Unos 250 jóvenes privados de libertad podrán acceder a puestos laborales en la construcción
Medidas socioeducativas, como trabajo y educación, abren ámbitos de resocialización y facilitan la reinserción de las personas a cargo del Instituto de Inclusión Social Adolescente, resaltó su presidenta, Gabriela Fulco, en la firma, este viernes 23, de un convenio entre el Mides y el sindicato y la cámara de la construcción. El acuerdo permitirá a unos 250 jóvenes privados de libertad acceder a una experiencia laboral.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a través del Instituto Nacional la Juventud (INJU), y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) firmaron un convenio de cooperación con el Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca) y la Cámara de la Construcción para la inserción laboral de unos 250 jóvenes privados de libertad.
El acuerdo implica la ejecución de una segunda fase de experiencia laboral en el sector de la construcción y es parte de las medidas socioeducativas implementadas en paralelo con la posibilidad que se les brinda de culminar los estudios en primaria o secundaria, explicó en rueda de prensa la titular del Mides, Marina Arismendi.
“Les permite obtener un trabajo formal, con compañeros, jerarquías y un horario, que da como resultado la inserción posterior en el trabajo, gran educador y organizador de la vida colectiva e individual”, añadió.
El convenio alcanzará de manera potencial a unos 250 jóvenes, parte de los cuales son mayores de 18 años y “una franja importante” con 17 años que en el transcurso de la medida cumplirán la mayoría de edad y egresarán, informó Fulco.
Consideró que ese tipo de medidas no constituye únicamente una formación educativa, sino que permite la sociabilización de los jóvenes en un ambiente de trabajo que arraiga un modelo de trabajador, de padre de familia, y habilita resolver conflictos sin violencia.
Fulco informó que, desde el comienzo de la actual gestión, la cantidad de jóvenes infractores descendió de unos 700 a 358. Descartó que la baja responda a la implementación del nuevo Código Penal, porque “es anterior”, y lo atribuyó a que “mucho tiempo de trabajo con políticas sociales que han tocado núcleos de severa vulnerabilidad en la sociedad pueden tener un efecto que hoy recogemos en esta terminal que es el sistema penitenciario juvenil”.
Arismendi aseguró, al respecto, que es la cifra “más baja de la historia” y que “la pelea es ver en qué condiciones podemos seguir trabajando para que cada vez menos estén privados de libertad y cada vez más estén incluidos”.
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