Expertos internacionales presentaron experiencias sobre funcionamiento de Ministerios de Justicia
Especialistas en derecho de Colombia, Argentina, España y Uruguay expusieron sobre las experiencias en diferentes países y analizaron las posibles competencias y funciones de un eventual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en nuestro país.
El seminario internacional Hacia un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay se realizó en la Torre Ejecutiva, para difundir experiencias y debatir sobre la creación de esa nueva secretaría de Estado. En la apertura, participaron el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.
Las personas en el centro
La magistrada y política española Pilar Llop sostuvo que, en un país con una democracia consolidada, es imprescindible que haya instituciones fuertes y sólidas que aseguren respuestas a la ciudadanía en su día a día.
Asimismo, afirmó que la característica fundamental de las democracias modernas es el diálogo y relacionamiento entre los poderes del Estado, para brindar servicios públicos accesibles y de buena calidad.
A su juicio, uno de los principales desafíos es mejorar el acceso a la justicia y, para ello, se trabaja en la transformación digital.
Prevención y promoción
La abogada y consultora colombiana Ana Linda Solano destacó la importancia de instituciones sólidas que trabajen de manera coordinada para prevenir “las formas modernas y trasnacionales del crimen organizado”.
Asimismo, precisó que, en el contexto internacional actual, un Ministerio de Justicia debe encargarse de hacer coherente la oferta del Estado en materia de justicia y trabajar en su prevención y promoción.
En ese sentido, indicó que facilitar el acceso a la justicia, modernizar el Estado y coordinar entre instituciones son aspectos esenciales para combatir la criminalidad y aseguró que un sistema judicial fuerte es aquel que garantiza los derechos de los más débiles y previene conflictos y delitos.
El rol de facilitador
Por su parte, el abogado y consultor argentino Germán Garavano destacó la oportunidad que representa para Uruguay crear un puente entre los poderes del Estado, ante los nuevos y complejos desafíos que enfrentan las sociedades actuales.
Además, subrayó que el Ministerio de Justicia debería cumplir un rol de facilitador, para que la cooperación entre poderes sea efectiva y rápida. Añadió que esto posicionaría al país en ámbitos internacionales de colaboración.
Por último, resaltó la importancia de diseñar políticas públicas inteligentes para mejorar el acceso a la justicia y resolver de forma más eficiente los casos que lleguen al Poder Judicial.
Diseño y monitoreo
El abogado uruguayo, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Santiago Pereira Campos, consideró que el ministerio debería desempeñar un rol articulador que propiciara el diálogo con todo el sistema de justicia, con una perspectiva sistémica e integral.
También precisó que las competencias clave serán el diseño, la implementación y el monitoreo de las políticas públicas de justicia, que se enfoquen en las personas y se basen en evidencia para tomar mejores decisiones.
“Un ministerio puede constituir una herramienta muy útil para fortalecer y promover el acceso a la justicia y lograr que nuestros tribunales tengan un resultado mucho más adecuado, eficiente y centrado en las personas”, sostuvo.
Acceso a la justicia
Finalmente, el secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países Iberoamericanos, el jurista colombiano Enrique Gil Botero, resaltó que la creación de un Ministerio de Justicia es fundamental para garantizar la cohesión institucional, el acceso efectivo a la justicia y la protección integral de los derechos humanos.
Para esto, añadió, se debe priorizar la especialización técnica, la coordinación interinstitucional y el enfoque en vulnerabilidad dentro de los marcos democráticos y constitucionales.
Entre las ventajas de una nueva institucionalidad, señaló que se unificarían funciones bajo una misma rectoría, lo que permitiría diseñar políticas públicas coherentes y trasversales, optimizar recursos humanos y económicos y garantizar la continuidad de estrategias de derechos humanos más allá de cualquier frontera.
A su entender, esto posibilitaría corregir la fragmentación histórica que debilita la gobernanza democrática y establece salvaguardas institucionales para garantizar que no haya injerencias en el Poder Judicial.