Interior y Poder Judicial definen protocolos para uso de tecnología en seguridad pública
La cartera de Interior y la Suprema Corte de Justicia firmaron un convenio marco y cuatro protocolos operativos que hacen referencia a respuestas de ambos organismos frente a situaciones de violencia de género; acceso al Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior; implementación de “El Guardían”; y utilización de medios tecnológicos para uso de ficha decadactilar de menores.
El convenio tiene por objetivo mejorar el acceso a la justicia y la respuesta que se brinda a las personas en todo el territorio nacional, y además, racionalizar la utilización de los recursos que ambas instituciones ponen a su servicio.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi destacó que en el convenio marco se destaca el tema de llevar el sistema de tobilleras al ámbito penal, para la prisión domiciliaria, punto que aclaró, no está comprendido en los cuatro protocolos operativos firmados en la jornada.
Bonomi recordó que la implementación de las tobilleras comenzó en Montevideo, luego se extendió a Canelones y San José. Asimismo anunció que este año se estima que la operativa se extienda a Colonia y Florida. “Si fuera por mi utilizaría las tobilleras en casos de salidas transitorias”, dijo.
Consultado sobre si este acuerdo contempla avanzar en la implementación de las cámaras de vigilancia que el Ministerio del Interior tiene en varios barrios de Montevideo, Bonomi indicó que en la actualidad los jueces ya tienen en cuenta estas imágenes.
Por su parte el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, informó que desde ahora se comenzará a instrumentar este convenio y para ello se capacitará a los operadores judiciales. Asimismo se elaborará un protocolo que ofrezca garantías para la policía, los fiscales, el Poder Judicial y los ciudadanos. En tal sentido aseguró que se cumplirán con las obligaciones constitucionales y legales que se necesitan para este tipo de actuación.
Además del convenio marco, que tiene más de siete temas, se suscribieron cuatro documentos.
En tal sentido se elaborarán en forma conjunta protocolos de comunicación y actuación interinstitucional relativos a la respuesta que se brinda a las personas en situaciones de violencia basada en género detectadas por los servicios de seguridad pública, o que se tramitan en juzgados de Familia Especializada, Penal y Crimen Organizado. El objetivo es mejorar el abordaje de estos asuntos y evitar la revictimización de las personas involucradas por parte de operadores de ambas instituciones.
Otro de los documentos firmados indica que el Poder Judicial y la cartera de Interior trabajarán juntos en el acceso al Sistema de Gestión de Seguridad Pública. En tal sentido se diseñará un protocolo de actuación interinstitucional que defina y regule las acciones y responsabilidades de cada uno de los organismos con la finalidad de llevar adelante la implementación del acceso a este sistema. El objetivo es que magistrados, actuarios y funcionarios de juzgados letrados de primera infancia con competencia en materia penal, adolescentes infractores y de familia especializada, puedan efectuar consultas.
También firmaron un acuerdo de actuación interinstitucional para implementar el acceso y utilización del sistema informático de interceptación legal de las comunicaciones telefónicas ("El Guardían") del Ministerio del Interior a los magistrados de los Juzgados Letrados de Primera Instancia con competencia en materia Penal y Crimen Organizado. Se conformará una comisión de trabajo para establecer el protocolo de funcionamiento de este sistema.
Bonomi aclaró que cuando el juez autoriza la interceptación de las llamadas, la empresa telefónica es la encargada de realizarla y luego se lo comunica a la policía. Respecto a la elaboración del protocolo, Chediak informó que se está conformando una comisión con técnicos del Ministerio del Interior y del Poder Judicial para elaborarlo lo más rápido posible.
Añadió que con este protocolo también se busca realizar una auditoría —en cada caso— para saber a cabalidad como fue el funcionamiento de la interceptación de llamadas telefónicas y de correos electrónicos.
Las instituciones también acordaron promover el análisis y diseño conjunto de una solución para los casos de adolescentes sometidos a proceso de infracción en las sedes judiciales que permita el envío por medios tecnológicos de su ficha decadactilar, registrada por funcionarios judiciales en las sedes judiciales, a la Dirección Nacional de Identificación Civil para la realización de identificación, y luego se remitirá la información al Poder Judicial.