Gobierno creó Comisión Evaluación Técnica que profundizará en el estudio de hidrocarburos
El Poder Ejecutivo decretó la creación de la Comisión Interministerial de Evaluación Técnica con el objetivo de profundizar el conocimiento en materia de tecnologías para la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales. Esta comisión estará integrada por dos representantes del MIEM, MVOTMA y ANCAP y funcionará en la órbita del Ministerio de Industria.
El Presidente de la República, José Mujica, y los ministros de Industria, Energía y Minería; y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Roberto Kreimerman y Francisco Beltrame el 14 de mayo firmaron el decreto pertinente a la ceración de la Comisión Interministerial de Evaluación Técnica con el objetivo de profundizar el conocimiento en materia de tecnologías para la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos de forma de integrarlos a las políticas de desarrollo sustentable.
La Comisión Interministerial de Evaluación Técnica estará integrada por dos representantes titulares y dos alternos designados por los ministerios de Industria, Energía y Minería y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. A su vez, el decreto exhorta a ANCAP a integrar esta comisión designando un representante con su correspondiente alterno, además podrá requerir colaboración a diferentes entidades públicas y privadas. Su funcionamiento será en el MIEM el cual proporcionará el apoyo administrativo y la secretaría técnica.
Cometidos
La Comisión deberá estudiar y evaluar las diferentes tecnologías disponibles para la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales y las medidas existentes para minimizar los riesgos existentes en su aplicación, e incorporar el seguimiento de la experiencia internacional de su uso a la situación nacional.
También elaborará informes referidos a la temática según requerimiento de las autoridades competentes en la materia; considerará integralmente los efectos económicos, sociales y ambientales de su eventual aplicación en Uruguay; revisará la normativa vigente y elaborará una propuesta al Poder Ejecutivo que tienda a la minimizar los riesgos asociados a su aplicación.