecuados y un compromiso efectivo con la dignidad y los derechos de las personas.

En este período, se ha acompañado a vecinas y vecinos preocupados por la situación de salud mental de personas de su entorno comunitario, con manifestaciones evidentes de padecimiento psíquico, residentes en su misma cuadra, edificio o área de proximidad territorial.

Las situaciones reportadas refieren, entre otros aspectos, a ruidos persistentes, olores intensos, acumulación de residuos, presencia de animales en condiciones inadecuadas de cuidado, episodios de violencia y conductas de autoagresión.

La realidad constatada evidencia la ausencia de dispositivos territoriales específicos para la captación, seguimiento y abordaje integral de estas situaciones, quedando las intervenciones restringidas, en la mayoría de los casos, a respuestas de emergencia cuando existe riesgo inminente para la propia vida de la persona o para terceros.

En algunos casos, vecinas y vecinos manifiestan resistencia a recurrir al servicio de emergencias 911, al considerar que este no cuenta con dispositivos ni personal específicamente capacitado para el abordaje de situaciones vinculadas al sufrimiento psíquico. Asimismo, expresan preocupación por el riesgo de que las personas con padecimiento en salud mental puedan ser objeto de prácticas de violencia institucional, estigmatización o intervenciones policiales inadecuadas.

A modo de conclusión, compartimos una síntesis de lo tratado en la Mesa de Salud Mental del Oeste, realizada en el asentamiento Cotravi el jueves 21 de mayo.

La situación de salud mental en el Municipio A del oeste de Montevideo presenta un escenario de alta vulnerabilidad social, atravesado por elevados índices de pobreza, desempleo, aislamiento social, violencia y consumo problemático de sustancias, en un contexto de insuficiente presencia estatal y escasos recursos comunitarios. La implementación de la Ley de Salud Mental plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo de atención territorial, comunitario e interinstitucional. Sin embargo, persisten importantes barreras de acceso a los servicios de salud mental, con largas listas de espera, dificultades económicas y escasa disponibilidad de profesionales en el territorio.

El Municipio A concentra elevados índices de pobreza, pobreza infantil y desempleo, condiciones que impactan directamente sobre los procesos de sufrimiento psíquico y deterioro de los vínculos sociales. A ello se suma una insuficiente densidad estatal en el territorio, expresada en la escasa presencia de servicios de proximidad, recursos comunitarios y dispositivos de acompañamiento sostenido.

La demanda creciente evidenció la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención, descentralizar los dispositivos de salud mental y generar respuestas cercanas y oportunas frente a situaciones de sufrimiento psíquico y crisis. Asimismo, se identifica como prioritario promover espacios comunitarios seguros, fortalecer redes barriales, ampliar las propuestas recreativas y culturales y mejorar la articulación entre instituciones y organizaciones sociales para garantizar abordajes integrales y sostenidos en el territorio

 

Infancias

 

Seguimiento al Concejo de Niños y Niñas

El Concejo de Niños y Niñas es un proyecto que se desarrolla en escuelas públicas de Montevideo, cuyo objetivo es promover la educación ciudadana, los derechos de las infancias y su participación en temas de interés público, reconociendo a las niñas y niños como sujetos de derecho. Se apuesta a fomentar el pensamiento crítico, el debate, el juego y la expresión fundamentada, a través de ciclos de talleres lúdico-recreativos. El proceso de trabajo se centra en fortalecer el intercambio, la escucha activa, la reflexión y el acceso a la información para la elaboración de un juicio propio. En la última etapa, para promover que niñas y niños se reconozcan como constructores de su barrio, su ciudad y su comunidad, se generan espacios propicios para la detección de problemáticas que afectan su entorno, así como para la elaboración de propuestas de mejora.

El Concejo culmina con la presentación y fundamentación de sus propuestas en diferentes ámbitos: ante los niños y niñas de otros barrios, y ante diversas autoridades institucionales del Gobierno Departamental.

El Estado uruguayo firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, y en ese marco el Gobierno Departamental de Montevideo contribuye al cumplimiento de los compromisos asumidos, con especial énfasis en los artículos 12 y 13. El artículo 12 reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar libremente su opinión sobre los asuntos que les conciernen y a ser escuchados, debiendo sus opiniones ser consideradas por las personas adultas (UNICEF, 2006, p. 13). En este sentido, corresponde a los gobiernos promover y garantizar espacios de formación ciudadana y participación activa para las infancias. 

La Intendencia de Montevideo integra la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), como espacio y plataforma de intercambio de experiencias y fortalecimiento de políticas públicas locales con perspectiva educativa. Asimismo, como parte de sus compromisos institucionales, la Intendencia de Montevideo adhiere, desde 1999, a la Carta de Ciudades Educadoras, junto a 487 ciudades de todos los continentes, entendiendo la educación desde una perspectiva basada “en los principios de la justicia social, igualdad, civismo democrático, sostenibilidad, calidad de vida y la promoción de sus habitantes” (AICE, 2020, p. 10).

Desde 2018, Montevideo integra también La Ciudad de los Niños, una red de gobiernos locales articulada bajo la perspectiva educativa del reconocido pedagogo Francesco Tonucci, que promueve la participación, la autonomía y el derecho al juego, como factores clave para construir ciudades que pongan en el centro la mirada de niñas y niños. En este marco, la Secretaría de Educación para la Ciudadanía promueve proyectos enfocados en la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como en la participación de las infancias y adolescencias en la creación y desarrollo de políticas públicas. 

Desde la Defensoría entendemos que resulta fundamental realizar un seguimiento sostenido y comprometido de las propuestas elaboradas y presentadas por niños y niñas, procurando que las instancias de participación no queden reducidas a un ejercicio meramente simbólico, sino que puedan traducirse, en la medida de lo posible, en acciones concretas y efectivas. La participación de los niños y niñas adquiere verdadero sentido cuando sus opiniones y planteos son considerados en los procesos de toma de decisiones y cuentan con mecanismos institucionales que permiten su seguimiento y eventual implementación.

En este marco, durante 2025 realizamos un pedido de informe al área de Educación para la Ciudadanía con el objetivo de conocer las actuaciones y avances desarrollados a partir de las propuestas surgidas en el anterior Concejo de Niños. En respuesta, se nos informó que desde dicho sector prioriza especialmente la generación de espacios de participación para niños y niñas. Asimismo, se manifestó la intención de avanzar, a futuro, hacia la asignación de un presupuesto específico que permita fortalecer y dar mayor viabilidad a las propuestas surgidas de estas instancias.

 

Movilidad y Derecho a la Educación

La educación es un derecho humano fundamental protegido por el derecho internacional. Está reconocido en múltiples tratados y declaraciones, de manera destacada en el Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1948, 1989).

Constituye uno de los derechos fundamentales para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, ya que no solo garantiza el acceso al aprendizaje, sino también la posibilidad de construir proyectos de vida, fortalecer la participación ciudadana y reducir desigualdades sociales y territoriales. Sin embargo, para que este derecho pueda ejercerse de manera plena, no alcanza únicamente con la existencia de centros educativos o con la obligatoriedad de la enseñanza. Resulta imprescindible asegurar las condiciones materiales que permitan el acceso real y sostenido al sistema educativo. 

