Intercambio de experiencias en investigación del lavado de activos y decomiso de bienes
En la apertura del “Taller Nacional sobre Investigación Patrimonial y Administración de Bienes Incautados y Decomisados” Julio Calzada señaló que el objetivo "es intercambiar experiencias y profundizar el trabajo de formación en recursos humanos para la lucha contra el narcotráfico". El Fiscal de Corte, Jorge Díaz dijo "que es primordial decomisar los bienes del narcotráfico de forma que pierdan el rédito económico".
El lunes 29 de julio se realizó en Montevideo el “Taller Nacional sobre Investigación Patrimonial y Administración de Bienes Incautados y Decomisados”. En el acto participaron el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, el director de la Secretaría Antilavado de Activos, Carlos Díaz, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, el presidente de la Suprema Corte de J, Jorge Ruibal Pino, el embajador de la Organización de Estados Americanos en Uruguay, John Biehl del Río y autoridades de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA).
El taller estuvo dirigido a jueces, fiscales, policías, analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera, oficiales de la Unidad de Administración de Bienes Decomisados y demás agencias del sistema de lucha contra el lavado de activos en Uruguay. Tuvo como propósito establecer un foro de comunicación en torno a la investigación del lavado de activos, a modo de taller práctico, en pro de la integración y optimización de esfuerzos.
Intercambio de experiencias
Julio Calzada señaló que "el objetivo del taller es intercambiar experiencias y profundizar en el trabajo de formación de recursos humanos relacionados con el ataque al narcotráfico en sus aspectos económicos y financieros que mueven unos US$ 320 mil millones internacionalmente y de US$ 30 a US$ 40 millones en Uruguay (cannabis)".
“Analizaremos las medidas legales para atacar las bases materiales en las cuales se sustenta el narcotráfico, ya que este permanentemente busca nuevas alternativas de vehiculizar sus aspectos económicos y blanquear los aspectos financieros que realiza bajo diferentes modalidades, como puede ser a través del sistema financiero, inmobiliario o compra de empresas. Para eso necesitamos actualizarnos sistemáticamente”, afirmó.
En ese sentido destacó el trabajo que cumple la Secretaría Nacional Antilavados de Activos, los Juzgados de Crimen Organizado y el Fondo de Bienes Decomisados.
Importancia del decomiso de bienes
Por su parte, el fiscal de Corte, Jorge Díaz señaló que para la Fiscalía de Corte es importante la capacitación de los fiscales. “Nosotros no hemos desarrollo suficientemente las áreas de investigación patrimonial, las medidas cautelares sobre los bienes y su decomiso. Porque legislación vigente tenemos y es una las mejores legislaciones en materia de decomiso e incautación. Lo que hay que hacer es aplicarla e internalizarla con una estrategia suficiente y el grado de desarrollo para enfrentar estos tipos de delitos, tanto en el macro como en el micro tráfico de lavado de activos”, remarcó.
El fiscal de Corte aconsejó que durante los días de trabajo se apunten a las técnicas de investigación y legislación vigentes, que avanzaron mucho desde el 31 de octubre de 2005 (primer procesamiento por lavados de activos efectuado en la Ciudad de la Costa).
“Desde la perspectiva de la Fiscalía eso no es suficiente porque estamos enfrentando a redes o grupos criminales organizados cuya finalidad fundamental es obtener un rédito o beneficio económico. Ante ese tipo de organizaciones es absolutamente insuficiente la aplicación de la pena privativa de libertad como norma de prevención general, porque no cumple su función porque pueden perder la libertad pero nunca quieren perder los bienes, pelean a muerte la tenencia de los bienes más que su propia libertad, porque el dinero da poder y estatus”, puntualizó.
Además acotó que los bienes incautados se deben utilizar en pos de la sociedad para tratar las adicciones y financiar o fortalecer los dispositivos de control de la oferta del estado, fuerzas represivas, juzgados de crimen organizado y fiscalías especializadas.