Gobierno trabaja en reglamentación de la Ley de Minería de Gran Porte
El Poder Ejecutivo elabora un decreto que reglamentará el plan de cierre de actividades extractivas, como está estipulado en Ley de Minería de Gran Porte, detalló en declaraciones a la prensa el ministro de Industria Energía y Minería, Roberto Kreimerman. “Lo que se prevé es una garantía monetaria para estar seguro de que, cuando ocurra el cese operaciones, el cierre de la mina se realice correctamente”, apuntó.
Según explicó el ministro Kreimerman, la nueva Ley de Minería introdujo como punto de exigencia el hecho de que se perfeccionen los planes de cierre de los cráteres que deje la actividad extractiva y estableció que las empresas deben brindar garantías para esos planes, independientemente de las contenidas en el contrato.
Subrayó que, además del Ministerio de Industria Energía y Minería, están trabajando en la elaboración del decreto las carteras de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Kreimerman puntualizó que el decreto será aplicable a cualquier proyecto de minería que se instale en el futuro y, por consiguiente, no son exigencias dirigidas en particular a la firma Aratirí.
“Lo que prevé la minería de gran porte es una garantía monetaria para estar seguro de que, cuando ocurra el cese de la operación minera, el plan de cierre de la mina se realice”, apuntó.
“No es una exigencia nueva para la empresa Aratirí, es una exigencia de la Ley de Minería de Gran Porte, que nosotros tomamos de los estándares internacionales a efectos de que pueda tener el proceso toda las seguridades ambientales y los ingresos que se prevén para el país”, aseguró.
El ministro explicó que la temática de minería de gran porte requerirá de nuevos decretos reglamentarios, tales el que prevé que el 15 % de la producción que se exporta deba ser ofrecida al mercado nacional con la finalidad de desarrollar una industria siderúrgica que en su momento tendrá otros componentes.
En relación al contrato con Aratirí, Kreimerman aseguró que ambas partes trabajan para que haya un acuerdo y en caso de que se alcance hay un plazo de 365 para cerrar un contrato. “Si se acuerda un contrato con todo lo que estipula la ley: volúmenes de producción, años de producción, garantías a presentar, motivos de recisión, plan de desarrollo de proveedores”.
Explicó que, de firmarse el contrato, la empresa tendrá que tener la autorización ambiental para poder comenzar los trabajos
“Si no se firma, la alternativa es que puede presentar una prórroga de 90 días y luego una posibilidad de otra empresa que lo sustituya; si eso no se hace estos bienes pasan hacia el Estado y está en condiciones de hacer la explotación”, expresó.
Kreimerman indicó que las proyecciones de ingresos anuales del emprendimiento de Aratirí por 400 millones de dólares, son realizadas en función de un precio internacional de 100 dólares por tonelada.