En los barrios periféricos de Montevideo, el acceso a un transporte público eficiente, frecuente y adecuado constituye una condición indispensable para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación. Para miles de niñas, niños y adolescentes, la posibilidad de asistir diariamente a la escuela o al liceo depende directamente de que existan líneas de ómnibus accesibles, recorridos adecuados y horarios compatibles con las jornadas educativas. A diferencia de las zonas céntricas, donde suele existir una mayor concentración de servicios y opciones de movilidad, en muchos barrios alejados, las distancias hacia los centros educativos son considerablemente más largas y las alternativas de traslado son limitadas, lo que profundiza las desigualdades territoriales ya existentes.

Cuando el transporte público presenta problemas de frecuencia, incumplimiento de horarios, saturación de unidades o escasa conectividad entre barrios, las consecuencias impactan directamente en las trayectorias educativas. Las llegadas tarde reiteradas, las dificultades para asistir regularmente o los extensos tiempos de viaje generan desgaste físico y emocional tanto en los estudiantes como en sus familias. En muchos casos, los adolescentes que deben compatibilizar el estudio con el trabajo o con tareas de cuidados encuentran aún más obstáculos para sostener la continuidad educativa cuando el sistema de transporte no brinda respuestas adecuadas. Asimismo, las largas esperas en paradas o terminales pueden implicar situaciones de inseguridad, particularmente en horarios nocturnos o durante el invierno.

Garantizar un transporte público adecuado no implica únicamente asegurar la movilidad de las personas, sino también promover condiciones reales de igualdad en el acceso a derechos fundamentales. El derecho a la educación no se limita a la existencia de centros educativos, sino que requiere que todas las personas puedan acceder a ellos en condiciones dignas, seguras y razonables. En este sentido, las políticas de transporte y las políticas educativas deben comprenderse de manera articulada, especialmente en contextos urbanos donde las desigualdades territoriales condicionan fuertemente las oportunidades de desarrollo.

Desde la Defensoría, hemos trabajado activamente para visibilizar esta problemática e instalarla en la agenda pública, procurando dar cuenta de las dificultades que atraviesan los distintos barrios de Montevideo en materia de acceso y conectividad. En particular, durante este período hemos acompañado y participado en mesas educativas y redes comunitarias de barrios como Casabó, Puntas de Sayago, Capra, Punta de Rieles, Maracaná y Punta Colorada, espacios donde esta temática surge de forma reiterada como una preocupación central para vecinos, vecinas y actores territoriales vinculados a la educación.

Compartimos la importancia de avanzar hacia un sistema de transporte accesible, eficiente y con adecuada conectividad territorial, entendiendo que ello constituye una condición fundamental para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación y otros derechos conexos. El transporte adecuado no solo favorece la asistencia regular a clases, sino también la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades extracurriculares, deportivas, culturales y de apoyo educativo, aspectos esenciales para su desarrollo integral. Asimismo, una mejor conectividad entre los distintos barrios de Montevideo contribuye a fortalecer los vínculos comunitarios, reducir situaciones de aislamiento territorial y generar mayores condiciones de inclusión social. En este sentido, entendemos que las políticas de movilidad deben contemplar especialmente las realidades de los barrios periféricos, procurando que el lugar de residencia no se transforme en una barrera para el acceso, la permanencia y el desarrollo de las trayectorias educativas.

 

Accesibilidad

La promoción de los derechos de las personas en situación de discapacidad constituye una de las líneas de trabajo permanentes de la Defensoría. Desde una perspectiva de derechos humanos, se impulsa la incorporación de criterios de accesibilidad e inclusión en las distintas acciones institucionales, promoviendo la eliminación de barreras y la participación plena de todas las personas.

En este marco, mantenemos un diálogo permanente con el Consejo de Personas en Situación de Discapacidad, participando en instancias de intercambio y seguimiento que contribuyen a identificar desafíos, necesidades y oportunidades de mejora.

Asimismo, los intercambios desarrollados en la Mesa de Accesibilidad del Segundo Seminario "Derechos en el Territorio" permitieron relevar las principales barreras que continúan afectando el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Entre los desafíos identificados se destacaron las dificultades de acceso al transporte, la vivienda, la salud, el empleo y la educación, así como la necesidad de fortalecer la coordinación entre organismos públicos para generar respuestas más integrales y efectivas. Los aportes recogidos en esta instancia constituyen insumos relevantes para el seguimiento de la temática y para la promoción de acciones orientadas a la inclusión, la accesibilidad y el ejercicio pleno de derechos.

Cabe destacar que, durante el período, la Defensoría procuró incorporar criterios de accesibilidad en la planificación y desarrollo de sus actividades públicas. En este sentido, gran parte de los eventos, seminarios y jornadas organizados contaron con interpretación en Lengua de Señas Uruguaya (LSU) y fueron realizados en espacios accesibles, favoreciendo la participación de personas con discapacidad física y de otros colectivos que enfrentan barreras para el acceso a la información y a los ámbitos de intercambio. Estas acciones reflejan el compromiso institucional con una mirada transversal de la accesibilidad, entendida como una condición indispensable para garantizar la participación plena y el ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas. 

Por otro lado, continuamos abordando esta temática de forma transversal en toda la institución, promoviendo la incorporación de la perspectiva de accesibilidad en las áreas de gestión, atención y comunicación. La experiencia acumulada a partir del monitoreo del Primer Plan de Accesibilidad de la Intendencia de Montevideo sigue siendo un aporte relevante para la Defensoría.

 

Plataforma Infancias y Adolescencias

La Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS) es una alianza de organizaciones de primer y segundo grado comprometidas con la promoción, protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Uruguay. Se creó en diciembre del 2020, a iniciativa de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG), el Comité de los Derechos del Niño Uruguay (CDNU), la Asociación Uruguaya de Educación Católica (AUDEC), la Federación de Instituciones de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adolescencia (FIPANA) y la Red Pro Cuidados. Todas estas entidades a su vez, nuclean un conjunto de organizaciones con presencia en todo el país. A partir de esta convocatoria se fueron sumando otras organizaciones e instituciones (sociales, culturales, académicas, profesionales) vinculadas al campo de los derechos de las infancias y adolescencias.

La Defensoría y la PIAS comparten preocupaciones, desafíos y oportunidades vinculados a diversas realidades territoriales de Montevideo. En los distintos encuentros mantenidos surgieron con especial relevancia las problemáticas asociadas a la movilidad y la conectividad que afectan las trayectorias y el acceso a derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las múltiples formas de violencia con expresión territorial y los crecientes desafíos vinculados a la salud mental en distintos municipios de la capital.

Asimismo, coincidimos en la importancia de avanzar hacia una ciudad pensada desde y para las infancias y adolescencias, incorporando esta perspectiva en los espacios de participación ciudadana y en herramientas de planificación y decisión colectiva, como los presupuestos participativos. En este marco, el acceso al deporte, la cultura, la recreación y los espacios comunitarios surgió como un aspecto central para garantizar el bienestar integral, fortalecer los vínculos sociales y promover la participación activa de niñas, niños y adolescentes en la vida de sus barrios.

