Autoridades presentaron 8 nuevas propuestas para fortalecer lucha contra lavado de activos
La Secretaría Nacional Antilavado mantuvo este viernes, una reunión con representantes del FMI y donantes de asistencia técnica contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El titular de esa secretaria, Carlos Díaz, agradeció al FMI por el apoyo brindado desde 2007, que permitió elaborar una estrategia nacional antilavado basada en riesgos, y presentó ocho nuevos proyectos a ser incluidos en ese documento.
El encuentro, realizado en el NH Columbia, fue inaugurado por el secretario general de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Carlos Díaz, quien explicó que el evento fue convocado para difundir ocho nuevos proyectos elaborados para reforzar la lucha contra el lavado de activo y la financiación del terrorismo.
“Estos proyectos se ponen a vuestra consideración para ser tenidos en cuenta como factibles de su respaldo”, expresó el jerarca dirigiéndose a los presentes. Agregó que los proyectos surgen de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo —basada en riesgos— aprobada por decreto del Poder Ejecutivo en junio de 2012.
Sostuvo que el plan de acción de esta estrategia contiene 22 objetivos, 62 metas y 113 acciones concretas, pero en esta ocasión se presentan ocho metas, de las que aseguró: “Entendemos merecen ser priorizados en estos momentos”.
Los proyectos comprenden: la elaboración de un sistema integrado de información criminal; de un sistema estadístico; de una estrategia de comunicación; digitalizar la Dirección General de Registros (DGR); realizar un análisis estratégico de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF); supervisar y controlar de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD); contar con unidades especiales de investigación; e incrementar la cooperación internacional.
Díaz recordó que esta estrategia fue confeccionada con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional, y que su elemento medular es la lucha contra el crimen organizado.
Reflexionó sobre la necesidad de modificar los conceptos en materia de soberanía y fronteras para evitar su pérdida porque “el crimen organizado se las habrá llevado por delante”. Por ello, aseguró que la colaboración internacional resulta impostergable y en ese sentido, Uruguay a partir de 2005 asumió el lavado de activos como una realidad no deseada que necesitaba de cualquier tipo de asistencia y colaboración. Desde ese momento a la fecha, la justicia lleva procesadas 283 personas.
Díaz reconoció que esta lucha debe apuntar a reducir el poder económico de esta amenaza, y la lucha transnacional se presenta como la herramienta principal para cumplir dicho objetivo, pero requiere “un altísimo grado de organización”.
Por su parte, la representante del Fondo Monetario Internacional (FMI), Carolina Claver, compartió una presentación sobre el proceso de asistencia técnica que se le brindó al Uruguay “con quien venimos trabajando para fortalecer el sistema de lucha contra el lavado de activos y el combate al financiamiento del terrorismo”.
Recordó que el FMI comenzó en 2007 a brindarle apoyo técnico al Uruguay, luego de haberle realizado una evaluación de su desempeño en la materia, entre los años 2005 y 2006. En base a este seguimiento se confeccionó la primera Estrategia Nacional en materia del combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Entre 2009 y 2010 el Fondo realizó un diagnóstico de riesgos en la materia y entre 2011 y 2012 se elaboró el tercer proyecto de asistencia técnica, del cual emanó la actual Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo —basada en riesgos—. Al respecto, Claver destacó que Uruguay es uno de los primeros países en contar con este tipo de documento.
Explicó que en el correr del 2009 se realizaron cuatro misiones del FMI, y otras tres, entre 2010 y 2011. Agregó que el fideicomiso financiero que aplica Fondo está conformado por 12 países donantes que aportan al programa de asistencia técnica destinado a combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Finalmente, la jerarca enumeró los objetivos buscados con esta asistencia técnica: que Uruguay oriente todos sus esfuerzos a los sectores en los cuales se identificó el mayor riesgo; que le aplicara a la estrategia un mecanismo de revisión, seguimiento y monitoreo y que este documento apunte a convertirse en una política de Estado.
Estuvieron presentes en la reunión, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino, entre otras autoridades.