Guerrero: “Las decisiones de la Corte se pueden compartir o no, pero hay que respetarlas”
Consultado por la prensa sobre los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, descartó un juicio político a la SCJ porque el Poder Ejecutivo no tiene potestades para realizarlo. Indicó que el Presidente, José Mujica, tiene una propuesta sobre el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) que será presentada de forma oficial oportunamente.
El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, dialogó con la prensa tras participar del acto de asunción de la nueva ministra de Salud Pública, Susana Muñiz. Consultado por la posibilidad de que el Poder Ejecutivo le realice juicio político a la Suprema Corte de Justicia por el fallo que declara la inconstitucionalidad de algunos artículos sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, Guerrero descartó esa acción, ya que consideró que no corresponde, primero porque el Ejecutivo no tiene potestades para juicio político, y segundo, desde el punto de vista político, no corresponde que analice decisiones jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia. “Las decisiones jurisdiccionales de la Corte se pueden compartir o no, pero hay que respetarlas. El Poder Ejecutivo, en función de la separación de poderes, obviamente no se puede meter en las decisiones jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia”, indicó.
Puntualizó que quien puede promover el juicio político es el Poder Legislativo. “Obviamente un partido político puede promoverlo por intermedio de la institución que es la Asamblea Legislativa”, dijo.
Guerrero aclaró que no considera que una marcha sea inconstitucional, en respuesta al planteo que presentó la oposición sobre la convocatoria que realiza el Frente Amplio a la concentración prevista para la tarde en la Plaza Libertad. “La Constitución es amplia y tiene muchas interpretaciones. No comparto de manera alguna que una marcha pueda considerarse inconstitucional”, reafirmó.
Consultado sobre la posibilidad de que tras este fallo algunas causas no se investiguen más, Guerrero informó que dicho fallo “es a un caso concreto, después si se generaliza lo que hace es que la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura —a entender de la Corte— como son delitos comunes prescriben en el mismo término que los delitos del Código Penal. En el caso concreto de homicidio muy especialmente agravado, que sería en estos casos, y en función de la peligrosidad de la gente, que se puede aumentar en un tercio la pena, estaría prescribiendo casi a los 20 años y siete meses. Si este fallo de inconstitucionalidad se generaliza y lo toma como norma o se llega a derogar la ley por su imperio, lo que hace es que los delitos prescriben a los 20 años y siete meses”, relató.
En cuanto a la posibilidad de que algunos militares que se encuentran detenidos puedan ser liberados, Guerrero explicó que se trata de un tema técnico jurídico, porque depende de cuándo se toma la interrupción de la prescripción. “Después de iniciado el juicio se interrumpe la prescripción, pero hay distintas teorías doctrinarias y jurisprudenciales. Algunos dicen con la mera denuncia, otras corrientes dicen con el procesamiento. Creo que la más recibida es la que dice que con la acusación fiscal se interrumpiría el período de prescripción”, dijo el jerarca, quien aclaró que el Poder Ejecutivo no tiene como prioridad actual trabajar en una Ley alternativa a la interpretativa de Caducidad.
Ante la consulta de si los ministros de la SCJ son elegidos por acuerdos políticos proporcionados por el Ejecutivo o si alguno llegó por antigüedad, Guerrero dijo que se dan las dos situaciones. En el caso del último que ingresó —Julio César Chalar— fue por acuerdo político.
Guerrero insistió en que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia pueden no gustar, como las últimas, pero entiende que no pueden ser cuestionadas, sobre todo las jurisdiccionales. Puntualizó que la definición sobre la jueza Motta no fue jurisdiccional sino administrativa. “Eso se analizará con mayor tranquilidad si los ministros le dan explicaciones al Parlamento, pero en función de la separación de Poderes, al Poder Ejecutivo no le corresponde. Yo tengo mi opinión, pero es mi opinión personal”, sostuvo.
Dijo que la situación de la jueza Motta no fue analizada a nivel oficial por el Ejecutivo, quien “no intervino absolutamente en nada en su traslado, ni en el de ningún otro magistrado del país”.
ICIR
En otro orden, el secretario de la Presidencia informó que están trabajando en un proyecto sustitutivo al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). “El Presidente tiene alguna propuesta arriba de la mesa, pero preferimos presentarla de forma oficial cuando esté bien elaborada.
Guerrero aclaró que para él no existe "un equipo económico" y otro "alternativo". “Para mi hay un Presidente de la República que es quien fija las políticas públicas y dentro de ellas está la política económica. El Presidente tiene su secretario que es el señor Fernando Lorenzo, tiene algunos asesores y tiene la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que lo asesoran”, añadió. Explicó que en las próximas horas se conocerán esos proyectos pero aclaró que no tienen “nombre ni apellido”.