Durante los intercambios también se analizaron situaciones de especial preocupación, como el trabajo infantil —particularmente visible en las ferias barriales—, la necesidad de ampliar propuestas culturales y comunitarias, y la generación de alternativas de cuidados que acompañen las realidades territoriales. Del mismo modo, se abordó el impacto de las violencias presentes en distintos barrios, especialmente aquellas vinculadas al uso de armas de fuego y a las denominadas “balas perdidas”, situaciones que afectan gravemente la vida, la integridad y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

La Defensoría participó en el conversatorio “Construyendo respuestas territoriales a la violencia hacia niñas, niños y adolescentes” organizado por la Intendencia de Montevideo junto con la PIAS, en el marco del Día Mundial contra el Maltrato Infantil. Este encuentro, celebrado en abril de 2026, buscó articular acciones entre la sociedad civil y el gobierno local, abordando la urgencia de entornos seguros y la necesidad de respuestas territoriales integrales y articuladas para la protección de los derechos.

Como primera acción conjunta, se acordó la realización de conversatorios en los diferentes municipios, así como la planificación de acciones locales para 2027 que permitan recoger, visibilizar y jerarquizar las voces, experiencias y propuestas de niñas, niños y adolescentes en relación con la ciudad que habitan.

 

Hacia un presupuesto participativo con perspectiva de infancias

A raíz del trabajo en conjunto con la PIAS y de los debates en torno al concepto de “derecho a la ciudad con perspectiva de infancias”, desde la Defensoría promovimos una instancia de intercambio con Claudio Visillac, Director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia, y María Margarita Thove, Directora de la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud, con el objetivo de comenzar a pensar la incorporación de una perspectiva de infancias en el proceso de evaluación del presupuesto participativo. En dicho marco, se planteó la posibilidad de avanzar hacia la creación de un comité evaluador o mecanismo específico que contemple las necesidades, miradas y derechos de niños, niñas y adolescentes en las propuestas presentadas.

En la edición de 2026 del presupuesto participativo se incorporó una consulta destinada a identificar si la propuesta presentada contemplaba la mirada de niños y niñas. No obstante, este aspecto no cuenta con un desarrollo posterior ni con criterios específicos de evaluación asociados, dado que su incorporación no fue prevista originalmente en las bases y condiciones de la presente edición. En consecuencia, introducir modificaciones sustantivas en esta etapa del proceso podría contravenir los principios jurídicos y procedimentales que rigen el concurso.

En este contexto, desde la Defensoría se diseñó una propuesta preliminar denominada “Infancias que Deciden”, orientada a promover la participación protagónica de las infancias mediante la evaluación de las propuestas ganadoras del presupuesto participativo de 2026 desde la mirada de niños, niñas y adolescentes que habitan en los territorios próximos a su implementación. A partir de los resultados de estas evaluaciones se elaborarán recomendaciones dirigidas a las autoridades departamentales y municipales, con el objetivo de promover la incorporación de la perspectiva de infancias en futuras ediciones del presupuesto participativo. De esta forma, se busca avanzar hacia una participación más protagónica de niñas, niños y adolescentes de cara a la edición de 2028, fortaleciendo mecanismos de participación que contemplen su derecho a opinar, habitar, pensar y construir la ciudad.

 

Acuerdo con la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP

En mayo de 2025 se realizó un encuentro de trabajo con la Dirección de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), habida cuenta de la convergencia de intereses y áreas de trabajo vinculadas a la promoción, protección y ejercicio efectivo de los derechos humanos, especialmente en relación con niños, niñas y adolescentes. Al analizar el mandato de ambas instituciones, pueden identificarse diversas líneas de convergencia: promoción y protección de derechos, participación y protagonismo, convivencia y ciudadanía, derecho a la ciudad y al territorio.

La Dirección de Derechos Humanos de la ANEP aporta la dimensión educativa y pedagógica, mientras que la Defensoría contribuye con su capacidad de escucha, incidencia y articulación con las políticas públicas departamentales. Esta complementariedad permite construir puentes entre los centros educativos, el territorio y los ámbitos de toma de decisiones públicas.

Como acción concreta, se coordinarán actividades en torno al proyecto Participación comunitaria: Derechos en acción, que forma parte de la línea de Ampliación del Tiempo Educativo (ATE) de la ANEP para el período 2026. Se trata de una propuesta educativa contextualizada que busca promover transformaciones concretas en las comunidades a partir de la participación activa de adolescentes de educación media.

La iniciativa se orienta a la formación integral de las y los estudiantes, promoviendo el ejercicio de los derechos humanos, la convivencia democrática y la construcción colectiva de ciudadanía y bienestar. Se desarrolla principalmente en el área de Prácticas Ciudadanas y Acción Comunitaria, e integra, asimismo, componentes vinculados al arte, la ciencia y el deporte.

El proyecto se sustenta en los principios de igualdad, inclusión y derechos humanos, procurando generar experiencias educativas significativas que reconozcan la diversidad de contextos y trayectorias de los centros educativos participantes. Asimismo, busca consolidarse como una propuesta sostenible y replicable en el tiempo.

En este marco, la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo asumió el compromiso de promover y difundir la propuesta en los distintos municipios del departamento. Asimismo, se comprometió a sistematizar y canalizar las iniciativas y propuestas de acción comunitaria elaboradas por los grupos de adolescentes participantes, que se transformaron en recomendaciones dirigidas al Poder Legislativo Departamental y al Poder Ejecutivo Departamental, con el objetivo de contribuir a la incorporación de las perspectivas y demandas de las adolescencias en las políticas públicas locales.

 

Junta Nacional de Drogas: Plan nacional de prevención

En el mes de mayo, el área de Prevención de la Junta Nacional de Drogas invitó a la Defensoría a sumarse al proceso participativo de diseño y discusión del Sistema Nacional de Prevención (SNP). El SNP constituye un componente clave de la Estrategia Nacional de Drogas 2026–2030, que concibe la prevención como un eje central de la política pública desde una perspectiva integral, intersectorial y centrada en las personas.

Su creación responde al objetivo de desarrollar un sistema integrado de prevención y promoción de la salud en distintos ámbitos de la vida social y a lo largo de todo el ciclo vital. La estrategia busca fortalecer las comunidades y hacerlas más saludables, resilientes e inclusivas, promoviendo factores de protección y reduciendo las condiciones de vulnerabilidad asociadas a los consumos problemáticos y otros riesgos emergentes. Su creación responde al objetivo de desarrollar un sistema integrado de prevención y promoción de salud en distintos niveles —universal, selectivo e indicado— y ámbitos de la vida social, a lo largo de todo el ciclo vital. La estrategia busca fortalecer las comunidades, y hacerlas más saludables, resilientes e inclusivas, promoviendo factores de protección y reduciendo las condiciones de vulnerabilidad asociadas al consumo problemático y otros riesgos emergentes.

A partir de este acercamiento, la Defensoría acordó con el Área de Prevención articular la llegada a nivel territorial del programa Tu Barrio se Mueve, orientado a la prevención comunitaria del consumo problemático de drogas, la promoción de la convivencia y el fortalecimiento de redes barriales. 

La Defensoría propone anclar la propuesta en algunos barrios con colectivos organizados que han formulado planteos específicos en materia de prevención de situaciones de violencia y exclusión social, fortalecimiento de la participación vecinal, articulación interinstitucional para mejorar la respuesta estatal en los barrios.

Esta articulación busca combinar las capacidades técnicas y el trabajo comunitario de la JND con la presencia territorial de la Defensoría y su vínculo con los vecinos organizados y los dispositivos descentralizados de la Intendencia.

 

Mediación comunitaria 

El programa de mediación de la Defensoría continúa desarrollando instancias permanentes de capacitación, espacios de intercambio de experiencias y abordaje de asuntos ingresados o por oficio. 

