Los 45 millones de dólares derivados a agricultura familiar desde 2010 equivalen al doble de lo aportado en los 90 e inicios de 2000
En Uruguay hay 22.000 productores familiares, que representan 72 % del total de ganaderos y 80 % de horticultores y fruticultores. “Los 45 millones de dólares volcados hacía ellos desde 2010 representan el doble de lo aportado en la década de 1990 y comienzos de la siguiente”, señaló el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre. “Construimos políticas públicas diferenciadas para insertarlos en las cadenas comerciales”, explicó.
“El Gobierno definió políticas públicas diferenciadas a agricultores familiares para aumentar su competitividad e insertarlos en cadenas de valor que son motores de expansión económica, social y ambiental”, dijo Aguerre en el taller “Fortalecer la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores Familiares del Mercosur para mejorar la incidencia de las organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena en espacios de formulación de políticas públicas en América Latina y el Caribe”.
Este encuentro, del que participan más de 70 delegados de 15 países, finalizará el sábado 15 en un hotel céntrico de Montevideo. Algunos tópicos por analizar son los desafíos en la actual coyuntura política, económica y social, cambio climático, necesidades y estrategias para la incidencia cualificada en espacios de diálogo, plataforma para la soberanía alimentaria en América y el Caribe e intercambio de experiencias en el funcionamiento para identificar áreas de cooperación Sur-Sur.
El ministro indicó que esas políticas conllevan legitimación, compromiso e involucramiento de los productores organizados, y que por eso se apuntala el fortalecimiento de las organizaciones privadas, de manera que sea exitoso el aporte económico que deriva del Gobierno y de aportes de cooperaciones internacionales.
En ese marco, señaló que en Uruguay hay más de 22.000 productores familiares registrados, que representan el 72 % del total de los ganaderos, el 80 % de los horticultores y fruticultores y el 70 % de los agricultores. Recordó que más del 90 % de la población del país radica en centros urbanos y cuenta con los ingresos por persona promedialmente más altos de América Latina y con mejor distribución de la riqueza.
“Los bienes públicos y el apoyo económico nos permiten que cada vez menos productores sean separados de su actividad por la fuerza del mercado”, dijo, y agregó: "Si eso se mantiene se mejorarán las condiciones de vida, las capacidades, y levantamos restricciones de financiamiento, tecnológicas y de comercialización, ayudando a que las asimetrías que provienen de una escala original, en 5, 10 o 15 años estén en mejor condición”.
“Nada de esto se sostiene en el tiempo si no trasciende a la voluntad política del gobierno de turno de la misma forma que la política para enfrentar el cambio climático o de recursos naturales. La política de apoyo al desarrollo rural implica tener las mismas oportunidades para que se inserten en las cadenas de valor aquellos 15 o 20 novillos del pequeño productor que los 400 del productor de mayor porte. Tenemos políticas diferenciadas para que el pequeño no sea fagocitado económicamente desde el punto de vista de escala por el más grande”, argumentó.
En ese sentido, subrayó que desde 2010 se fortalece el apoyo, derivando 45 millones de dólares a la agricultura familiar, lo que representa “más del doble” de lo aportado en la década de 1990 y primeros años del 2000. “La Dirección de Desarrollo Rural, creada en 2007 y presupuestada en 2010, y que representa el 13 % del presupuesto del Ministerio de Ganadería, explica gran parte de la implementación de las políticas públicas”, añadió Aguerre.