JND realizó nueva instancia de debate por la regulación estatal del mercado de marihuana
El secretario general de la JND, Julio Calzada, lideró, el 2 de mayo en la Torre Ejecutiva, un nuevo encuentro de debate sobre el control y la regulación estatal del mercado de la marihuana. Los diputados Sabini y Bango, redactores del proyecto de ley, resaltaron que el objetivo central es brindarle a este consumo un marco regulatorio similar al de las demás drogas legales: alcohol, tabaco y psicofármacos.
Calzada recordó que tradicionalmente en Uruguay la base de las políticas fue la regulación a través de control, pero en los últimos diez años se incorporaron otras perspectivas. Según indicó, en 2005 se planteó una profundización del nuevo enfoque priorizando los derechos y en junio del 2011 se presentó el proyecto “Estrategia por la vida y la convivencia” que estableció 15 medidas.
Una de ellas fue la regulación estatal del mercado del cannabis. El jerarca recordó que en ese contexto se generaron discusiones a nivel nacional y con expertos internacionales. También valoró como un avance que en el mes de agosto pasado se presentó un proyecto de ley que intentó resumir el objetivo gubernamental para enfrentar el problema del narcotráfico. Este proyecto prioriza los aspectos sanitarios y los derechos, desde lo general hasta lo individual. "La propuesta no era, ni fue, ni es, una cortina de humo ni un salto al vacío como ya se dijo en otras oportunidades," aseguró Calzada.
Por su parte, los diputados Julio Bango y Sebastián Sabini, encargados de "darle forma" al proyecto presentado, detallaron algunos aspectos de la iniciativa. Sabini explicó que el proyecto se elaboró teniendo en cuenta tres puntos de vista: el combate al narcotráfico, el aspecto sanitario y el de los derechos humanos. "Pensamos que las tres ópticas son válidas y le dan integralidad al tema", resaltó.
"Se partió de la base de que el consumo es un fenómeno que puede incidir negativamente en delitos, que puede ser doblemente perjudicial, ya que no se sabe lo que se está consumiendo, y que los que quieren hacer valer su derecho a consumir (legalizado en 1974) deben acudir a un espacio ilegal para adquirirlo", señaló.
Por otro lado, resaltó que la diferencia con la regulación de otras drogas, como el alcohol o el tabaco, es que los precios se fijarán administrativamente, no existirá marketing ni publicidad, ni patrocinios, ni promociones asociadas al consumo de la marihuana. "Esto significó pensar en un modelo muy distinto al que estamos acostumbrados", dijo.
También enfatizó que este proyecto tiene como planteo central reducir el consumo, fundamentalmente el problemático.
Informó que hasta el momento la discusión ha avanzado en lo relacionado a quiénes podrían comprar, distribuir y vender este producto y se espera a culminar con este ciclo de charlas para contar con una evaluación completa.
Aspectos centrales del proyecto
Julio Bango subrayó que se pretende minimizar los riesgos que conlleva el consumo, controlando la calidad de lo que se consume. En este sentido, lamentó que tal vez la iniciativa no tuvo la suficiente difusión por lo que se banalizó su contenido.
"Producción, adquisición, acopio y expendio estarán definidos en este proyecto", explicó Bango. Agregó que se trata de construir el mismo esquema de regulación para las cuatro principales drogas que se consumen en Uruguay: alcohol, tabaco, psicofármacos y marihuana —que al momento es la única cuya comercialización no está regulada—.
El proyecto indica, entre otras cosas, que cada persona pueda consumir hasta 40 gramos por mes; autocultivar hasta seis plantas con una licencia que también se usaría para elaborar datos estadísticos. Aquellos que estén interesados podrían crear clubes de membresía para cultivar en grupo, con un número determinado de plantas por año.
Entre otras cosas, se le encomendará al Sistema Nacional de Educación la elaboración e implementación de políticas públicas que atiendan la educación y prevención relacionada con la temática y al Sistema Nacional Integrado de Salud, una política acorde.
"Asimismo se creará un instituto nacional de control y regulación del cannabis y, aisladamente, una oficina de seguimiento y evaluación de toda la política pública responsable del tema. También se creará un consejo consultivo", agregó Bango.
Finalmente aclaró que el proyecto incluye la regulación del mercado, además del autocultivo, porque, para los casi 25 mil consumidores diarios de marihuana, esto último no sería viable. "Si vamos a hacer una regulación, se debe incluir la venta para atender a todo el universo de los consumidores", señaló.
También participaron en la reunión los subsecretarios del MIDES y del MEC, Lauro Meléndez y Óscar Gómez, quienes coincidieron en la necesidad de que el tema se analice desde todas las perspectivas y cuente con participación de la sociedad civil.