Explotación sexual comercial 
Gobierno diseña política pública sobre trata de mujeres, niños y adolescentes
Representantes de MIDES- Inmujeres, MRREE e INAU coincidieron en la importancia de . analizar la problemática que representa para el país la explotación sexual con fines comerciales de niños, adolescentes y mujeres. Prevención, identificación, judicialización y atención a víctimas son las bases de un trabajo que procuran convertir en política pública.
El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a través de Inmujeres, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) y la Unión Europea organizaron el seminario regional “Aplicación de medidas para la elaboración de una política sobre trata y tráfico de mujeres, niños y adolescentes con fines de explotación sexual comercial”, que tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Holiday Inn el miércoles 26 de setiembre.
La actividad fue presenciada por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker; el vicecanciller, Roberto Conde; la directora de Inmujeres, Beatriz Ramírez; el embajador de España, Roberto Varela Fariña; el director de INAU, Jorge Ferrando; el director ejecutivo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), Martín Rivero y el jefe de cooperación de la Unión Europea, Alejandro Montalbán.
La problemática
La titular de Inmujeres, Beatríz Ramírez, manifestó que, si bien el problema es de larga data en el país, recién a partir de 2005 con el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos y con el apoyo de un proyecto financiado por la Cooperación Española y la Unión Europea Uruguay avanzó en términos de identificar el problema, establecer las respuestas y trabajar de forma interinstitucional.
También aludió a las posibles soluciones, desde la prevención, el establecimiento de una normativa adecuada y la atención directa a través de servicios para las víctimas.
Los casos que más se detectan en el país incluyen la trata de niños y adolescentes; la trata de mujeres ocurre con más frecuencia en el exterior. En muchos casos las adolescentes salen del país con documentos falsos. La edad promedio de las víctimas de este delito es 23 años y las zonas de frontera se consideran de alto riesgo.
“Uruguay es un país de fácil acceso por su frontera seca. En muchos casos es país de tránsito, es decir el origen es Brasil o Argentina, pasan por nuestro territorio y desde allí emigran a Europa —España e Italia—. Es complejo definir cuántos casos reales existen, pero a partir de las investigaciones se puede tener una aproximación. En un año se atendió a más de 30 mujeres que pidieron asilo a embajadas. Se trabaja en coordinación con los diversos actores para procurar su retorno”, indicó Ramírez.
Uno de los trabajos que se realiza es la persuasión de las mujeres en los sitios de salida, como los aeropuertos, ya que viajan estimuladas por falsas promesas de buenos salarios o compra de casas y dejan a sus familias. Cuando llegan al país de destino se encuentran en un formato de reclusión y esclavitud. La trata interna, en la mayoría de los casos, obedece a niños y adolescentes. Ramírez aludió también a la “trata vip” que se registra en lugares turísticos como Punta del Este e informó que ya se trabaja en prevención, sensibilización, atención de víctimas, identificación de casos y judicialización de la situación.
La consideración del problema es clave
Olesker recordó que durante mucho tiempo estos temas no eran visibles, lo que derivaba en la no implementación de acciones para revertirlos. “La invisibilidad es garantía de impunidad”, indicó. Llamó a hacerlo visible para dar una respuesta a un delito en cumplimiento de la Ley de Migraciones.
Conde aludió a la necesidad de capacitar a funcionarios diplomáticos y consulares encargados de atender directamente estas situaciones, sobre todo a los 60 jóvenes que terminarán su carrera, en los próximos cinco años y que en 2013 comienzan a salir en misiones a distintos países. Instó a trabajar en forma interinstitucional para alcanzar una política pública eficaz.
Ferrando recordó que el INAU trabaja en el tema desde el Sistema Nacional de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) y el Comité contra la Explotación Sexual. Llamó a integrar experiencias y conocimiento, a trabajar en la visibilidad y en acciones silenciosas y reservadas al mismo tiempo para encontrar a los responsables.
Rivero informó que más de la tercera parte de la cooperación internacional que recibe el país se destina a políticas sociales, de los cuales más de la mitad de los proyectos vinculados al género tienen que ver con este tema (unos 10 proyectos).
Varela Fariña se congratuló por la inclusión de la trata en la agenda pública y la definió como “una de las formas más escandalosas de disminución de las personas y de violación de derechos humanos”. Detalló las acciones que lleva adelante la AECID al respecto. Dijo que la Agencia apoya la tarea de construcción de políticas públicas en nuestro país.
Montalbán aseguró que este encuentro sirve de cierre al proyecto que la Unión Europea lleva adelante para la instalación de políticas de largo plazo sobre el tema. Recordó que la trata de personas es un delito grave y que se enmarca en la delincuencia organizada. Dijo que combatirlo es una de las prioridades de la Unión Europea.