Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia elevará informe con modificaciones sobre la Ley Reparatoria
El coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Felipe Michelini, recordó que el decreto que crea este órgano incluye entre sus objetivos la evaluación de la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado y de prisión ilegal. Adelantó que en los próximos meses elevará un informe al Poder Ejecutivo y aseguró que la reparación de daños es un mecanismo para desmantelar el discurso que justifica la impunidad.
Con motivo del cumplimiento de diez años de la aprobación de la ley 18.033, que promueve los derechos jubilatorios a los ciudadanos víctimas de la dictadura militar 1973-1985, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia dependiente de la Presidencia de la República y la Asociación de Expresos Políticos del Uruguay (Crysol), organizaron un seminario en la Sala Acuña de Figueroa del Edificio Artigas, anexo del Palacio Legislativo, para analizar la norma.
El coordinador del Grupo de Trabajo Verdad y Justicia, Felipe Michelini, resaltó que la ley fue un avance tanto hace diez años como hoy, aunque se debe resaltar los debes de la normativa en materia de reparación y respecto a la desconstrucción del discurso de la impunidad.
Sin perjuicio del derecho individual de las víctimas generado por la prisión ilegal o por el terrorismo de Estado, Michelini reconoció que existe una necesidad de toda la sociedad para desmantelar el discurso que justifica la impunidad, a través de la reparación del daño.
Mencionó que la ley 18.033 confundió aportes jubilatorios y pensionarios con la reparación, lo que, según sostuvo, "es un problema que debemos solucionar”. En ese sentido, subrayó que el Poder Ejecutivo es consciente del tema, como explicitó en el decreto de creación del Grupo de Trabajo Verdad y Justica, donde le encomendó una revisión de la normativa, que comprometió para los próximos meses.
El decreto 131/015 establece, entre otros puntos, que la comisión evaluará el funcionamiento de las Comisiones Especiales de la ley 18.033, del 13 de octubre de 2006, conmemorada en esta actividad, y de la ley 18.596, del 18 de setiembre de 2009, así como el estado de cumplimiento de sus cometidos.
En su artículo 7.1 señala que una de sus funciones es realizar una evaluación del cumplimiento de los fines de dichas normas, en el marco de los compromisos y observaciones desde ámbitos nacionales e internacionales y que el Poder Ejecutivo puede presentar las modificaciones que considere correspondientes.
La presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Ariela Peralta, señaló que esa entidad puntualizó al Poder Ejecutivo, en 2012, los debes, grupos que quedaban excluidos y el problema de que el concepto de reparación en ese caso "está a contramano del concepto de reparación integral que maneja hoy el Derecho Internacional”.
La presidenta de este organismo que orbita en el Parlamento explicó que la ley 18.033 obliga al beneficiario a elegir entre derechos adquiridos de seguridad social o la pensión especial reparatoria, de naturaleza absolutamente distinta.