Ganadería exhorta a que productores familiares efectúen declaración jurada para mantener dicha condición
Hasta el 18 de enero tienen plazo los productores familiares registrados en la Dirección General de Desarrollo Rural para efectuar una declaración jurada, mantener dicha condición y acceder a políticas diferenciadas. El ministro interino de Ganadería, Enzo Benech, destacó que el Gobierno asumió el compromiso de apoyar económicamente a los productores de menores recursos como lo son las 20.671 unidades de producción familiar.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, exhorta a quienes se registraron como productores familiares en 2011 a que presenten una declaración jurada para detallar cómo se constituyen sus familias y en qué consiste la actividad que desempeñan. El cumplimiento de este requisito les permitirá a los productores —que en la edición anterior principalmente se dedicaban a los rubros ganadería, horticultura y lechería— acceder a políticas diferenciadas.
Al momento de realizar el trámite, deberán presentar fotocopia de la cédula de identidad de todos los integrantes del núcleo familiar, constancia de domicilio expedida por seccional policial o factura de algún ente público, recibo de pago del Banco de Previsión Social y declaración jurada de la Dirección de Control de Semovientes.
El plazo para la formulación vence el 18 de enero de 2017 y se puede realizar en las oficinas ministeriales de todo el territorio nacional en forma gratuita.
Consultado respecto a esta instancia en conferencia de prensa, este miércoles 11, el ministro interino Enzo Benech sostuvo: “Este tema refleja el compromiso político en este tercer período de gobierno, donde tiene que pagar más el que tiene más. Por eso, las políticas diferenciales son apoyo a los productores más chicos, que tienen menos, dándoles créditos o subsidios”.
Expresó que la cartera fiscalizará la veracidad de los datos declarados y, en caso de constatar falsedades, efectuará la denuncia penal correspondiente. “Cuando manejamos fondos públicos tenemos la obligación de dar la mayor transparencia y habilitar el control social”, enfatizó.
“A lo largo de estos años emitimos una resolución para definir productores familiares, luego involucramos la producción intensiva y ahora se incorporó a los pescadores”, asumió.
Benech sintetizó que, a través de la Dirección General de la Granja, en 2016 se repartieron 9 millones de dólares entre 3.024 productores. Entre 2015 y 2016, la Dirección General de Desarrollo Rural invirtió 15 millones de dólares en apoyo a 2.853 productores.
“Son solo dos direcciones del Ministerio. Esto no es poca plata y no es plata propia del Ministerio, por eso la importancia de transparentar. Somos todos buenos, pero si lo comprobamos, mejor, y si se erra, se puede solucionar”, insistió.
Según datos de esa dependencia de Estado, a octubre de 2016 funcionan 20.671 unidades de producción familiar con registro vigente; esas unidades comprenden 47.622 personas, cifra que representa el 62 % de las explotaciones agropecuarias del país.
De ese total, 33.268 son mayores de 18 años y realizan tareas en la unidad productiva, por lo tanto, cumplen con las condiciones para ser consideradas productores familiares y son potenciales beneficiarias de las políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar.
Conjunto de políticas diferenciales:
- Fomento de proyectos por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural, que puede ofrecer desde el 50 al 80 % de financiación.
- Fondo Agropecuario de Emergencia, mediante seguros en ganadería en tres zonas del país: basalto, sierras del este y eje sur de ruta 7.
- Comercialización de productos al Estado, según la ley 19.292.
- Acceso a préstamos para la apicultura.
- Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera.
- Subsidio del aporte mínimo patronal del Banco de Previsión Social a aquellas empresas rurales vinculadas a unidades productivas familiares con explotaciones menores de 200 hectáreas que hayan contado con la contratación de menos de 100 jornadas anuales sin asalariados permanentes.
- Exoneración de contribución inmobiliaria rural de las primeras 50 hectáreas a propietarios de padrones rurales que no exploten más de 200 hectáreas.