Gran expectativa de organismos internacionales en creación de Institución Nacional de DDHH
Todos los comités especiales de la ONU expresaron su interés y expectativa por la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Uruguay confirmó su nueva sede en el ex edificio de la SIDE. La intención del Gobierno es culminar los pasos parlamentarios antes del 12 de setiembre, cuando Uruguay presida la primera sesión ordinaria del Consejo de DDHH.
Actualmente el Parlamento estudia una modificación a la Ley 18.446, creadora de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que contiene cuatro artículos. En esa norma se incluye la modificación del nombre, la remuneración de los cinco cargos del consejo directivo (75% de la remuneración nominal de un senador) y el pasaje del presupuesto a la Comisión Administrativa del Parlamento. "En los primeros días de setiembre ingresará al pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación", informó el director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda.
Una vez aprobada la ley modificativa, la comisión bicameral ya formada estará en condiciones de funcionar y comenzará a recibir las candidaturas para integrar ese consejo directivo. La aspiración del Gobierno es que el 12 de setiembre se aprueben las modificaciones y que las candidaturas se presenten antes del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
"La fecha del 12 de setiembre es importante", dijo Javier Miranda, porque ese día comienza el período de sesiones ordinarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que será presidido por Uruguay, en la figura de la embajadora Laura Dupuy. “Queremos confirmar ese día que nuestro país avanzó un paso más en la efectiva instalación de la INDDHH, un reclamo de todas las Naciones Unidas”, subrayó.
Todos los comités especiales de las Naciones Unidas recomendaron a Uruguay la formación de un organismo especializado en la defensa de los Derechos Humanos. "El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Consejo de Derechos Humanos (en su examen periódico universal), consultan de manera permanente sobre la instalación definitiva de la institución y por eso los organismos internacionales citados tienen una gran expectativa con respecto a las acciones que toma Uruguay", advirtió Miranda.
Sede central de la INDDHH será el edificio que albergó un centro de detención de la dictadura
El artículo 80 de la ley 18.443 prevé que el Poder Ejecutivo destinará un inmueble emblemático. Como parte del proceso, el Consejo de Ministros confirmó que la nueva sede estará ubicada en el edificio de la ex Secretaría de Información y Defensa. En ese lugar fueron detenidos o desaparecidos, entre otros, María Claudia Irureta Gelman, los hermanos Victoria y Anatole Julien, Sara Méndez y su hijo Simón Riquelo, y otros compatriotas.
Hoy funciona en ese local el Centro de Altos Estudios Nacionales, dependiente del Ministerio de Defensa. “Y es un lugar emblemático de la dictadura que hoy resignificaríamos, dandole una amplitud mayor: este va a ser ahora el centro de todos los Derechos Humanos, un lugar de memoria pero también otorgándole una fuerte proyección hacia el futuro”, como aseveró Miranda.
La INDDHH
En el año 1993 la ONU avala los Principios de París, donde se estructuran organismos nacionales de Derechos Humanos con carácter nacional, que funcionan como órganos de promoción y contralor. Esta es la fuente que inspiró la versión uruguaya, pero contiene una variante en la integración directiva. En Uruguay será dirigido por un cuerpo colegiado de cinco miembros electos por el Poder Legislativo, tal como explicó Miranda.
La INDDHH se reunirá al menos una vez al año en régimen de Asamblea Nacional. Para Miranda esto es vital porque esta instancia permitirá la articulación estatal con la sociedad civil. “Este foro generará una agenda continua y abierta, durante varios días, con la participación de todos los actores interesados”, señaló. La INDDHH también podrán crear grupos de trabajo o relatorías especiales que informarán a la asamblea. Miranda consideró que la sociedad civil tiene aquí un espacio de alto valor para debatir los temas de Derechos Humanos, que permitirá denunciar y sobre todo aportar soluciones en la materia. “Aquí hay una tarea central para la sociedad civil organizada”, aseveró.
La ley garantiza la autonomía del organismo. Tiene fuertes restricciones de compatibilidad para sus futuros consejeros. Para ser electo es necesaria una mayoría especial legislativa, que seleccionará de planchas de cinco candidatos, en las cuales se promoverá la mayor diversidad posible (género, disciplinas, integración social, idoneidad en la temática). Su principal fortaleza radica en el alto grado de representatividad e independencia de criterio, además de su respaldo internacional.