El Estado uruguayo reconoció su actuación ilegítima durante la dictadura cívico-militar
En un acto público, el Estado uruguayo reconoció su actuación ilegítima entre el 13 de junio de 1968 y el 18 de febrero de 1985. El reconocimiento lo realizó la Comisión Especial de la Ley 18.596 junto a la Dirección de Derechos Humanos y Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Las víctimas recibieron un certificado que acredita su condición y la responsabilidad del Estado por haber afectado su dignidad.
El ministro de Educación y Cultura y presidente de la Comisión Especial de Derechos Humanos, Ricardo Ehrlich, explicó que este acto responde a lo que dicta el Artículo 9º de la Ley 18.596, por el cual el Estado expide un documento que acredita la condición de víctima y asume la responsabilidad institucional al haber afectado su dignidad humana en el período entre 1968 y 1985.
La comisión especial creada por esta ley, junto a la Comisión de Derechos Humanos de laCámara de Representantes, resolvió realizar en un acto público la primera entrega de documentos a las víctimas o familiares de víctimas amparadas en este artículo.
La ley 18.596 complementa un conjunto de normas adoptadas desde 1985 con la orientación de alcanzar una integralidad en el proceso de reparación. En ese sentido, reconoce el quebrantamiento del Estado de Derecho que impidió el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, en violación de los derechos humanos y la norma internacional en la materia.
En segundo lugar, la ley reconoce el derecho a la reparación integral a todas las personas que por acción u omisión del Estado sufrieron violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica y a su libertad dentro y fuera del Uruguay por motivos políticos, ideológicos o gremiales durante ese período.
El ministro agregó que esta primera entrega pública de documentos fue resuelta que con su carácter simbólico, se enmarca en el objetivo reparatorio de la ley y constituye un reconocimiento cuyo alcance se suma a las acciones vinculadas al conjunto de demandas que ya fueron tratadas y resueltas por la comisión.
Ehlirch explicó que esta norma contempla y define el alcance de tres líneas de reparación en las que trabaja la Comisión Especial y que incluyen prestaciones médicas con asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica, garantizando la cobertura integral en salud; la indemnización por única vez; la reparación moral mediante la expedición de un documento que acredite la condición de víctima y la responsabilidad institucional que le cabe al Estado por haber afectado la dignidad humana.
El secretario de Estado subrayó que esta ceremonia significa la primera entrega de un documento que reconoce el terrorismo de Estado a victima o familiares de víctimas que así lo solicitaron, debe considerarse parte del esfuerzo de la sociedad que durante muchos años busca cerrar heridas en el marco de la Justicia. En ese sentido, el ministro dijo que las acciones de reparación “deben verse como un componente de particular significación en el camino para despejar el horizonte para que las nuevas generaciones tengan un legado y un país que asumió con valentía su historia y sus dolores”.
Por su parte, el presidente Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Esteban Pérez, expresó que este día es “especial” para los que están y los que no están, ya que se realiza un reconocimiento por parte del Estado de haber actuado de forma ilegitima de 1968 a 1985, atentando contra la dignidad y la vida humana.
Pérez destacó que quienes reciban su documento, recibirán también "el calor de los ausentes, la vida de ellos y que hoy les pasan su bandera con la pasión que pusieron en sus vidas". Agregó que esa bandera significó la lucha por una humanidad más justa e igualitaria, con mayor democracia.
Detrás de cada certificado que entregado hay una "larga fila de mártires quienes lucharon para que no reine el egoísmo y no exista la explotación del hombre por el hombre. Cuando se corta una flor, se convierte en semillas y se multiplican”, expresó.
“Por respeto a todos ellos, ruego que hoy apartemos todo sentimiento de odio y rencor que son paralizantes y necesitamos vida activa y constructiva para continuar construyendo ese camino que nos trazaron, para construir la humanidad y porque muchas de las causas de las que fueron victimas aún perduran en la sociedad”, sentenció.
Los primeros certificados los recibieron Roberto Herrera, en representación de Crisol y María del Carmen Martínez por las madres de detenidos desaparecidos.