Perspectiva desde los derechos humanos 
La estrategia de gestión de riesgos pretende mejorar la calidad de vida de los usuarios que no quieren o no pueden dejar de consumir, así como la de su entorno familiar y comunitario
El Foro de Riesgos y Daños, que se desarrolló el miércoles y el jueves de la semana pasada, contó con la participación de organizaciones sociales, académicos, técnicos y otros actores que trabajan en la temática en América Latina, además de representantes de una federación uruguaya que agrupa a usuarios de drogas e institutos canábicos.
La responsable de la Secretaría de Reducción de Riesgos y Daños de la JND, Esperanza Hernández, indicó que este seminario fue el puntapié inicial de un proceso de encuentros entre operadores, técnicos, expertos y algunos colectivos de usuarios que de alguna manera inauguran una forma nueva de diálogo.
“En esta idea que tenemos de comenzar a legitimar el enfoque de reducción de riesgos y daños, un primer paso es la participación de los usuarios, por lo menos en pensar con nosotros”, enfatizó la técnica de la JND.
Aseguró que Uruguay tiene una red sanitaria y de protección social muy fuerte, aunque reconoció que existen dificultades para que esos servicios sean “más amigables” para los usuarios de drogas.
Experiencias externas
Mauricio Sepúlveda, investigador del Departamento de Psicología de Universidad de Chile, manifestó la necesidad de “girar” las políticas de drogas hacia un paradigma que recupere dos elementos básicos: el de protección de la ciudadanía en base a los derechos sociales y el reconocimiento del usuario como sujeto que puede trasformar su vida.
Hay que proteger a ese usuario diseñando ciertos dispositivos para que puedan acceder a los servicios de salud y a los sociales para atender en su conjunto su vulnerabilidad, explicó.
“El camino que emprende Uruguay es ejemplar y creo que todos tenemos puestos los ojos para que le vaya bien en esta política, pues además creo que ha ayudado a que esta discusión se ponga sobre la mesa en el resto de América Latina”, puntualizó el experto chileno, refiriéndose a la legislación que regula estrictamente la producción y mercado de cannabis.
Brazos Abiertos
Las expertas brasileñas Patricia Von Flach y Myres María Cavalcanti mostraron algunas de las experiencias que se llevan a cabo particularmente en San Pablo y en la nororiental ciudad de Salvador en rehabilitación de usuarios de drogas.
La experiencia que se realiza en Salvador se basa en la instalación de una unidad que permite a los usuarios de sustancias psicoactivas en situación de vulnerabilidad social fomentar el autocuidado a través de intervenciones breves, explicó Von Flach, consultora técnica de la Universidad de Santa Catarina.
El dispositivo móvil, que es un contenedor acondicionado para tales fines, está compuesto de una recepción, un baño, ducha y una sala de tratamiento. El sistema se puso en marcha en mayo pasado.
Por su parte, su colega Cavalcanti, coordinadora del Área de Salud Mental, Alcohol y otras Drogas del Municipio de San Pablo, se refirió a “Brazos Abiertos”, un programa que trabaja con consumidores de crack, un derivado de la cocaína sumamente adictivo y cuyo nombre es la onomatopeya inglesa del ruido que las piedritas de esa droga hacen al calentarse.
En la región conocida como "Cracolandia", el gobierno municipal paulista puso en marcha en julio de 2013 un proyecto de rehabilitación para los consumidores de crack que se concentran en la zona. En el primer mes de funcionamiento de la "Operación Brazos Abiertos" ya habían iniciado tratamientos de desintoxicación 213 personas.
El objetivo de este programa es construir redes sociales para atender a estos usuarios en el marco de un servicio integral de salud en el que se han atendido hasta el momento a unas 400 personas, de las cuales 40 se han insertado en el mercado laboral, destacó Cavalcanti.
A su turno, la trabajadora social argentina Graciela Touzé coincidió en que la perspectiva de derechos humanos en la temática de drogas es esencial.
“Se debe reconocer en los consumos problemáticos de drogas una situación que afecta la salud, pero fundamentalmente una situación que está atravesada por condiciones de exclusión social, y entonces la respuesta no puede ser solamente ligada a los sanitaristas”, puntualizó.
La coyuntura que atraviesa Uruguay con la implementación de la regulación del mercado de cannabis va fuertemente en esa dirección y va a ser un aporte para toda la región en términos de poder demostrar que estos cambios son posibles, abundó.
