Gobierno decretó que el 4 % de las vacantes serán ocupadas por personas con discapacidad
El decreto reglamenta la forma en que las dependencias estatales (Inciso 02 al 15) obliga a ocupar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4 % de las vacantes existentes al 31 de diciembre de cada año. El ingreso se realizará en régimen de provisoriato por el término de 15 meses luego de un llamado a concurso a través del Sistema de Reclutamiento y Selección.
“A los efectos del cálculo del porcentaje mínimo establecido, serán consideradas las vacantes de ingreso en cada escalafón y las vacantes de cargos presupuestados que no hubieran podido proveerse por el régimen de ascenso, exceptuándose aquellas cuya provisión se hubiera avanzado en el proceso de selección de candidatos de forma tal que estuvieran determinadas las personas que eventualmente las ocuparían”, expresa el decreto firmado el 28 de marzo por el Consejo de Ministros.
En ese sentido indica que el ingreso de personas con discapacidad se realizará en régimen de provisoriato por el término de 15 meses. Las mismas gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos.
A efectos de proceder a la provisión de vacantes se deberá realizar un llamado a concurso a través del Sistema de Reclutamiento y Selección, en el que solo podrán participar aquellas personas que acrediten estar inscriptas en el Registro de Personas con Discapacidad.
Los incisos correspondientes deberán comunicar a la Oficina de Servicio Civil y Contaduría General de la Nación la suma total de las vacantes de cargos presupuestados y funciones contratadas; el importe total del crédito presupuestal, y la especificación de las vacantes que podrán suprimirse a efectos de conformar el porcentaje mínimo legal.
El texto informa que la Contaduría General de la Nación transferirá el 4 % del crédito presupuestal correspondiente para financiar los puestos de trabajo según las vacantes determinadas y la rehabilitación de cargos.
También establece que los organismos deberán promover la integración en los ámbitos laborales de estas personas realizando acciones de inducción y adecuación del entorno físico.