Proyecto de ley propone crear una junta nacional que rija las políticas de discapacidad
El Ministerio de Desarrollo Social impulsa la creación de la Junta Nacional de Políticas de Discapacidad como ámbito supraministerial para articular las políticas en la materia y regirlas. La iniciativa, que será enviada al Parlamento para su aprobación, propone también la conformación de la Comisión Nacional para la Participación Social de Personas con Discapacidad. La iniciativa fue acordada con la sociedad civil y diseñada con base en un compromiso interpartidario.
El director nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Federico Lezama, explicó a Comunicación Presidencial que la propuesta de crear la Junta Nacional de Políticas de Discapacidad integra una estrategia de trabajo del Instituto Nacional de Discapacidad (Inadis) para crear una política pública en la materia y optimizar los recursos del Estado destinados a las prestaciones y los servicios para las personas con discapacidad.
Uruguay ha acumulado buenas acciones impulsadas por distintos ministerios, pero carece de una perspectiva que contemple al conjunto de la población, señaló. Explicó que se definieron algunas a partir de demandas de grupos particulares, también se aprobaron leyes y se diseñaron estrategias que abarcan de forma parcial a las personas con discapacidad, y que, en ocasiones, no las acompañan a lo largo de toda la vida.
El director identificó la jerarquización institucional como una de las principales acciones de la estrategia. Recordó que, mediante la Rendición de Cuentas de 2025, se creó el Inadis como una dirección nacional. Según señaló, es la primera vez que Uruguay cuenta con una rectoría de ese nivel en discapacidad.
Asimismo, dijo que el organismo propuso complementar esa estructura mediante la Junta Nacional de Políticas de Discapacidad como ámbito supraministerial y la Comisión Nacional de Participación Social de Personas con Discapacidad. Ambos espacios permitirán articular la interinstitucionalidad, la rectoría y la participación social.
La creación de estos ámbitos está incluida en un proyecto de ley elaborado por el Inadis y presentado a la sociedad civil, con cuyos representantes se trabajó para alcanzar acuerdos y construir una base de apoyo social. La iniciativa también está basada en un compromiso interpartidario, firmado antes de las elecciones, que plantea la creación de un ámbito supraministerial que rija las políticas de discapacidad.
El director informó que el Mides enviará el proyecto a la Presidencia de la República para su estudio y posterior remisión al Parlamento. Señaló que se espera que ese proceso avance durante el año y que, una vez aprobado por el Parlamento, permita consolidar una nueva arquitectura institucional con apoyo social y político para llevar adelante la transformación planteada. 
Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos se presentará en diciembre
El segundo pilar de la estrategia es la gestión del Gobierno. Para progresar en ese sentido, el Inadis creó una matriz de gestión de impacto basada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Uruguay integra la normativa.
A partir de ese instrumento, elaboró el Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad, estructurado en diez ejes. El director explicó que los distintos organismos del Estado asumieron responsabilidades en cada uno de ellos y que el plan será presentado el 3 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La herramienta permitirá evaluar el funcionamiento del Estado y el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada institución en relación con los distintos derechos. También posibilitará medir, a escala poblacional, el efecto de las acciones en las brechas de acceso.
El director sostuvo que estos dos pilares, la jerarquización institucional y la estrategia del Gobierno, son los que estructuran el trabajo que se espera consolidar durante este período y que deberán orientar las acciones de los próximos años para revertir las brechas de acceso a derechos, como la educación, la salud y la vivienda.
En ese sentido, señaló que los datos del último Censo Nacional, de 2023, muestran que vivir con discapacidad en Uruguay implica acceder en menor medida a los derechos que el resto de la población.