Del análisis de los casos más relevantes abordados durante el período del informe se observa que una proporción significativa de las problemáticas tratadas corresponde a conflictos vinculados a la convivencia vecinal, tales como ruidos molestos, disputas relacionadas con animales domésticos, conflictos por árboles o límites de propiedad, desacuerdos en torno al uso de espacios comunes y situaciones de hostigamiento entre vecinos.

En este sentido, se estima que aproximadamente el 43,3 % de los conflictos analizados se inscriben dentro de la categoría de convivencia, lo que evidencia que la vida urbana constituye un espacio en el que la proximidad física entre las personas y la diversidad de prácticas cotidianas pueden generar tensiones que requieren canales institucionales adecuados para su abordaje y resolución.

Asimismo, en varios de los casos analizados, las personas recurren a la Defensoría luego de haber intentado resolver el conflicto por otras vías, tales como el diálogo directo entre las partes, la presentación de reclamos ante administraciones de edificios o la realización de denuncias policiales. Cuando estas instancias previas no logran resolver la situación, la mediación surge como una herramienta alternativa orientada a restablecer el diálogo, favorecer la comunicación y promover acuerdos mutuamente satisfactorios entre las partes involucradas.

La Defensoría está implementando el proyecto Red de Convivencia, Mediación y Facilitación Comunitaria con el propósito de fortalecer la convivencia barrial, crear ciudad a partir de los diferentes intereses y promover la transformación pacífica de los conflictos territoriales a través del diálogo, la participación y la construcción colectiva de acuerdos. 

La mediación comunitaria propone una perspectiva basada en la transformación pacífica y creativa de los conflictos dentro del espacio simbólico y territorial de la comunidad, partiendo del reconocimiento de los saberes y experiencias de las propias vecinas y vecinos, quienes conocen las dinámicas de sus barrios, sus historias, problemáticas y estrategias cotidianas de convivencia.

El proyecto propone la conformación de una red de agentes comunitarios capacitados en mediación y facilitación comunitaria, capaces de intervenir en los territorios identificando problemáticas, promoviendo instancias de diálogo y construyendo colectivamente estrategias de prevención y transformación de conflictos. Para ello se desarrolla un proceso de capacitación continuó interdisciplinario con contenidos vinculados al análisis territorial de la conflictividad urbana. La formación aborda herramientas conceptuales y metodológicas orientadas a comprender la génesis de los conflictos, las transformaciones urbanas y las diversas formas de apropiación y uso del territorio.

Asimismo, se abordarán las desigualdades estructurales que atraviesan los conflictos comunitarios, incorporando perspectivas vinculadas a la discriminación étnico-racial, de género, la subalternidad y la interseccionalidad, con el objetivo de promover relaciones más igualitarias y procesos participativos inclusivos.

La metodología aplicada es a partir del diálogo de saberes, la escucha activa y la observación participante, reconociendo la existencia de conocimientos y prácticas comunitarias frecuentemente invisibilizadas. En este sentido, se trabajará sobre distintos métodos de transformación de conflictos, incluyendo los denominados Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC), profundizando en sus características, aplicaciones y herramientas prácticas.

La red de agentes comunitarios capacitados prevé el desarrollo de intervenciones territoriales orientadas a identificar conflictos barriales, generar instancias de diálogo y construir acuerdos de convivencia. Entre las problemáticas identificadas se encuentran situaciones vinculadas al uso del espacio público, contaminación sonora, conflictos culturales, ferias vecinales, tenencia de mascotas, procesos de gentrificación, movilidad urbana y situaciones de personas en situación de calle y sinhogarismo.

En este marco, la experiencia desarrollada en el Municipio C constituyó un antecedente relevante para el proyecto. A través de un ciclo de talleres de acercamiento a la mediación comunitaria, se promovió una mirada crítica y participativa sobre los conflictos territoriales, fortaleciendo capacidades comunitarias y generando espacios de intercambio entre vecinas y vecinos. 

Entre los conflictos abordados se destacaron las pintadas de cuadros de fútbol en viviendas y espacios públicos, los problemas de convivencia vinculados a personas en situación de calle, los ruidos molestos generados por ensayos de comparsas y murgas, así como dificultades relacionadas con el tránsito y el transporte colectivo. En estas instancias participaron más de 60 vecinas y vecinos de los centros comunales zonales, fortaleciendo la construcción colectiva de alternativas para la convivencia barrial.

Asimismo, se realizó en el Espacio Colabora una Clínica de Conflictos Comunitarios, con participación de representantes de todos los municipios, concebida como un espacio de intercambio y articulación entre instituciones y organizaciones vinculadas a la convivencia en los territorios. Durante la jornada se trabajó sobre casos relacionados con ruidos molestos, uso de espacios públicos, personas en situación de calle, problemas habitacionales y procesos de realojo, promoviendo la reflexión sobre la importancia de los abordajes integrales, el diálogo y la coordinación institucional para la construcción de respuestas colectivas frente a conflictos comunitarios.

En el marco de las coordinaciones interinstitucionales desarrolladas con la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), se llevaron a cabo, durante el mes de noviembre de 2025, dos talleres de mediación comunitaria dirigidos a personas referentes de distintos complejos habitacionales vinculados a dicha institución.

Esta iniciativa permitió, además, la reedición de una publicación sobre mediación comunitaria, con el objetivo de fortalecer la difusión de herramientas para la gestión pacífica de conflictos en el ámbito comunitario.

Los talleres estuvieron a cargo de Leslie Falca y Rafael Ramil, mediadores con amplia experiencia en el abordaje de conflictos desde una perspectiva comunitaria.

En consonancia con las acciones desarrolladas, se realizó un llamado para la conformación de una lista de prelación de hasta diez mediadores/as de la Defensoría. El propósito es conformar una lista de mediadores/as comunitarios/as para intervenir en conflictos territoriales y promover acuerdos de convivencia en distintos barrios de Montevideo.

Las etapas del llamado consistieron, en primer lugar, en la presentación del currículum vitae, una carta de motivación, una propuesta metodológica y, cuando correspondiera, una carta de aval institucional.

En segundo lugar, se realizaron entrevistas individuales con las personas postulantes.

Una vez finalizadas estas etapas, se comunicaron los resultados a las personas participantes y se publicó en el sitio web la lista de prelación correspondiente.

La lista de prelación resultante del presente llamado podrá ser puesta a disposición de organismos e instituciones públicas o privadas que trabajen articuladamente con la Defensoría, a fin de atender necesidades de personal técnico idóneo para la prevención, gestión y resolución de conflictos territoriales.

Por otra parte, en el marco del acuerdo de cooperación académica celebrado con la Universidad Internacional de Valencia (VIU) correspondiente al Máster Universitario en Mediación y Gestión del Conflicto, se desarrolló una instancia de prácticas profesionales supervisadas en el Área de Mediación Comunitaria durante el período comprendido entre octubre de 2025 y marzo de 2026, con una carga total de 100 horas. 

La experiencia constituyó una instancia de fortalecimiento institucional para el Área de Mediación Comunitaria, permitiendo incorporar apoyo técnico en la gestión cotidiana de los asuntos de conflictos comunitarios y consolidar antecedentes de cooperación académica internacional impulsados por la Defensoría. 

En este marco, la mediadora en formación participó en dispositivos de admisión, orientación, análisis de mediabilidad, seguimiento e intervención en situaciones de convivencia urbana, integrándose al trabajo desarrollado por el equipo técnico de la Defensoría desde una perspectiva de derechos humanos, convivencia y abordaje territorial.

