Inmujeres y Centro de Estudios Judiciales acuerdan formación para combatir la violencia basada en género
“Tener un vínculo de trabajo con el Poder Judicial nos permite compartir un marco conceptual y herramientas metodológicas para mejorar las respuestas del Estado en cuestiones de género”, explicó la directora de la División Violencia basada en Género del Inmujeres, Karina Ruiz. Un convenio firmado entre ese instituto y el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay potenciará la formación de funcionarios de ambos organismos.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) se comprometieron a cooperar con el fin de diseñar y desarrollar herramientas de difusión, cursos, seminarios, talleres o cualquier otra actividad de formación sobre la perspectiva de violencia de género.
Ese aspecto incluye la trata de personas con fines de explotación sexual y comercial y el abordaje de las intersecciones clave en la vulneración de los derechos de las mujeres, niños y adolescentes por discapacidad, edad, raza, etnia o pobreza.
“El pensar juntos herramientas y estrategias relacionadas al abordaje de las políticas de género y, lógicamente, que haya operadores de justicia formados en género y violencia de género, nos asegura el refuerzo del compromiso del Poder Judicial de avanzar en una política interinstitucional e integral”, dijo Ruiz a la Secretaría de Comunicación Institucional tras la firma del acuerdo entre ambos organismos.
Ruiz indicó que el convenio es un paso más en el avance de la política pública que va dando respuestas a la implementación de la ley n.º 19580 sobre Violencia hacia las Mujeres basada en Género. “La capacitación del funcionario público es fundamental para que una mujer en cualquier lugar de Uruguay que recurra a una institución del Estado reciba una respuesta de calidad acorde a la aplicación de la política pública”, apuntó.
La titular del Mides, Marina Arismendi, y la directora del CEJU, Rosina Rossi, fueron las encargadas de suscribir el miércoles 26, en la sede central del Poder Judicial, un convenio que se comenzará a aplicar en el segundo semestre del año y tendrá una duración de dos años con renovación automática.