Cánepa reafirmó voluntad de gravar concentración de tierra y volcar recursos a caminería
El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, fue consultado sobre la eventualidad de que la ley que crea el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) sea declarada inconstitucional. Al respecto, sostuvo que el gobierno está convencido de la constitucionalidad de la norma y que mantiene la voluntad de gravar la concentración a la tierra, destinando lo recaudado a mejorar la caminería rural.
Según Cánepa, la ley que creó el impuesto a la concentración de la tierra es constitucional. Es un impuesto sólido y justo, dijo. “No solo lo decimos nosotros, sino que también lo dicen los 19 Intendentes departamentales del país. Recordarán que cuando se presentaron las primeras demandas de inconstitucionalidad, los Intendentes tuvieron una reunión conmigo y con el Presidente, tras lo cual se hizo una conferencia de prensa en la que se dio un respaldo unánime a lo que significaba el ICIR”. Porque todos ellos saben y ven -más allá de los diferentes colores políticos- que es injusto, dijo, que aquellos que se han enriquecido solamente por el valor de la tierra –más allá de la rentabilidad que tenga- no paguen por ello.
Si uno mira cómo ha crecido el valor de la tierra en los últimos años, verá que lo ha hecho tanto para los que tienen una explotación como para los que no la tienen, dijo. Por lo tanto, hay un valor intrínseco de la tierra y estamos hablando que este impuesto tiene el propósito de desalentar que continuase la concentración de la tierra en pocas manos en nuestro país.
“Estamos hablando de un impuesto que es para las 2000 hectáreas con índice CONEAT 100. 2000 hectáreas”, enfatizó. “No estamos hablando que esto sea pagado por un pequeño productor, ni un productor mediano ni siquiera uno relativamente grande. Más allá de la discusión técnica respecto a si esto debía pasar por la Comisión Sectorial de Descentralización o ir directamente a las intendencias (que sí va) lo que sí está claro con los señores intendentes es que si bien estamos esperando la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), estamos convencidos de que la SCJ va a fallar a favor de la posición del gobierno, porque hay tributaristas muy importantes que la han apoyado.
Consultado sobre cuál sería el “plan b” del gobierno en caso de que la ley se declarare inconstitucional, el prosecretario sostuvo que la decisión del Presidente es mantener su pelea frontal contra la concentración de la tierra, que es muy negativa para el país. En segundo lugar, sostuvo que “nosotros hemos venido trabajando en alternativas que dependen de lo que falle la SCJ. Puede haber una inconstitucionalidad en un aspecto de la ley, pero no en su totalidad y eso se puede resolver”. Dependerá, además, de cuál aspecto de la ley sea –eventualmente- considerado inconstitucional.
Cánepa subrayó que “lo que hemos discutido con los Intendentes es que cual sea la solución, se cambia la ley pero se mantiene el acuerdo político sobre que lo recaudado por este impuesto va ir directamente a un fidecomiso para producir un shock en la caminería rural. El objetivo no va a cambiar”.
Lo que está claro es que la voluntad política del gobierno es mantener el impuesto, que el resultado de ese impuesto sea volcado a la caminería rural y que se haga a través de un fideicomiso con las Intendencias. Ese objetivo está incambiado, se va a realizar y se va a hacer, terminó afirmando el prosecretario de Presidencia.