La práctica permitió generar insumos y herramientas técnicas orientadas al fortalecimiento de los procesos internos del área, contribuyendo a la sistematización de criterios de actuación y a la construcción de materiales de apoyo para futuras experiencias de formación y pasantías vinculadas a mediación comunitaria. 

En el período de prácticas se realizaron 36 intervenciones de mediación comunitaria, se participó en tres talleres comunitarios y se realizaron visitas barriales orientadas al abordaje territorial de situaciones de convivencia y conflictividad urbana. Las intervenciones comprendieron situaciones entre vecinos y vecinas, así como conflictos en los que las partes involucradas incluían instituciones públicas, organizaciones privadas, colectivos barriales, clubes deportivos y actores comunitarios vinculados al uso compartido del espacio urbano y a problemáticas de convivencia territorial. 

Entre las principales temáticas abordadas se destacan: ruidos molestos, conflictos en propiedad horizontal, convivencia en complejos habitacionales, tenencia de mascotas, medianeras y arbolado, hostigamiento vecinal y conflictos territoriales vinculados a actividades culturales, recreativas y deportivas. 

La experiencia reafirmó el valor de la mediación comunitaria como herramienta institucional de prevención, gestión y transformación pacífica de conflictos urbanos, así como la importancia de continuar promoviendo espacios de formación y cooperación académica impulsados desde la Defensoría. 

Asimismo, se confirmó la complejidad de los conflictos urbanos contemporáneos y la importancia de contar con dispositivos institucionales de proximidad orientados a la escucha, el diálogo y la construcción de convivencia, y de la gestión colaborativa de los conflictos. Por último, la experiencia fortaleció el vínculo entre la Defensoría y los espacios de formación académica internacional, consolidando antecedentes institucionales para futuras instancias de cooperación y prácticas profesionales vinculadas a la mediación comunitaria y la convivencia ciudadana.

En consonancia con estos antecedentes, la Defensoría propone avanzar en la consolidación de una metodología de intervención territorial basada en la construcción de pactos de convivencia y en la promoción del derecho a la ciudad, concepto desarrollado por Henri Lefebvre, que refiere al derecho colectivo de todas las personas a habitar, usar y transformar el espacio urbano en condiciones de igualdad, justicia e inclusión. Desde esta perspectiva, el espacio público se concibe como un patrimonio común y la convivencia urbana como una construcción democrática que requiere participación, corresponsabilidad y diálogo permanente entre las instituciones, las organizaciones sociales y la ciudadanía.

En conclusión, el proyecto se propone fortalecer el tejido social y validar metodologías participativas de intervención barrial orientadas a la prevención y transformación pacífica de los conflictos urbanos, promoviendo formas democráticas e inclusivas de convivencia y consolidando la figura del mediador y facilitador comunitario como actor clave para la construcción de ciudadanía y cohesión social en los territorios.

En este período se elaboró una guía de admisión para los asuntos de mediación que llegan a la Defensoría, con el objetivo de mejorar la atención de las situaciones que se reciben día a día. Esta herramienta permite relevar información básica sobre el conflicto, conocer el vínculo entre las partes y valorar si existen condiciones para iniciar un proceso de diálogo. Asimismo, se busca orientar las intervenciones y facilitar posibles derivaciones cuando corresponda, sin sustituir el trabajo realizado por el mediador. El documento completo estará disponible en el anexo.

 Clínica de Conflictos Comunitarios realizada en el Espacio Colabora, donde se trabajo con diferentes actores, y se dio cierre al conjunto de actividades con la entrega de un certificado.

 

Transporte público

La Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo viene desarrollando una línea de trabajo vinculada a la movilidad urbana y el fortalecimiento de los derechos asociados al transporte público colectivo, entendiendo que este constituye un servicio esencial y una herramienta fundamental para garantizar el acceso y ejercicio efectivo de otros derechos, como el derecho a la ciudad, la accesibilidad, la inclusión social, entre otros.

En este marco, la Defensoría participó en la Comisión de Movilidad de la Junta Departamental de Montevideo, el día 6 de mayo de 2026, donde presentó el trabajo desarrollado en esta materia. Asimismo, se elaboró una propuesta orientada a promover un sistema de transporte más seguro, eficiente, inclusivo y de calidad, basada en el análisis comparativo de buenas prácticas internacionales, la normativa vigente en Uruguay y los aportes realizados por personas usuarias del sistema.

La iniciativa busca contribuir a la construcción de un modelo de movilidad en el que todos los actores involucrados —personas usuarias, trabajadoras y trabajadores, empresas operadoras y autoridades departamentales— conozcan claramente sus responsabilidades y puedan ejercer y exigir sus derechos, fomentando una cultura de respeto mutuo, convivencia y mejora continua del servicio. La propuesta incorpora un enfoque integral de derechos y responsabilidades compartidas.

En este sentido, la Defensoría entiende necesario complementar el abordaje tradicional centrado en las obligaciones de las personas usuarias, incorporando una perspectiva de derechos. Si bien el artículo D.768.55 y siguientes del Digesto Departamental establece las obligaciones de las personas usuarias del transporte público, también señala que “toda persona tiene en general derecho a viajar en ómnibus para transporte público” (Intendencia de Montevideo, s. f., art. D.768.55). A partir de este enfoque, y del trabajo desarrollado junto a la Coordinadora de Usuarias y Usuarios del Transporte Público, se identifican los siguientes aspectos como prioritarios. 

En relación con los derechos de las personas usuarias, se destaca la necesidad de garantizar información clara y accesible sobre rutas, horarios, tarifas y estado del servicio; condiciones adecuadas de calidad y seguridad; accesibilidad; no discriminación en el acceso; mecanismos eficaces de reclamo y respuesta; compensaciones ante fallas del servicio; cumplimiento de frecuencias y salidas programadas; así como la participación ciudadana en procesos de modificación de líneas y modos de transporte.

Asimismo, se promueve la difusión de las obligaciones de las personas usuarias, vinculadas al pago del boleto correspondiente, el respeto hacia otras personas pasajeras y trabajadoras, el cuidado de las unidades, el uso adecuado de los espacios comunes y el cumplimiento de normas básicas de convivencia dentro del transporte público.

En cuanto a los derechos de las trabajadoras y trabajadores del transporte, se plantea la importancia de asegurar condiciones laborales adecuadas, remuneración justa, seguridad laboral, capacitación continua y libertad sindical. Del mismo modo, se enfatizan sus obligaciones en relación con el trato respetuoso hacia las personas usuarias, la conducción segura, la prohibición del uso del celular durante la conducción, el mantenimiento de las condiciones del vehículo, la correcta información al público y el adecuado acercamiento al cordón en las paradas.

Con respecto a las empresas operadoras, la propuesta reconoce su derecho a la sostenibilidad económica, la seguridad jurídica y la participación en los procesos de decisión vinculados al sistema. A su vez, se subraya su responsabilidad de garantizar la continuidad y regularidad del servicio, mantener las unidades en condiciones adecuadas, brindar información clara, atender reclamos y cumplir con todas las obligaciones laborales correspondientes.

En relación con la autoridad departamental, se reafirma su rol de regulación, fiscalización y control del sistema de transporte, así como su potestad sancionatoria. Asimismo, se destaca la obligación de planificar el sistema de movilidad, garantizar los derechos de las personas usuarias, promover la transparencia y asegurar instancias de participación efectiva de todos los actores involucrados, incluyendo procesos previos a licitaciones o cambios relevantes en el servicio.

