Gobierno trabaja para reducir vulnerabilidades del país y enfrentar automatización del empleo
En Uruguay, una de cada tres personas trabaja en los sectores que son más vulnerables al proceso de automatización. En ese sentido, el Gobierno implementa políticas públicas de capacitación, de desarrollo productivo y de marco regulatorio, para enfrentar la pérdida de empleo que generará este cambio tecnológico, según explicó el director de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
La Dirección de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presentó, a mediados de setiembre de 2017, el informe Automatización y empleo en el Uruguay. El director de Planificación, Fernando Isabella, explicó a la Secretaría de Comunicación Institucional que este estudio es un insumo para diseñar políticas públicas.
La primera conclusión del informe es que este proceso no es algo que vaya a ocurrir en el futuro, sino que ya sucede. En los últimos 10 años se constató cómo cambió la disposición de tareas de los uruguayos hacia actividades cognitivas y menos manuales, de acuerdo con la tendencia a automatizar, en primer lugar, las tareas manuales. “Es interesante saber que esto ya ha venido pasando en una década que muestra los niveles de empleo más altos de la historia del Uruguay. No necesariamente es un proceso que venga a generar una destrucción masiva de puestos de trabajo”, subrayó.
La segunda conclusión es que algunos sectores y grupos de trabajadores son más vulnerables a situaciones de automatización, como lo son la industria y el agro, lo cual tampoco sería una novedad, porque en nuestro país hace tiempo se automatizan empleos en estos sectores.
Isabella señaló que en la actualidad la automatización de tareas se está extendiendo al sector de servicios, en el cual la adopción de nuevas tecnologías permite que dispositivos desempeñen tareas que eran realizadas por trabajadores “Es un proceso que ya se observa en supermercados, donde hay cajas automatizadas, y que se puede extender a otras tareas de apoyo administrativo, ventas, entre otros”, explicó.
En Uruguay casi una de cada tres personas trabaja en actividades de servicios y apoyo administrativo. Al cruzar este dato con el nivel educativo, la mayoría de esos trabajadores cursaron hasta educación secundaria, lo que los convierte en trabajadores vulnerables al proceso de automatización, por lo que allí hay un foco para políticas públicas, sostuvo Isabella.
En la publicación se aclara que este proceso también se observa en los países desarrollados, porque todas las ocupaciones conllevan un determinado nivel de riesgo de ser automatizadas. A nivel nacional, los sectores de actividad con más riesgo son el agropecuario, el forestal y la pesca, en un 85 %, y los de menor riesgo son la enseñanza y la salud, con 33 %.
Con respecto al riesgo por categoría ocupacional, se destaca, en primer lugar, al personal de apoyo administrativo, con 94 %, y los profesionales, científicos e intelectuales, con el menor riesgo, 12 %. Por sexo, los hombres corren más riesgo de automatización, 68 %, y las mujeres, 60 %. Por edades, las personas de menos de 20 años y los adultos mayores de 50 son los más propensos a ese peligro.
Según la publicación, en la historia económica es posible identificar cinco revoluciones tecnológicas en el mundo, que estuvieron pautadas por la creación y destrucción del empleo, y la sexta, que es la que estamos atravesando, que está en fase de surgimiento sobre la base de la revolución digital, caracterizada por el desarrollo sustentable y las aplicaciones a la matriz productiva de la biotecnología y nanotecnología.
Estrategia país
El director de Planificación de la OPP reiteró que en Uruguay la industria es muy fuerte en cuanto al software, con una infraestructura muy buena en materia de telecomunicaciones, lo cual le genera oportunidades de desarrollo en varios sectores productivos. A modo de ejemplo, indicó que el país puede generar industrias creativas que demanden un componente de procesos digitales.
También consideró que el avance tecnológico a largo plazo es positivo y que se busca una regulación pública para favorecer que los beneficios generados por la tecnología incidan en toda la sociedad. “La tecnología sola no es la que hace los cambios; es la conjunción de la tecnología con el desarrollo de una regulación lo que permitirá que esa potencialidad llegue a todo el mundo”, aseguró. “Oponerse al avance tecnológico es algo que, entendemos, no tiene sentido, la clave está en cómo hacemos para que los beneficios de esa tecnología y ese avance tecnológico lleguen a toda la sociedad”, enfatizó.
En tal sentido, Isabella destacó que desde el Sistema de Transformación Productiva y Competitividad, que involucra a instituciones para coordinar políticas concretas de desarrollo productivo, se realizan estudios en sectores estratégicos para identificar riesgos y oportunidades y resolver interrogantes, como qué cambios tecnológicos implicarán riesgos para la producción uruguaya y qué oportunidades se pueden originar.
A modo de ejemplo, indicó que hay una línea de trabajo con el sector forestal, respecto a la utilización de la biomasa forestal y la celulosa, y sus usos alternativos al papel, a partir de la tendencia a reducir su uso. “Es muy importante ver qué otras posibilidades de desarrollo productivo hay a partir de la celulosa, (…) para lo cual se deberá aprovechar una ventana de oportunidades de 15 a 20 años para ir desarrollando”, dijo.
Entre las acciones en curso para reducir esas vulnerabilidades, la OPP trabaja con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) para analizar la industria de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y su incidencia en el resto de los sectores productivos, e identificar las transformaciones productivas. La finalización del referido estudio está prevista para inicios de 2018.