Drogas: Protección social, salud e inclusión son los ejes del trabajo en riesgos y daños
La inclusión de la perspectiva de derechos humanos en las políticas de sustancias adictivas y en la gestión de riesgos y daños fue el eje del foro internacional organizado por la Junta Nacional de Drogas (JND). Los expertos entienden que ese enfoque, adoptado por el organismo en 2005, brinda herramientas para trabajar con la comunidad y mejora el acceso a los distintos servicios de salud de quienes lo necesitan.
El Foro de Riesgos y Daños, que se desarrolló el miércoles y el jueves de la semana pasada, contó con la participación de organizaciones sociales, académicos, técnicos y otros actores que trabajan en la temática en América Latina, además de representantes de una federación uruguaya que agrupa a usuarios de drogas e institutos canábicos.
La responsable de la Secretaría de Reducción de Riesgos y Daños de la JND, Esperanza Hernández, indicó que este seminario fue el puntapié inicial de un proceso de encuentros entre operadores, técnicos, expertos y algunos colectivos de usuarios que de alguna manera inauguran una forma nueva de diálogo.
“En esta idea que tenemos de comenzar a legitimar el enfoque de reducción de riesgos y daños, un primer paso es la participación de los usuarios, por lo menos en pensar con nosotros”, enfatizó la técnica de la JND.
Aseguró que Uruguay tiene una red sanitaria y de protección social muy fuerte, aunque reconoció que existen dificultades para que esos servicios sean “más amigables” para los usuarios de drogas.
Experiencias externas
Mauricio Sepúlveda, investigador del Departamento de Psicología de Universidad de Chile, manifestó la necesidad de “girar” las políticas de drogas hacia un paradigma que recupere dos elementos básicos: el de protección de la ciudadanía en base a los derechos sociales y el reconocimiento del usuario como sujeto que puede trasformar su vida.
Hay que proteger a ese usuario diseñando ciertos dispositivos para que puedan acceder a los servicios de salud y a los sociales para atender en su conjunto su vulnerabilidad, explicó.
“El camino que emprende Uruguay es ejemplar y creo que todos tenemos puestos los ojos para que le vaya bien en esta política, pues además creo que ha ayudado a que esta discusión se ponga sobre la mesa en el resto de América Latina”, puntualizó el experto chileno, refiriéndose a la legislación que regula estrictamente la producción y mercado de cannabis.
Brazos Abiertos
Las expertas brasileñas Patricia Von Flach y Myres María Cavalcanti mostraron algunas de las experiencias que se llevan a cabo particularmente en San Pablo y en la nororiental ciudad de Salvador en rehabilitación de usuarios de drogas.
La experiencia que se realiza en Salvador se basa en la instalación de una unidad que permite a los usuarios de sustancias psicoactivas en situación de vulnerabilidad social fomentar el autocuidado a través de intervenciones breves, explicó Von Flach, consultora técnica de la Universidad de Santa Catarina.
El dispositivo móvil, que es un contenedor acondicionado para tales fines, está compuesto de una recepción, un baño, ducha y una sala de tratamiento. El sistema se puso en marcha en mayo pasado.
Por su parte, su colega Cavalcanti, coordinadora del Área de Salud Mental, Alcohol y otras Drogas del Municipio de San Pablo, se refirió a “Brazos Abiertos”, un programa que trabaja con consumidores de crack, un derivado de la cocaína sumamente adictivo y cuyo nombre es la onomatopeya inglesa del ruido que las piedritas de esa droga hacen al calentarse.
En la región conocida como "Cracolandia", el gobierno municipal paulista puso en marcha en julio de 2013 un proyecto de rehabilitación para los consumidores de crack que se concentran en la zona. En el primer mes de funcionamiento de la "Operación Brazos Abiertos" ya habían iniciado tratamientos de desintoxicación 213 personas.
El objetivo de este programa es construir redes sociales para atender a estos usuarios en el marco de un servicio integral de salud en el que se han atendido hasta el momento a unas 400 personas, de las cuales 40 se han insertado en el mercado laboral, destacó Cavalcanti.
A su turno, la trabajadora social argentina Graciela Touzé coincidió en que la perspectiva de derechos humanos en la temática de drogas es esencial.
“Se debe reconocer en los consumos problemáticos de drogas una situación que afecta la salud, pero fundamentalmente una situación que está atravesada por condiciones de exclusión social, y entonces la respuesta no puede ser solamente ligada a los sanitaristas”, puntualizó.
La coyuntura que atraviesa Uruguay con la implementación de la regulación del mercado de cannabis va fuertemente en esa dirección y va a ser un aporte para toda la región en términos de poder demostrar que estos cambios son posibles, abundó.