Como parte de esta línea de trabajo, la Defensoría propone impulsar una serie de asambleas territoriales en los Municipios F, D, A y G, con el objetivo de generar espacios de intercambio, participación y construcción colectiva sobre movilidad y transporte público. Estas instancias buscarán promover la discusión pública sobre los derechos y obligaciones de los distintos actores del sistema, recoger aportes de vecinas y vecinos e identificar problemáticas y propuestas específicas de cada territorio.

La Defensoría entiende que avanzar hacia un sistema de movilidad más humano, accesible, eficiente y territorialmente equilibrado requiere fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, profundizar la coordinación institucional y promover una perspectiva centrada en los derechos, la convivencia y la corresponsabilidad social.

En este marco, la Defensoría continuará impulsando actividades orientadas a promover la reflexión y el debate sobre la actualización de los derechos de las personas usuarias del transporte público de Montevideo. Estas acciones forman parte de una línea de trabajo sostenida que incluye la participación en ámbitos institucionales, la realización de asambleas territoriales y el análisis de los resultados de la consulta pública sobre transporte.

 

Consulta Pública sobre Transporte 

Como parte de este proceso, el 5 de febrero de 2026, la Defensoría, junto con la Coordinadora de Usuarias y Usuarios del Transporte Público, impulsó una consulta sobre el transporte público de Montevideo, con el objetivo de recoger aportes ciudadanos orientados a la mejora del sistema. La convocatoria, abierta hasta el 4 de mayo de 2026, estuvo dirigida a todas las personas usuarias del transporte público de la ciudad, y promovió la participación a partir de las experiencias cotidianas de movilidad.

La consulta recibió un total de 504 respuestas, reflejando el interés y la preocupación de la ciudadanía en torno al funcionamiento y al futuro del sistema de transporte público. Asimismo, en el marco del Seminario de Derechos en el Territorio, en el mes de marzo se presentó un primer avance de los resultados obtenidos, como parte de las instancias de reflexión y debate sobre participación ciudadana y políticas públicas. 

La instancia permitió intercambiar visiones sobre las transformaciones proyectadas para el sistema de movilidad metropolitana, identificando tanto consensos respecto de la necesidad de avanzar hacia un modelo más eficiente e integrado como preocupaciones vinculadas a la participación ciudadana, la equidad territorial, la accesibilidad y las prioridades de inversión. Entre los principales planteos surgidos durante el intercambio, se destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de información y consulta pública, garantizar una planificación verdaderamente metropolitana y contemplar las necesidades de los distintos territorios y de las diversas poblaciones usuarias. También se subrayó la necesidad de asegurar condiciones adecuadas de accesibilidad, convivencia y calidad del servicio, especialmente para las personas mayores y otros sectores con mayores dificultades de movilidad. 

A partir de las 504 respuestas obtenidas en la consulta pública, se identifican percepciones relevantes sobre la infraestructura y el funcionamiento del sistema de transporte, particularmente en relación con las paradas, la frecuencia del servicio y la accesibilidad.

Se observa una participación diversa en términos etarios. La franja de edad con mayor representación corresponde a personas de 36 a 45 años (29,7 %), seguida por el grupo de 26 a 35 años (19,7 %) y el de 46 a 55 años (18,1 %).

 

En cuanto a la composición por sexo-género, la participación estuvo distribuida principalmente entre mujeres (46,7%) y hombres (49,8%). Las mujeres trans y los hombres trans representaron el 0,66% y el 0,22% respectivamente.

 

Respecto a la percepción sobre el estado de las unidades, la valoración predominante fue regular con 38,6%; el 35,9% las calificó como buenas y el 4,7% como muy buenas. Por otra parte, el 15,2% consideró que el estado era malo, mientras que el 5,7% lo evaluó como muy malo.

En relación con la discapacidad, se registraron 39 respuestas. La discapacidad motriz fue la más frecuente, representando el 50% de los casos.

Al evaluar la disponibilidad de unidades accesibles, el 38,4% de las personas indicó que estas son regulares y el 14% frecuentes. Sin embargo, un porcentaje significativo manifestó una percepción menos favorable: el 32,8% señaló que son poco frecuentes y el 12,7% muy poco frecuentes. Esto evidencia avances en materia de accesibilidad, aunque persisten desafíos para garantizar una cobertura adecuada de unidades adaptadas.

En cuanto al estado y conservación de las paradas, las opiniones se distribuyen de manera relativamente equilibrada. El 28,6% de las personas encuestadas calificó la situación como regular, mientras que un 10,1% la consideró buena y un 1,6% muy buena. Por otro lado, el 27,6% evaluó el estado de las paradas como malo y el 32,1% como muy malo. Estos resultados muestran que, si bien existe una valoración positiva por parte de una proporción importante de usuarias y usuarios, persisten oportunidades de mejora en materia de mantenimiento y conservación.

Respecto a la frecuencia del servicio, el 43,1% de las respuestas indicó que el servicio es regular y el 15,7% frecuente. En contraste, el 29,9% consideró que la frecuencia es poco frecuente y el 10% muy poco frecuente.

Por último, en relación con la ubicación y distribución de las paradas, la mayoría de las personas expresó una valoración positiva. El 41,9% las consideró adecuadas y el 5,1% muy adecuadas. Por su parte, el 14,6% señaló que son poco adecuadas y el 9,7% muy poco adecuadas.

De las 12 preguntas que integraron la consulta, las dos últimas recogieron propuestas y sugerencias formuladas por vecinas y vecinos. A efectos de su análisis, las respuestas fueron sistematizadas por temáticas, agrupando aquellas expresiones que hacían referencia a aspectos o problemáticas similares. Así, por ejemplo, referencias como “en hora”, “puntual” o “a tiempo” fueron incorporadas dentro de la dimensión vinculada a la frecuencia y al cumplimiento de los horarios. En la presentación de los resultados se exponen, en primer lugar, las principales dimensiones identificadas y, posteriormente, las expresiones más frecuentes relevadas dentro de cada una de ellas.

Mapa de palabras que representa en proporcionalidad al tamaño de las palabras, la cantidad de veces que estas se nombraron, en las respuestas abiertas de la Consulta Pública sobre Transporte Público.

Imágenes tomadas durante el período de la Consulta Pública, donde se mantuvieron reuniones con usuarios del transporte.

Frecuencia de utilización de las líneas de ómnibus según la consulta pública sobre el transporte público. 

 

Acumulación Compulsiva - Diógenes

La acumulación compulsiva constituye una problemática compleja y multicausal que involucra dimensiones sanitarias, sociales, comunitarias y de convivencia. Si bien en el lenguaje cotidiano muchas de estas situaciones suelen identificarse como “síndrome de Diógenes”, que refiere a un trastorno del comportamiento caracterizado por el descuido extremo de la higiene personal, el aislamiento social y la acumulación compulsiva de basura y objetos sin utilidad dentro del propio domicilio, corresponde señalar que dicha denominación refiere a un cuadro clínico cuyo diagnóstico compete exclusivamente a profesionales de la salud. En consecuencia, desde la Defensoría se procura abordar estas situaciones desde una perspectiva más amplia, centrada en las manifestaciones de la acumulación compulsiva y sus efectos sobre las personas, sus vínculos y el entorno, evitando atribuir diagnósticos que excedan las competencias institucionales.

