Iniciativa del Gobierno 
Jubilados podrán trabajar en áreas donde se detecte escasez de mano de obra calificada
En los próximos días el Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de Ley que permite que jubilados de la ex Caja de Industria y Comercio, actual Banco de Previsión Social (BPS), vuelvan al trabajo si lo desean. El límite de edad es de 70 años y deben tener más de seis meses en la condición de pasivos. Esta iniciativa, acordada con actores sociales y algunos partidos políticos, busca fortalecer sectores con escasa mano de obra calificada y promover la formalidad.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, informó que se están dando los pasos finales hacia la redacción de un acuerdo que permitirá que jubilados de distintos sectores de industria y comercio puedan hacer compatibles su jubilación con tareas de carácter formativo en áreas donde se detecte escasez de mano de obra calificada.
Con este fin, se creó un ámbito donde se definirán cuáles son esas áreas con una mirada técnica. Allí donde se detecte esta situación, las empresas podrán contratar hasta un 10% de la plantilla siempre agregando, nunca desplazando a trabajadores y deberán comprometerse a tomar como primera experiencia laboral a aquellos jóvenes que se estén capacitando en UTU, INEFOP u otros organismos de carácter público que se dedican a la formación y capacitación profesional de jóvenes.
De esta manera se resuelve un déficit de mano de obra en algunas áreas de la economía, que a su vez, permite a que quienes hagan cursos teóricos, realicen una experiencia práctica en las propias empresas y al mismo tiempo se contribuye a que muchos jubilados que hoy trabajan en la informalidad se formalicen teniendo en cuenta que el BPS otorgará al final, cuando el jubilado se retire definitivamente una especie de premio, seguramente equivalente a un salario (eso está aún por determinarse) que será un estímulo a la formalización.
El jubilado entrará con el salario de la categoría, no desplazará a ningún trabajador, y la empresa no puede haber enviado ni podrá enviar durante ese proceso a funcionarios al seguro de desempleo.
Brenta indicó que “en el escenario actual del mínimo desempleo histórico del país, la demanda de mano de obra calificada es imprescindible para poder seguir creciendo. Aquí hemos logrado un acuerdo importante entre empresarios, trabajadores, jubilados y el gobierno, que vale la pena destacar porque no se logra todos los días. Y además participaron de la discusión y mostraron en líneas generales su apoyo los partidos políticos que integraron la discusión”.
El límite de edad es de 70 años y que el jubilado tenga al menos seis meses en esa condición. Las empresas que intenten obtener algún tipo de ventaja que no correspondan serán dadas de baja del programa, por lo que no podrán contratar nunca más a un jubilado, sostuvo.
“Muchos jubilados sienten –y lo vimos cuando se hizo la experiencia de la construcción- que están en condiciones de hacer un aporte y que es bueno para su vida hacerlo, no solo desde el punto de vista económico, sino también personal, porque jubilado no es sinónimo de pasivo”, añadió Brenta.
El jerarca aseguró que se están cubriendo todas las áreas, ya que las personas que se jubilan por otras cajas que no sean por la ex Caja de Industria y Comercio, actual BPS, no tienen compatibilidad.
“Quienes se jubilan por la Caja Militar, Policial, Bancaria, puede trabajar a posteriori, por tanto el régimen de incompatibilidad entre jubilación y trabajo es parcial en el Uruguay. Estamos abriendo esta posibilidad condicionándola a algo que es clave que es la ausencia de RRHH calificados en algunas áreas y la formación de jóvenes, porque sino esto sería ‘pan para hoy y hambre para mañana’”, explicó.
Brenta confía en que a mediados de marzo el proyecto se envíe al Parlamento. Dependerá del análisis. "Lo bueno es que el proyecto llega con un acuerdo lo que es clave porque existe la certeza de que los actores sociales involucrados se pronunciarán a favor, así como los partidos políticos que participaron de la discusión".