Gobierno elevó proyecto para pasar el Instituto de Rehabilitación a manos del Ministerio de Educación y Cultura
El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley de organización del sistema penitenciario nacional por el cual el Instituto Nacional de Rehabilitación se transformará, a partir del 1.º de febrero de 2021, en un ente descentralizado que funcionará en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. El nuevo marco para rehabilitar personas privadas de libertad tiene como base el respeto a los derechos humanos.
El proyecto de ley cuenta con la firma del presidente Tabaré Vázquez y los ministros Eduardo Bonomi, del Interior, María Julia Muñoz, de Educación y Cultura, y Danilo Astori, de Economía y Finanzas, y plantea tres ejes temáticos básicos, uno de los cuales es el proceso de descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, el que, a todos los efectos, se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.
En ese tenor, se propone instaurar la estructura básica de funcionamiento y algunas de sus dependencias. En su reglamentación se establecerá la organización completa de cada una de las ellas. El Estatuto a elaborarse, una vez aprobado este proyecto de ley, comprenderá a todos los funcionarios dependientes del instituto, sea cual sea su escalafón.
El segundo eje establece la aplicación y funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional en derechos, obligaciones, beneficios, principios y objetivos, en relación a la persona privada de libertad, mientras que el tercero propone la entrada en vigencia de la ley y la derogación del decreto n.º 14470, del 2 de diciembre de 1975, y del n.º 104/011, del 10 de marzo de 2011, así como la de aquellas normas que contradigan la nueva.
Asimismo, se prevé la creación del grupo de trabajo que llevará adelante el proceso de transición hacia la descentralización.
El texto legal recuerda que el artículo 221 de la ley n.° 18719, de 2010, creó el Instituto Nacional de Rehabilitación y estableció el pasaje de las cárceles del país, que se encontraban en la órbita de la Dirección Nacional de Policía, a la de este nuevo instituto, proceso que culminó definitivamente en diciembre de 2015.
El instituto tiene como fin desarrollar programas que fortalezcan las actitudes y responsabilidades individuales y sociales de las personas privadas de libertad, que les permitan su reinserción en la sociedad, de acuerdo con las pautas institucionales que promuevan su involucramiento en las distintas etapas de la ejecución de la pena.
Con el presente proyecto, se aspira a que, por primera vez, en nuestro país se establezca un marco legal de tratamiento integral para la rehabilitación de las personas privadas de libertad, que tenga como base fundamental el respeto a los derechos humanos de todas aquellas personas que, por diferentes razones, se encuentran vinculadas al quehacer penitenciario.