En este sentido, la propia Defensoría señalaba años atrás que esta problemática comprende “un desorden del comportamiento, una conducta de aislamiento, con ruptura de las relaciones sociales, negligencia de las necesidades de higiene personal y ambiental, reclusión domiciliaria, rechazo de las ayudas sociales o familiares y negación de la situación patológica. Se expresa como la acumulación compulsiva y descontrolada de todo tipo de objetos, ropa usada, papel, envases vacíos, basura, comida y muchas veces animales dentro y fuera de la casa, ocupando todo el espacio posible del suelo al techo” (Defensoría del Vecino, 2010, p. 171).

En la misma línea, Elizalde (2018), en su investigación Aproximación al síndrome de Diógenes: un grupo humano estigmatizado, cuestiona la comprensión del denominado síndrome de Diógenes como una problemática circunscrita exclusivamente al campo de la salud mental y plantea la necesidad de incorporar otras disciplinas en su abordaje. Asimismo, sostiene que su comprensión no involucra únicamente a la persona afectada, sino también a su entorno y a la comunidad, destacando la importancia de las redes familiares y sociales y de intervenciones que trasciendan un modelo centrado exclusivamente en la enfermedad. Este enfoque contribuye a fundamentar las estrategias de intervención que la Defensoría ha estado promoviendo, basadas en la articulación interinstitucional, el trabajo territorial y la búsqueda de respuestas integrales frente a estas situaciones.

Este fenómeno se manifiesta de distintas formas y afecta tanto a las personas involucradas como a su entorno. Entre sus principales características se encuentran el descuido personal y del hogar, las condiciones de higiene y salubridad comprometidas, el aislamiento social, la acumulación excesiva de objetos o residuos que obstruyen los espacios de vida, la negación o minimización de la situación y, en muchos casos, el rechazo a recibir ayuda.

La diversidad de situaciones que llegan a conocimiento de la Defensoría evidencia la necesidad de desarrollar herramientas de abordaje que contemplen la complejidad del fenómeno más allá de la existencia de un diagnóstico clínico. La recurrencia de estas situaciones y la experiencia acumulada por la Defensoría en su intervención han impulsado la generación de espacios de intercambio, reflexión y articulación interinstitucional, promoviendo respuestas integrales basadas en la coordinación con los organismos competentes y en la construcción de criterios comunes para la intervención.

Desde hace años, la Defensoría viene trabajando en esta temática, generando herramientas de información y orientación, como el Boletín N.° 3 (octubre de 2008), el folleto informativo institucional y aportes a las pautas de atención sanitaria para pacientes con síndrome de Diógenes, en coordinación con organismos competentes.

Asimismo, participó en la Comisión de Medio Ambiente y Salud de la Junta Departamental de Montevideo, en la que se abordaron los conflictos asociados a la acumulación compulsiva, una situación compleja que afecta la salud, el bienestar y el entorno de las personas involucradas.

La Defensoría destaca su trabajo sostenido en esta temática. En 2025 impulsó instancias interinstitucionales de intercambio y reflexión mediante tres conversatorios realizados en agosto, octubre y diciembre, que contaron con la participación de diversas áreas de la Intendencia de Montevideo, organismos nacionales y equipos técnicos. Estas instancias permitieron avanzar en la coordinación de acciones y en la construcción de un posible plan de actuación conjunto. Asimismo, entre 2025 y 2026 ha intervenido en una decena de situaciones vinculadas a esta problemática, lo que evidencia la frecuencia con que estas situaciones se presentan en el territorio y reafirma la necesidad de contar con herramientas específicas para su abordaje.

En ese marco, el enfoque impulsado por la Defensoría prioriza la cooperación entre instituciones y la participación comunitaria, promoviendo respuestas integrales por sobre abordajes exclusivamente punitivos o fragmentados. Entre las principales líneas de acción se encuentran el fortalecimiento del trabajo interinstitucional y la elaboración de un protocolo común de actuación, con la participación del Ministerio de Salud Pública; la incorporación de esta temática en la agenda pública junto a actores sociales, sanitarios e institucionales; la convocatoria a especialistas para generar instancias de intercambio, seminarios y conversatorios; y la revisión de la normativa vigente con el objetivo de fortalecer las herramientas disponibles para su abordaje.

Actualmente, la Defensoría integra la mesa de trabajo del Municipio C, que se propone abordar esta temática con el objetivo de contribuir a la elaboración de una ruta de actuación, definiendo los actores involucrados, sus competencias y los mecanismos de seguimiento.

En este marco, la Defensoría propone:

• Impulsar la continuidad y el fortalecimiento de este trabajo colectivo, convocando y articulando con las instituciones y organizaciones vinculadas a nivel departamental y municipal, con el objetivo de retomar el espacio interinstitucional y avanzar hacia la elaboración de un protocolo de actuación común. En particular, se considera fundamental la participación del Ministerio de Salud Pública.

• Instalar esta temática en la agenda pública, promoviendo la participación de actores clave provenientes de áreas de desarrollo social, salud mental, gobiernos municipales y la propia Junta Departamental de Montevideo, entre otros, a fin de diseñar respuestas integrales.

• Convocar a especialistas en la materia con el propósito de organizar un seminario o conversatorio conjunto entre la Junta Departamental de Montevideo y la Defensoría.

• Revisar la normativa vigente y, de considerarse necesario, formular recomendaciones que contribuyan a fortalecer las herramientas de abordaje.

Participación e intercambio colectivo sobre el eje temático de acumulación compulsiva con la Comisión de Medio Ambiente y Salud (5 de mayo del 2026).

 

Distribución de los asuntos ingresados a la Defensoría por municipio (2025-2026)

Mapeado que muestra la ubicación por municipio, de los asuntos ingresados en el eje temático de acumulación compulsiva. Cada municipio aparece identificado según la cantidad de casos registrados en su territorio, permitiendo visualizar su ubicación y concentración a nivel municipal.

 

Vivienda

La problemática del acceso al suelo y a la vivienda constituye uno de los temas abordados por la Defensoría a través de las diferentes situaciones y demandas recibidas.

Para muchas familias, acceder a una vivienda resulta cada vez más difícil. Esta realidad impacta especialmente en el mercado de alquileres, donde una parte significativa de los ingresos familiares se destina al pago mensual. Asimismo, existe una creciente cantidad de viviendas vacías y procesos de valorización del suelo e inmobiliaria en áreas centrales y costeras que desplazan población hacia zonas periféricas con menor acceso a servicios urbanos.

La segregación territorial constituye otro aspecto central. En Montevideo persisten diferencias marcadas entre barrios con altos niveles de inversión urbana y otros que presentan déficits de infraestructura, transporte, espacios públicos y acceso a servicios. Esta situación se vincula con procesos históricos de desigualdad y expansión periférica de la ciudad. Diversos estudios académicos señalan que el acceso al suelo urbano es una de las principales barreras para garantizar el derecho a la vivienda.

En este marco, cobran especial relevancia aspectos como:

• el acceso al suelo urbano bien ubicado;

• la permanencia en los barrios;

• el acceso a alquileres asequibles;

• la integración urbana;

• el acceso a servicios y a la movilidad;

• el derecho a la ciudad en condiciones de igualdad.

