Coordinación pública y participación social pautan trabajo para reducir pobreza rural
“El trabajo hacia las poblaciones más excluidas requiere un Estado activo que focalice las políticas y desarrolle herramientas específicas”, explicó la asesora de la Dirección de Desarrollo Rural del MGAP, Jacqueline Gómez quien dijo que la calidad de las intervenciones mejora en la medida que la gente participa de la construcción de esas herramientas. Productores familiares, asalariados y comunidades rurales son el objetivo.
La asesora de la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Jacqueline Gómez, dialogó con la Secretaría de Comunicación sobre la baja de los niveles de pobreza en el medio rural, recientemente divulgados por la Secretaría de Estado. Explicó que la pobreza es multifactorial por lo que el trabajo de las distintas instituciones para mejorar los indicadores es consecuencia de la labor de toda la institucionalidad pública y de otros actores que aportaron al proceso, en un contexto de políticas nacionales tendientes a reducir la pobreza.
La jerarca recordó que el MGAP a partir de 2005 realizó algunas definiciones políticas que implicaron la institucionalización de las políticas de desarrollo rural dentro del Ministerio. En ese marco se crea la Dirección de Desarrollo Rural y el Sistema de Centralización y Coordinación de Políticas con base departamental. Esto tiene que ver con la inclusión de las políticas hacia los sectores más vulnerables del medio rural y de la forma de intervención, que implica la participación de la gente en los procesos de toma de decisiones.
La Dirección de Desarrollo Rural desarrolla acciones a través de distintas herramientas de intervención y trabaja integrada a los actores vinculados a la temática rural en los territorios. “Nuestra población objetivo son los productores familiares, los asalariados rurales y las comunidades rurales”, indicó. Esta población, que sería la más vulnerable del sector rural, tiene mucho que ver en la estructura agraria que se genera. En esto es fundamental el asentamiento y mantenimiento de la población en el medio rural y contar con las condiciones de vida adecuadas para el desarrollo de una sociedad. ”Al tener que ver con la generación de la riqueza, también tiene que ver con la distribución de la misma”, dijo.
Ejemplos de intervención
“Nuestro eje fundamental de acción fue el fortalecimiento institucional. Entendemos que la sociedad civil organizada es la que va a dar continuidad y contenido a las políticas. De ahí la importancia que exista una sociedad civil organizada participando y construyendo con nosotros”, indicó.
Se crearon las Mesas de Desarrollo Rural que son ámbitos de participación y discusión de políticas entre la institucionalidad pública (agropecuaria) y la sociedad civil organizada (organizaciones de productores y asalariados). Hoy existen 34 mesas. Los límites de intervención de las mismas tienen que ver con la red social que la gente construye, con los vínculos que existen en el territorio y con una realidad socio-económica que los vincula. “Las mesas fueron un aporte fundamental y un eje determinante en la construcción de un proceso de desarrollo inclusivo. Allí de discute, se hacen criticas y se dan procesos de avales sociales”, dijo.
Las herramientas que se fueron aplicando tienen que ver con el apoyo a las organizaciones para ese fortalecimiento y para generar los espacios, que desarrollen sus líneas de toma de decisiones, que tengan una participación real. También se trabajó en asistencia técnica con aportes para mejorar los sistemas productivos y los conocimientos de producción y metodologías organizativas y de gestión.
Se trabaja en herramientas vinculadas al financiamiento, unas que tienen que ver con subsidios, otras con financiamientos retornables, generando una gama de apoyos diversos donde se promovieron las acciones grupales, que les permitan levantar restricciones y mejorar sus sistemas productivos e ingresos.
“Entendemos que lo que va a dar sustentabilidad en el tiempo tiene que ver con los procesos de organización y la socialización de los recursos. La mayor dificultad que tiene la gente más vulnerable es el acceso a los recursos en general a tierra, maquinaria. Intentamos trabajar sobre el levantamiento de esas restricciones en acuerdo con ellos, por eso nuestra forma de trabajo es a nivel local. Nosotros construimos las propuestas con la gente vinculada. Es un trabajo a nivel local con enfoque territorial donde los proyectos que se generan deben dar respuesta a las necesidades de la gente de ese territorio”, dijo Gómez.
En cuanto a los asalariados rurales, explicó que es un sector que tiene dificultades para organizarse, pero se considera estratégico trabajar en él. Asimismo, se procura llegar a las comunidades rurales, donde muchas veces tienen dificultades de acceso a los servicios básicos e incluso a la cultura o la educación. Para atender sus necesidades articulan tareas con la Universidad de la República, el Instituto Nacional de Colonización, MEVIR, UTE, OSE y BPS, entre otros. En el caso del BPS se logró que más de 10 mil productores familiares reciban el subsidio de sus aportes patronales.
Gómez explicó que se generaron herramientas de financiamiento para poblaciones de menos recursos como el programa “Microcrédito Rural” que funciona desde 2005, se trata de una herramienta retornable, basada en la confianza y el control social, a través de los comités de crédito. Se otorgaron más de 11 millones de dólares y se recuperó la mayor parte. Hoy hay una cartera activa superior al millón y medio de dólares, con un 97% de créditos al día, informó.