Gobierno busca mejorar política de reducción de daños con nueva ley de cannabis
Con la puesta en marcha del decreto reglamentario de la Ley 19.172, que crea un mercado estrictamente regulado del cannabis y que entrará en vigencia el 6 de mayo, el Gobierno busca mejorar la política de reducción de daños en la problemática de la marihuana, la tercera droga más consumida en Uruguay. Se prevé abarcar la cuarta parte de los usuarios en la primera etapa, con 5 toneladas en un modelo continuo de producción.
Tanto el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, y el secretario general de la JND, Julio Calzada, manifestaron durante la conferencia de prensa de este viernes, su expectativa de que en el correr del próximo año haya un crecimiento del mercado legal no solo por precio sino también por la calidad del producto.
Según las estimaciones del Gobierno entre fines de noviembre y principios de diciembre se comenzará la dispensación en farmacias, dentro de este mercado regulado del cannabis.
Ambos jerarcas manifestaron su convencimiento de que el “mercado visible” permitirá mejorar las políticas públicas de salud e irá socavando la base económica del mercado ilegal.
En este contexto, el registro tanto para los consumidores como para los productores y clubes cannábicos es uno de los ejes centrales de la nueva política. Los estudios realizados por la JND concluyeron en determinar que la huella dactilar es la mejor forma para identificar al usuario.
En este sentido, informaron que AGESIC creó un software específico para controlar el stock del producto; la producción y las variedades; y la realización del registro se efectivizará en los locales del correo uruguayo. Allí se registrará a los usuarios mediante la toma de la huella dactilar que generará un agoritmo único. Los datos se mantendrán en estricta reserva según las normas vigentes.
Cuando el usuario concurra a las farmacias habilitadas a comprar el producto, se verificará con la huella que la persona está registrada y que no haya adquirido ya el volumen permitido de 40 gramos mensuales.
En otro orden, los jerarcas también informaron que el Estado cobrará un canon fijo y otro variable, previsto en el otorgamiento de las licencias cuyo producido se destinará a financiar las campañas de prevención contra el consumo.
Calzada acotó que, en función del volumen estimado de consumo, que es de entre 18 y 22 toneladas anuales, se necesitará un máximo de 10 hectáreas para cubrir este universo de usuarios.
Por ello, agregó que el máximo de seis licencias que se otorgarán cubrirían en un futuro el entorno de 2 hectáreas de producción cada una. “Con esto podríamos manejar el volumen de producción vinculado a la demanda”, recalcó Calzada. Aclaró que el producto disponible en farmacias podrá tener hasta un máximo de 15 % de concentración de THC en su peso, como forma de controlar su psicoactividad.
Tanto Cánepa como Calzada manifestaron a la prensa, que las Fuerzas Armadas no intervendrán en ninguna parte de esta cadena, pero si habrá en el lugar físico de producción seguridad del Estado que estará integrado al costo que se pagará por las licencias.
En el caso de los clubes cannábicos, deberán cumplir con ciertas condiciones de seguridad en la producción a costo de estas membresías privadas.
“Que quede claro: no habrá ninguna subvención del Estado y los costos de seguridad biológica y protección de la producción lo absorberá quien produzca”, advirtió Cánepa.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del decreto reglamentario, ambos jerarcas puntualizaron que será el IRCCA quien realizará la importación de semillas o esquejes para el cultivo de plantas de cannabis psicoactivo que será destinada a los productores de cannabis psicoactivo para dispensación en farmacias, a las personas físicas que cultiven en forma doméstica cannabis psicoactivo y a los clubes de Membresía.
Las personas que produzcan semillas y esquejes de Cannabis psicoactivo conforme a la licencia otorgada por el IRCCA, deberán inscribirse en el Registro General de Semilleristas ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE). Asimismo, los cultivadores deberán inscribirse ante el INASE.