Capacitación de las personas privadas de libertad es el pilar para la inclusión social
En la presentación del Balance 2013 del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados (PNEL), el ministro Bonomi defendió la educación y la capacitación que reciben las personas privadas de libertad para evitar la reiteración en la delincuencia, que descendió un 20 %. La directora del patronato, Patricia Peralta, aseguró que el objetivo fundamental es fomentar la reinserción social, que redunda en mayor seguridad.
Con la presencia del Presidente de la República, José Mujica, este miércoles en la Torre Ejecutiva, se realizó la presentación del Balance 2013 de la Comisión Honoraria y la Dirección General del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados (PNEL). En esta instancia se presentaron los logros alcanzados por un organismo que vincula a diferentes integrantes de la sociedad en procura de la inclusión de los liberados y la rehabilitación de los privados de libertad.
La presentación fue realizada por el presidente de la Comisión Honoraria del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, Juan Salgado, y la directora general, Patricia Peralta, acompañados por el el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el subsecretario, Jorge Vázquez, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo y el subsecretario de Desarrollo Social (MIDES), Lauro Meléndez.
Eduardo Bonomi resaltó el rol que desempeña Patricia Peralta en el PNEL y que su designación se basó en que desde 1995 trabaja satisfactoriamente con personas privadas de libertad. También subrayó la figura de dos personas, Graciela Berrera de Novo —presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia— y Daniel Garay.
El ministro puntualizó tres conceptos esenciales; derechos, obligaciones y beneficios. “Los derechos nunca se pierden, pero cuando no se cumplen con las obligaciones se pierden los beneficios”, expresó.
En relación al trabajo que desempeñan los reclusos, destacó las mejoras edilicias en los módulos 4, 5 y 9 del COMCAR y en la Unidad Penitenciaria Femenina N.° 5.
También defendió la creación de un hogar para egresados, para que estas personas no duerman en la calle, “porque dormir en la calle implica estar a un paso de reincidir y regresar a la cárcel”.
Bonomi sostuvo: “Debemos subsanar un error presupuestal, pues el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados no debe estar dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación, sino que debe ser autónomo e independiente”. El presupuesto del patronato es de $ 5.600.000, sumando los distintos convenios firmados, el presupuesto alcanza a $ 30 millones.
Patricia Peralta resaltó que la generación de oportunidades en educación y capacitación para las personas privadas de libertad se debería difundir más, “cumpliendo con nuestra base, el respeto de los derechos humanos sea cual sea el delito que haya cumplido la persona privada de libertad”.
A su vez destacó el esfuerzo del grupo que trabaja en el patronato, comprometido, capacitado y dedicado. También resaltó los convenios de capacitación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP-AGEV), Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Rehabilitación, Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), Facultad de Ciencias Sociales y PIT-CNT.
En relación con los logros institucionales para que las personas privadas de libertad puedan capacitarse, expresó su gratitud al Fondo de Capacitación de la Construcción, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, OSE, Plan Juntos, Correo, MIDES, Administración Nacional de Puertos, Federación de Remo, Intendencia de Durazno, San José, Colonia, Maldonado. En ese sentido resaltó que todos aquellos que trabajan reciben los beneficios sociales del Banco de Seguros del Estado, el Banco de Previsión Social y reciben su salario o peculio en cuentas particulares que disponen en el Banco de la República.
“En 2013 han pasado 500 personas por estas experiencias, el desafío es aumentar esas cifras y hacerles un seguimiento en su incorporación a una actividad laboral o educativa”. Acotó que siempre se parte de la base que estos convenios deben ser mixtos, “nos encargamos de que todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades y eso se plasma en la realidad de los convenios y su respectiva negociación”, afirmó.
“El objetivo esencial es la inclusión social de las personas pues se debe entender que trabajar en cárceles es trabajar en seguridad, ya que cuando estas personas recuperen su libertad deben estar mejor preparadas de lo que ingresaron”, ponderó.
Peralta opinó que otro de los objetivos es que la sociedad civil y los empresarios se animen a tomar el riesgo y que se sumen al desafío de incorporar personas que han pasado por una experiencia de encierro pero que tienen derecho a otra oportunidad de manera de bajar el número de reincidencia —que descendió un 20 % en pocos años—.