Estrictos controles

Más de 300 personas trabajan en el control, monitoreo y apagado del incendio en Rocha

El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, informó acerca de la situación del incendio iniciado el viernes en la zona próxima a La Esmeralda, en Rocha. Destacó que hasta el momento el riesgo está controlado y que, aunque hay 600 hectáreas afectadas, se descarta la pérdida de personas o viviendas. En lo que respecta a medidas futuras, Cánepa adelantó que el Gobierno será estricto en la aplicación de la reglamentación que determina la limpieza de los terrenos por parte de los dueños.

Diego Cánepa en el Consejo de Ministros
En declaraciones realizadas tras el Consejo de Ministros del 12 de diciembre, Diego Cánepa destacó que la causa del incendio fue la negligencia de algún habitante del lugar. Según detalló, es muy difícil determinar con exactitud la causa pero no existe duda por parte de la Policía de Rocha y los Bomberos de que el fuego comenzó cerca de la costa.

El prosecretario agregó que la experiencia indica que este tipo de incendios, en el 99 % de los casos son iniciados por personas. "El principal problema encontrado es que los terrenos privados eran de muy difícil acceso y se encontraban sucios. Se quemaron montes naturales con mucha suciedad de hojarasca, así como pinos, acacias y eucaliptos cortados a la mitad o tirados en el terreno", informó. 

Según un informe de la Intendencia Municipal de Rocha, estos terrenos se encuentran abandonados desde hace años y pertenecieron a distintas personas. Actualmente, se realizan esfuerzos para identificar a los propietarios. 

Contra el viento y la maleza

Cánepa agregó que el incendio se encuentra controlado pero no apagado. Según precisó, la principal dificultad para terminar con el peligro fueron los fuertes vientos de los últimos días.


En la tarde del viernes el fuego tenía una extensión de 700 metros de forma paralela entre la Ruta 9 y la costa y abarcaba cerca de 100 hectáreas. Durante la noche del viernes se había calmado y con maquinaria de la intendencia y el Ministerio de Transporte, se hicieron nuevos cortafuegos desde la costa hacia la ruta. Sin embargo, en la mañana del domingo hubo un fuerte viento que llevó a que la extensión del incendio aumentara a 1.500 metros y a más de 200 hectáreas. 


"El gran problema existente es la variación del viento, que hace muy difícil la contención del fuego dentro del perímetro. Vientos arrachados que cambian de dirección generan un gran problema porque puede volar mucho material inflamable pasando la ruta", precisó el prosecretario. Por tal motivo, la Dirección Nacional de Bomberos debió cambiar la estrategia por esos cambios de viento.


Cánepa agregó que anoche se agrandaron los cortafuegos ya que la lluvia esperada en todo el territorio no llegó a la zona del incendio. La estimación actual es que ya son entre 500 y 600 hectáreas afectadas, no obstante descartó que existan personas o viviendas afectadas. En tal sentido destacó la importancia de los cortafuegos para proteger zonas pobladas y viviendas. 


Para concluir, informó que el Sistema de Emergencias envió un camión cisterna con 10 mil litros de combustible para ser utilizado por los helicópteros de la Fuerza Aérea y adelantó que en la tarde de hoy se enviará un nuevo cargamento de 10 mil litros más. 


El total del personal que trabaja en la tarea, tanto municipal como del Ejército, supera las 300 personas por turno de 8 horas, para el control monitoreo y apagado del incendio.


Medidas a futuro

Respecto a las medidas futuras de prevención, Cánepa enfatizó que el Gobierno será muy estricto para aplicar la reglamentación que determina que los dueños de los terrenos eviten la acumulación de maleza. 


Además, terminado el evento se realizarán las acciones legales para buscar la responsabilidad de los dueños que no trabajaron en la limpieza de esos montes. "Existen normas en el Código Penal y al mismo tiempo hay medidas  a  nivel de decretos que pueden ser aplicadas", resaltó Cánepa. 

Según adelantó, los controles serán estrictos en el cumplimiento de la ley para evitar la pérdida de vidas humanas, el gasto económico para el país y el riesgo que puede sufrir la temporada turística de verano. 

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