Sin antecedentes a nivel mundial

Gobierno realiza texto de normas contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Este jueves 4 de abril se realizó en la Torre Ejecutiva la primera reunión del grupo de trabajo dedicado a la compilación y adecuación normativa en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos precedentes. Desde hace un año, especialistas en la temática trabajan en la compilación de normas y se espera en un máximo de siete meses contar con el texto corregido y adecuado a la realidad actual del país.

Reunión de trabajo sobre normas antilavados

El secretario general de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Carlos Díaz, sostuvo que el trabajo de este grupo comenzó hace un año con la compilación de todas las normas, —leyes, decretos, resoluciones, circulares del Banco Central, convenios multilaterales y bilaterales —, en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y delitos precedentes.

 

Esta compilación estuvo pronta en el mes de diciembre, por lo que el Presidente Mujica dictó una resolución que encomendó a la Secretaría de Antilavado crear un grupo de trabajo dedicado a revisar la compilación y adecuarla a las necesidades que presenta la realidad del país sobre la cual es necesario legislar. Según Díaz, el objetivo es que en el correr de este año se cuente con ese texto ordenado que compile las normas referentes a esta temática.

 

Este grupo de trabajo está compuesto por integrantes de los tres poderes del Estado. En el caso del Poder Judicial, participará directamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia en calidad de experto en crimen organizado. En cuanto a los legisladores, estarán presentes los diputados integrantes de la comisión especial de legislación en la materia de lavado de activos.

 

Díaz considera que se trata de un trabajo arduo, sin precedentes en el mundo, y se inscribe en la postura de transparencia que asumió el Gobierno Nacional. En tal sentido, el objetivo fundamental es que estas normas puedan estar a disposición de todos los operadores de la Justicia y del público en general.

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