Actualmente, las políticas públicas combinan diferentes estrategias, entre ellas las cooperativas de vivienda, los subsidios de alquiler, los programas de primera vivienda, la regularización y relocalización de asentamientos, los créditos y la promoción de la construcción privada.

En el trabajo cotidiano de la Defensoría la temática de la vivienda atraviesa diversas problemáticas asociadas, como el acceso a la vivienda, la precariedad habitacional en inmuebles destinados a alquiler, la convivencia, las personas sin hogar, los desalojos, los problemas constructivos, el saneamiento, la salubridad y las situaciones vinculadas a la movilidad humana, entre otras.

 

Participación desde la Defensoría

Colectivo Volver a mi Barrio

La defensoría viene acompañando al colectivo Volver a mi Barrio en las diferentes instancias de participación. Una de ellas es la mesa de trabajo integrada por diversos organismos públicos, cuyo objetivo es contribuir a la reparación integral de las personas y familias afectadas. Este espacio es coordinado por la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo. 

En este marco, se promueve especialmente la formulación de recomendaciones orientadas a las políticas públicas, con el fin de garantizar el acceso equitativo de las personas y familias desalojadas de los conventillos a la educación, la vivienda, la salud, y otros bienes y servicios. Asimismo, estas acciones forman parte de un plan de trabajo más amplio orientados a reducir las brechas de desigualdad, tanto materiales como simbólicas, entre la población afrodescendiente y el resto de la población de Montevideo.

Este proceso tiene como objetivo contribuir a que las víctimas recuperen las condiciones de vida afectadas por las vulneraciones de derechos sufridas. En este sentido, las medidas de reparación procuran revertir los efectos de dichas vulneraciones y pueden comprender, entre otras acciones, medidas de restitución vinculadas a la libertad, la identidad, el empleo y otros derechos fundamentales.

Pensiones

La Defensoría viene acompañando y visibilizando la problemática vinculada a las pensiones como alternativa habitacional. En este marco, participó en diversas actividades impulsadas por el Instituto de Promoción Económico-Social del Uruguay (IPRU) y el Municipio B, orientadas a generar reflexión y sensibilización sobre las condiciones de vida de las personas que residen en estos espacios.

Entre las actividades se encuentra la presentación del informe De lejos no se ve y encuentros vinculados a la muestra itinerante del mismo nombre. Estas propuestas permiten compartir información y promover el intercambio en torno a aspectos como las condiciones de convivencia, los procesos de exclusión social, el uso de los espacios comunes, las trayectorias habitacionales y los desafíos que enfrentan las personas residentes en pensiones para acceder a una vivienda adecuada.

Mesa Hábitat: Espacio Colabora (marzo de 2026)

En el Segundo Seminario de Derechos en el Territorio, organizado por la Defensoría, se desarrolló un panel sobre hábitat y territorio. 

El panel propuso reflexionar sobre la situación de la vivienda en el contexto actual a partir de las perspectivas de distintos actores vinculados a la temática. Se abordaron cuestiones relacionadas con el derecho al suelo, a la vivienda digna y a las diferentes formas de habitar el territorio, analizando las acciones llevadas a cabo hasta el momento y la necesidad de pensar las políticas públicas desde un enfoque de derechos.

Se contó con las exposiciones de representantes de distintas organizaciones e instituciones vinculadas a la temática, entre ellas el Observatorio de Asentamientos (Intendencia de Montevideo, Departamento de Desarrollo Urbano), Miles de Ciudades, Vivienda en Diálogo y el equipo responsable del informe sobre pensiones elaborado por el IPRU.

Territorio

Desde el territorio se abordó la temática de vivienda y sus múltiples complejidades, ya sea por la necesidad de acceso a programas de vivienda; procesos de realojo; mudanza y convivencia en viviendas nuevas promovidas por las políticas estatales; o demandas individuales y colectivas que requieren de una articulación con diferentes organismos del estado. 

 

Personas en situación de movilidad humana

La Defensoría viene abordando desde hace tiempo la temática de las personas en situación de movilidad humana desde una perspectiva de derechos e inclusión social. Este trabajo se desarrolla tanto a partir de las diferentes demandas recibidas como de la participación en diversos ámbitos de construcción colectiva vinculados a la temática. Actualmente, la Defensoría participa en dos mesas de trabajo que reúnen a organizaciones e instituciones que actúan en este ámbito. 

Nodo Municipio B (2025-2026) 

El Nodo Municipio B es un espacio de articulación y encuentro de organizaciones e instituciones que desarrollan su trabajo en dicho municipio. Este ámbito tiene como objetivo coordinar prácticas y reflexionar acerca de la movilidad humana, los derechos humanos de las personas migrantes y su vinculación con la sociedad de acogida (Portal institucional Municipio B).

Acciones desarrolladas hasta la fecha:

- Elaboración de una guía orientadora para personas en situación de movilidad humana.

- Realización de un taller de capacitación dirigido a referentes e integrantes del PIAF y del Nodo.

- Implementación de una encuesta institucional para recabar información sobre la población migrante, con el objetivo de estimar su cantidad en el territorio. 

Problemáticas identificadas: dificultades de acceso a la atención en salud, barreras de acceso al sistema educativo, dificultad para realizar trámites ante organismos del Estado, situaciones de vulnerabilidad social, dificultades de acceso a la vivienda, entre otras.

Mesa de Movilidad Humana del Municipio G (2026)

Se trata de un espacio de articulación a nivel municipal integrado por instituciones. organizaciones y colectivos vinculados a la temática.

En 2026, la Defensoría se incorporó a la Mesa de Movilidad Humana del Municipio G, un espacio interinstitucional destinado a coordinar estrategias territoriales para el abordaje de la población migrante y el fortalecimiento de su acceso a derechos y servicios. En este ámbito se comparten experiencias y se articulan acciones junto a diversos actores, entre ellos la Oficina Territorial del MIDES, el Centro Cívico, el Proyecto Resuena, la Comuna Mujer, el Hospital Saint Bois y el Departamento de Migrantes del Ministerio de Desarrollo Social.

Entre las acciones proyectadas se destaca la elaboración de una guía local de recursos dirigida específicamente a las personas migrantes, así como la promoción de cursos orientados a facilitar la inserción laboral y la autonomía, tales como manipulación de alimentos y libreta de conducir para motos. Asimismo, se prevé la realización de talleres con enfoque interseccional que aborden temáticas como violencia basada en género, discapacidad y migración.

En materia de inclusión digital, se proyecta gestionar ante ANTEL la donación de computadoras, con el objetivo de facilitar el acceso a herramientas informáticas básicas. Esta iniciativa busca atender una de las dificultades recurrentes que enfrentan las personas migrantes para su integración social, educativa y laboral.

La Defensoría reafirma su compromiso con el conocimiento y la atención de las problemáticas que atraviesan las personas migrantes residentes en el oeste de Montevideo. En este sentido, procura comprender en profundidad sus condiciones de vida, los obstáculos que enfrentan en el acceso a derechos y las estrategias que desarrollan para su integración en el territorio. A partir de este acercamiento, la institución busca fortalecer su capacidad de acompañamiento, promover respuestas articuladas con los distintos actores locales e impulsar acciones que contribuyan a garantizar una inclusión plena y el ejercicio efectivo de sus derechos.

Mesa de trabajo: Seminario sobre Derechos en el Territorio de la Defensoría (2026)

La mesa propuso abordar la situación de las personas en situación de movilidad humana y compartir, desde la experiencia, las diferentes vivencias.