La denuncia había sido presentada el 16 de setiembre de 2021 por la bancada de diputados del Frente Amplio por presuntas irregularidades en los procedimientos administrativos de contratación.
Se le impuso a ambos como medidas socioeducativas privativa de libertad, la internación en dependencias del INISA por el término de cuatro años.
Se le impuso como medida socioeducativa privativa de libertad, su internación en dependencias del INISA por el término de cinco años y dos meses, con descuento de la medida cautelar cumplida.
Se le impuso la medida socioeducativa privativa de libertad con internación en dependencias del INISA por el término de ocho años.
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No se logró comprobar ingreso a base de datos con información personal ni seguimiento.
