Colonización detectó que el 25 % de los contratos inspeccionados tienen incumplimiento en sus obligaciones
Entre 2010 al 2015 el Instituto Nacional de Colonización realizó más de 2.000 inspecciones relativas a incumplimientos en el contrato asumido por los colonos, informó la titular, Jacqueline Gómez. Se detectaron entre 25 % y 30 % casos, los que fueron intimados a ordenar el proceso; de esos contratos, la mitad fueron rescindidos y/o están en acciones judiciales. “La mayoría de los incumplimientos son arrendatarios”, precisó.
El 3 de octubre el Presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto donde se establece que la situación de incompatibilidad y/o incumplimiento previstos en el artículo 101 de la ley 11.029 determinará que el Instituto Nacional de Colonización promueva la rescisión unilateral de los compromisos asumidos con el colono, dentro del plazo de 30 días contados a partir de su constatación.
Las causales para que Colonización rescinda los compromisos con un colono arrendatario, aparcero o promitente comprador, incluyen la explotación de otro u otros predios no adjudicados o que se dedique a cualquier actividad en menoscabo de la explotación adjudicada. La otra obligación que deben cumplir los colonos arrendatarios es que deben trabajar directamente en el predio y habitarlo junto a su familia, así como cuidar los recursos naturales del predio y el pago correspondiente de las rentas.
“Llega en un momento donde Colonización cuenta con los recursos humanos y económicos para realizarlos, con la información y las capacidades institucionales, ya que desde el 2005 se han generado grandes avances en la mejora de la gestión en diversas áreas, incluida cobro y trabajo correcto en el análisis y transparencia de la información”. Gómez puntualizó que antes del 2005 el Instituto era muy frágil en su transparencia.
“El decreto del Poder Ejecutivo fortalece nuestra línea estratégica, que comenzó en 2005, y da una indicación clara de la importancia de profundizar ese trabajo que abarca a la totalidad de las familias colonas”, afirmó la presidenta del Instituto en entrevista con la Secretaría de Comunicación Institucional.
Sostuvo que en 2005 comenzó un proceso de regularización del Instituto desde la inclusión de sistemas de información, definición de procedimientos y metodologías de trabajo transparentes, especialmente en el acceso a la tierra, a través de llamados públicos, resolver el tema del endeudamiento de los colonos e instalar una eficiente gestión de cobro, el trabajo de formación de la gente que utiliza las tierras hasta regularizar la titularidad de la misma logrando constituir un sistema de información de los colonos y procedimientos.
Informó que se han realizado más de 2.000 inspecciones en estos últimos 5 años relativas a incumplimientos en el contrato asumido por los colonos y reveló que se detectaron entre 25 y 30 % casos de incumplimiento los que fueron intimados a ordenar el proceso, donde el 50 % ya fueron rescindidos y otros están en acciones judiciales.
“El procedimiento administrativo que siempre hace el Instituto es intimar a levantar el incumplimiento, dando vista del informe. Muchas veces los colonos levantan el incumplimiento; cuando esto no ocurre se determina la recisión del contrato y si no desocupa voluntariamente el campo comienza el procedimiento judicial”, dijo.
Una vez desocupado el predio, se realiza un llamado abierto para que otras familias de productores familiares y o asalariados rurales puedan acceder a la tierra para desarrollar su proyecto de vida y productivo cumpliendo con las obligaciones que determina la ley 11.029.