En 2012 se aprobaron normas consideradas “prioritarias” para todo el período de gobierno
En el año 2012, el Ejecutivo envió al Parlamento 440 mensajes y proyectos de ley, promulgó 162 leyes y firmó 445 decretos. Se incluyen entre dichas normas varias disposiciones que dan inicio o aportan el marco necesario para la concreción de políticas que el Gobierno ha considerado prioritarias para todo el período y que motivaron que 2012 haya sido concebido como un año “bisagra”.
Del mencionado grupo de normas se destacan algunas enumeradas a continuación. La lista no es exhaustiva y corresponde a una parte de las resoluciones tomadas entre el 1.˚de enero y el 31 de diciembre de 2012. Vale tener presente que no están incluidas las normas adoptadas por entes autónomos o servicios descentralizados, ejemplo de ello son las que refieren a la extensión de la fibra óptica (ANTEL), la interconexión eléctrica con Brasil (UTE), el impulso de la planta regasificadora, la exploración petrolera (ANCAP) y las obras de saneamiento reclamadas durante décadas (OSE).
Algunas de las normas aprobadas en 2012:
Por ley se dispuso la incorporación de nuevos colectivos al Seguro Nacional de Salud que llegó a los 2.000.000 de beneficiarios (Ley N.º 18.922).
Se dispuso la transferencia de los recursos del tributo de patentes de rodados al Fondo Nacional de Unificación, a afectos del logro de la patente única en el país (Decreto N.º 47/012).
Se estableció el subsidio —acordado en reunión de Anchorena entre el Gobierno nacional y los intendentes (concretado en Ley N.º 18.860 de diciembre de 2011)— por el que el Ejecutivo asumirá la facturación que realice UTE por alumbrado público a efectos de facilitar nuevo régimen de financiación de adeudos por ese concepto (Decreto N.º 232/012).
Se modernizó el Código Aeronáutico (Ley N.º 18.939).
Se definió un nuevo régimen para el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) (Ley N.º 18.970).
El Ejecutivo quedó habilitado por ley para celebrar un contrato de préstamos con ANCAP para cancelación de la deuda con petróleos de Venezuela, operación que significó un ahorro de más de US$ 200 millones (Ley N.º 18.965).
Quedó aprobada y reglamentada la ley de interrupción voluntaria del embarazo (Ley N.º 18.987).
Se aprobaron cuatro disposiciones legales que contienen incentivos para la captación del turismo externo (Ley N.º 18.999);
Fue modificado el Código Penal en lo referido a delitos de funcionarios públicos y se incluyó una cláusula sobre la pasta base de cocaína al Decreto N.º 14.294 (Ley N.º 19.007).
Comenzó el Programa “Uruguay Crece Contigo”, política pública orientada a los cuidados adecuados a las embarazadas y el desarrollo de niños menores de cuatro años.
Fue definido un nuevo marco regulatorio tendiente a financiar el Servicio Postal Universal en el país (Ley N.º 19.009).
Se creó una pensión para las víctimas de delitos violentos (Ley N.º 19.039).
Fue aprobada la Ley orgánica de la Universidad Tecnológica (UTEC) que estará ubicada en el interior del país (Ley N.º 19.043).
Quedó legalmente habilitada y definida la ubicación del puerto de aguas profundas, en la costa atlántica de Rocha (Ley N.º 19.046);
Se modificó la reglamentación del la Ley N.º 16.906 de Promoción de Inversiones, lo cual implicó cambiar la metodología de evaluación para incentivar a aquellos proyectos que mejoren la calidad del empleo, la descentralización, la innovación tecnológica y las exportaciones (Decreto. N.º 002/012).
Fue implementado y regulado el régimen de documentación fiscal electrónica (Decreto N.º 36/012).
Se impulsó la coordinación del Plan Solar a efectos de promocionar y financiar la adquisición de equipamiento de energía solar térmica (Decreto N.º 50/012).
Se designó a las intendencias departamentales como agentes de retención del IVA, generado en virtud de los contratos de obras y proyectos comprendidos en el Programa de Desarrollo y Gestión subnacional (Decreto N.º 98/012).
Uruguay fue el primer país en aprobar el Convenio Internacional de Trabajo N.º 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), referido al trabajo decente para trabajadoras domésticas (Ley N.º 18.899).
Ante la situación de déficit energético generada por causas climáticas y con el propósito de fomentar el ahorro de energía el Gobierno dispuso la creación del fideicomiso de ahorro y eficiencia energética (Decreto N.º 86/012).
Se creó el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (Decreto N.º 71/012).
Se dispuso que a partir del 1.º de marzo los estudiantes tengan derecho a obtener viajes gratuitos en las distintas empresas de transporte (Decreto N.º 152/012).
Comenzó el pasaje progresivo de las cárceles departamentales a la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) (Decreto N.º 145/012).
Fue actualizado por motivos de buena administración pública el “Texto ordenado de la contabilidad y administración financiera del Estado” (TOCAF) (Decreto N.º 150/012).
A efectos de promover la diversificación de la matriz energética, se habilitó la celebración de contratos de compraventa de energía entre UTE y consumidores industriales que produzcan energía eléctrica en base a energía eólica (Decreto N.º 158/012).
Fueron derogadas disposiciones de 1988 que permitían la censura previa y se extendió el horario de protección al menor.
Fueron reglamentadas las condiciones de trabajo en los telecentros (Decreto N.º 147/012) y el firmado el decreto referente al Estatuto del trabajador rural (Decreto N.º 216/012).
Se dotó de recursos a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto destinados a la ejecución de diversos programas, como el apoyo a la reforma del sistema de justicia penal, el fortalecimiento de la capacidad de gestión del Estado, el fortalecimiento de las políticas de género a nivel local, el apoyo al sistema nacional de respuesta al cambio climático, el impulso a la descentralización y las intendencias departamentales, entre otros.
Fue definida la “Estrategia nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo” y su plan de acción (Decreto N.º 289/012).
Reducción del IVA a bienes y prestaciones de servicios efectuadas a consumidores que utilicen tarjeta de débito Uruguay Social o prestaciones similares (Decreto N.º 288/012).
Fue definido el marco de los servicios de televisión por abonados.
Se aprobó el pliego de bases y condiciones que regirán el llamado a interesados en prestar servicio de televisión digital abierta.