El proceso para el techo propio 
La ANV busca readecuar deudas y regular situaciones para que las familias puedan escriturar sus inmuebles, “lo que significa una seguridad jurídica que es un derecho sustancial de los ciudadanos para tener la vivienda propia”, expresó Fynn.
Al respecto indicó que más de 70 conjuntos habitacionales, con un total de 4.789 apartamentos han pasado a propiedad horizontal y destacó que solo en 2013 se incorporaron más de 3.000 viviendas —la mayor parte de las cuales corresponden a los edificios de Euskalerría— resultado que superó la meta establecida para 2013.
“Se debió hacer todos los planos de catastro de cada una de las torres y el trabajo notarial respectivo para el reglamento de copropiedad; era una situación generada décadas atrás —lleva 30 años de construido— que ahora logra ser resuelta”, añadió.
Acotó que “los vecinos también disponen de una normativa en común que ayuda a la convivencia y el relacionamiento dentro de la comunidad”.
La funcionaria indicó, además, que la iniciativa contó con total apoyo de parte de las personas involucradas y ahora los están convocando para que escrituren su propiedad.
“Otro significado es que el Estado se desapodera de estos complejos, porque si no, tienen una dependencia total de los organismos públicos”, especificó.
Estado de situación en 2013
Un informe de la Agencia Nacional de Vivienda detalla que los complejos habitaciones que en 2013 pasaron a propiedad privada fueron: CH 70 Euskalerría (1.474 viviendas), CH 71 Euskalerría (1.476 viviendas), Conjunto R 37 Tacuarembó (46 viviendas), Conjunto B 47 Maldonado (108 viviendas), Conjunto B 18 Maldonado (20 viviendas), Conjunto 159 Montevideo (62 viviendas).
Este trabajo se desarrolla en un marco de cooperación interinstitucional con diversos actores públicos, como las intendencias departamentales; los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Economía y Finanzas, y el Banco Hipotecario del Uruguay, agrega el informe.
Casi 5.000 apartamentos de complejos habitacionales fueron regularizados desde 2010
La regularización jurídica y notarial de casi 5.000 viviendas en distintas partes del país en los últimos cuatro años “permitió a familias ocupantes la obtención del pleno derecho sobre la propiedad”, valoró la directora de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), Cristina Fynn. Ponderó especialmente lo ocurrido con cientos de apartamentos del complejo montevideano Euskalerría.
Al respecto indicó que más de 70 conjuntos habitacionales, con un total de 4.789 apartamentos han pasado a propiedad horizontal y destacó que solo en 2013 se incorporaron más de 3.000 viviendas —la mayor parte de las cuales corresponden a los edificios de Euskalerría— resultado que superó la meta establecida para 2013.
“Se debió hacer todos los planos de catastro de cada una de las torres y el trabajo notarial respectivo para el reglamento de copropiedad; era una situación generada décadas atrás —lleva 30 años de construido— que ahora logra ser resuelta”, añadió.
Acotó que “los vecinos también disponen de una normativa en común que ayuda a la convivencia y el relacionamiento dentro de la comunidad”.
La funcionaria indicó, además, que la iniciativa contó con total apoyo de parte de las personas involucradas y ahora los están convocando para que escrituren su propiedad.
“Otro significado es que el Estado se desapodera de estos complejos, porque si no, tienen una dependencia total de los organismos públicos”, especificó.
Estado de situación en 2013
Un informe de la Agencia Nacional de Vivienda detalla que los complejos habitaciones que en 2013 pasaron a propiedad privada fueron: CH 70 Euskalerría (1.474 viviendas), CH 71 Euskalerría (1.476 viviendas), Conjunto R 37 Tacuarembó (46 viviendas), Conjunto B 47 Maldonado (108 viviendas), Conjunto B 18 Maldonado (20 viviendas), Conjunto 159 Montevideo (62 viviendas).
Este trabajo se desarrolla en un marco de cooperación interinstitucional con diversos actores públicos, como las intendencias departamentales; los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Economía y Finanzas, y el Banco Hipotecario del Uruguay, agrega el informe.