FMI elogió avances de Uruguay en estrategia contra lavado de activos
Representantes del Fondo Monetario Internacional elogiaron los avances de Uruguay en materia de antilavado de activos y financiamiento del terrorismo. Catalogaron como “impactante” la cifra de 283 procesados desde 2005 a la fecha. Los técnicos mantuvieron durante toda la semana reuniones con el Gobierno que culminaron este viernes en una jornada en la que también participaron países donantes de recursos técnicos y económicos.
Federici sostuvo que los logros del sistema financiero uruguayo mejoran la detección de operaciones sospechosas, lo que se traduce en más investigaciones. Al respecto, hizo alusión a los 283 procesados que se registran desde el año 2005 a la fecha por lavado de activos o asistencia. En ese mismo sentido, recordó que cuando el FMI efectuó la evaluación en el 2005 había solo un caso de procesamiento. En base a esta comparación, catalogó como "impactantes" los registros actuales.
“Parecería que los números están arrojando una mayor eficiencia; es que claramente ha habido una política concreta de ir mejorando el sistema represivo”, sostuvo por su parte Carlos Díaz durante la conferencia realizada en la Torre Ejecutiva. Díaz se refirió, entre otros temas, a la creación de fiscalías y juzgados especializados en materia de crimen organizado y al trabajo a través de equipos multidisciplinarios.
“Uruguay está muy bien posicionado; hay países que no llegan a dos dígitos en cuanto al número de procesados; pero en esto hago énfasis en lo que significa tener equipos especializados en este tema, hay muchísimos países que no han abordado este tipo de soluciones”, agregó el jerarca.
De estas jornadas de trabajo participaron representantes de varios países que son donantes del fideicomiso financiero que apoya la estrategia nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, basada en riesgos, elaborada por el Gobierno en 2012.
El actual fideicomiso culmina en abril de 2014 e incluye el aporte de 12 donantes. Para la segunda fase, que comenzará en mayo del año próximo, hay varios países interesados en ser donantes, cuyos representantes han viajado especialmente para esta jornada de evaluación en Montevideo.
El plan de acción de la estrategia nacional actual contiene 22 objetivos, 62 metas y 113 acciones concretas, pero el trabajo de esta semana se basó en ocho metas prioritarias que comprenden: la elaboración de un sistema integrado de información criminal; de un sistema estadístico; de una estrategia de comunicación; la digitalización de la Dirección General de Registros; el análisis estratégico de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero; la creación de unidades especiales de investigación; la supervisión y controlar de las actividades y profesiones no financieras designadas, y el incremento de la cooperación internacional.
En este sentido, Federici manifestó que es muy probable que, además de los donantes, otros organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el FMI, apoyen algunos de estos proyectos.
Refiriéndose al escenario nacional en la materia, el representante del FMI destacó varios proyectos de ley que están a estudio en el Parlamento, como la modificación del Código Aduanero y otras normas vinculadas al rol y control adicional que podría ejercer la Dirección Nacional de Aduanas sobre sectores que hoy no fiscaliza, como las zonas francas.
Según Federici, la razón que explica los resultados en Uruguay es la voluntad política “del más alto nivel” que se viene sosteniendo a lo largo de diversas administraciones a favor de fortalecer la lucha contra este tipo de delitos. También valoró acciones que se han concretado para conocer cuáles son los riesgos a los que el sistema se encuentra expuesto, así como el diseño de una estrategia estatal que ordene los esfuerzos del Estado para mitigar esos riesgos.
“Uruguay fue uno de los primeros países de la región en desarrollar un diagnóstico de sus riesgos como país y desarrollar una estrategia nacional basada en riesgos”, subrayó el jerarca.
Finalmente el representante del organismo internacional destacó especialmente algunas de las “acciones contundentes” adoptadas por Uruguay en los últimos años, como la eliminación de las SAFI y la creación de un registro para acciones al portador, “acciones muy fuertes” que, consideró, reflejan la voluntad de generar cambios muy importantes en relación a ciertos riesgos que exponían al sistema en otros momentos.