Gobierno recibió este viernes proyecto de ley sobre régimen infraccional juvenil
El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, recibió este viernes el proyecto de ley sobre responsabilidad infraccional juvenil, redactado por una comisión especial designada por el Poder Ejecutivo. El Gobierno enviará en breve el proyecto al Parlamento para su discusión. La iniciativa otorga un rol preponderante a las fiscalías y establece un canal de comunicación con las víctimas y la sociedad en su conjunto.
En su despacho de Torre Ejecutiva, el secretario de la Presidencia recibió el proyecto de manos de los integrantes de la comisión especial creada por el decreto del Poder Ejecutivo N.º 47 del 7 de febrero de 2013. La ley 19055 de enero de este año mandató al Poder Ejecutivo a crear la comisión con el cometido de redactar un proyecto de ley que legisle en forma exclusiva el régimen de responsabilidad infraccional juvenil, en el marco de las definiciones y principios consagrados por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y otras normas internacionales aplicables.
El mencionado decreto también establece que la comisión especial deberá priorizar en su proyecto los grados de responsabilidad del adolescente, así como la implementación de las medidas alternativas a la internación y su proceso de inclusión social.
La comisión se integró con representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y Fiscal, los ministerios del Interior y Desarrollo Social y el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU).
Cambio significativo
El representante del Poder Judicial y presidente de la comisión especial, Eduardo Cavalli, sostuvo luego de dicha reunión que este proyecto contempla tanto los aspectos sustanciales, es decir, la aplicación del derecho penal a los adolescentes, como los aspectos procesales.
En este sentido, resaltó que uno de sus grandes ejes son los cambios en el sistema procesal que, a su juicio, serán una novedad para Uruguay en el sentido de que las fiscalías ocuparán un rol preponderante en lo que respecta al trabajo en torno a la responsabilidad de los adolescentes.
“Cambia el paradigma por el que el juez dispone o no, a través de una llamada telefónica, el inicio de un proceso contra un adolescente a quien se imputa una infracción a la ley penal. Una vez que el proyecto se sancione como ley, lo que ocurrirá es que el Ministerio Público llevará adelante esa acción y planteará una acusación imputando a determinado adolescente de una conducta infraccional a la ley penal”, detalló Cavalli.
Otro aspecto destacable que previó la comisión en el proyecto presentado este viernes al Gobierno es la participación de la víctima en el proceso. El fiscal deberá informar a la víctima sobre el desarrollo del proceso, quien podrá tener acceso a las actuaciones.
Incluso se establece la posibilidad de que la víctima del delito o sus familiares puedan ayudar en la reunión de prueba a efectos de determinar si el adolescente que está siendo imputado de delito es responsable o no.
“Pienso que para la población esto es un cambio significativo, porque muchas veces cuando se dispone la libertad de un adolescente desde el inicio del proceso, se produce un signo de interrogación en la población sobre qué es lo que ha ocurrido con este adolescente que no ha sido responsabilizado”, puntualizó el presidente de la comisión.
"El cambio estará —prosiguió explicando Cavalli— en que esa reclamación hacia el Poder Judicial la podrá direccionar ahora el Ministerio Público que estará en contacto con las víctimas y la sociedad afectada, a fin de poder contemplar ese interés que a veces aparece defraudado por la actuación judicial que no se entiende o no se conoce porque los procesos son reservados".
En ese contexto, el representante del Poder Judicial adelantó que el proyecto establece un canal de comunicación con el Ministerio Público que tendrá la posibilidad de llevar adelante la acción que podrá responsabilizar al adolescente que es imputado de determinado delito. “Obviamente se prevén todas las garantías del debido proceso para el adolescente, se quiere un proceso eficaz, pero no injusto. Se han reproducido aquí las garantías que establece la actual legislación y aún más, se ha profundizado en ellas”, agregó.
A juicio de Cavalli, los procesos de adolescentes, en la actualidad, son bastante abreviados.
“El Código prevé un plazo máximo de 90 días que nos parece prudente para que el fiscal termine de formular su pretensión y en muy poco tiempo más ya se dicta la sentencia”, concluyó el profesional.
La comisión especial estuvo integrada por Eduardo Cavalli por el Poder Judicial, quien la presidió; Gilberto Rodríguez por el Ministerio Público; Charles Carrera y Eduardo Florio por el Ministerio del Interior; Mariana Drago e Isabel Villar por el Mides, y Javier Salsamendi, presidente del INAU.
Guerrero informó que luego que el Presidente de la República y el Consejo de Ministros firmen el proyecto, el Gobierno lo enviará al Parlamento para su discusión.
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