JUTEP presentó publicación “Políticas Públicas contra la Corrupción en Uruguay”
La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), organismo independiente del Estado que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, presentó un libro titulado “Políticas Públicas contra la Corrupción en Uruguay”, en el que recopila los trabajos presentados por académicos y juristas del país en el Día Internacional contra la Corrupción de Naciones Unidas, el pasado 9 de diciembre.
En ese contexto, José Montero Traibel, actual vicepresidente de la JUTEP, hizo una síntesis de las funciones y los cometidos de este organismo en el transcurso de los diez años de existencia; Adolfo Pérez Piera resumió el ámbito internacional en el cual la junta desarrolla sus actividades; Carlos Díaz Fraga describió los mecanismos que tiene Uruguay para controlar el lavado de activos y el magistrado Jorge Díaz relató de qué manera el crimen organizado contribuye al desarrollo de la corrupción.
En diálogo con la Secretaría de Comunicación, el presidente del organismo, Luis Yarzábal, sostuvo que el país no tiene problemas de corrupción significativos pero que la Junta está en permanente alerta. En ese sentido citó el diagnóstico de la situación en Uruguay elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales a instancias de la Universidad de la República (UdelaR).
Yarzábal recordó que el país ocupa el lugar 25 entre 182 países que son analizados anualmente por la organización Transparencia Internacional. El país está en una de las mejores posiciones en América Latina junto con Chile. “Estamos en una etapa en la cual la circulación de capitales y el asentamiento del narcotráfico en el país implica la profundización del fenómeno de corrupción, pero estamos muy atentos porque por ahora no es demasiado importante”.
En este sentido, Yarzábal fue enfático en señalar que el control del narcotráfico y de la seguridad es fundamental para evitar que “echen raíces aquí los agentes de la corrupción”, tanto en el ámbito público como privado.
“Cuando aumenta la circulación de capitales, cuando se desarrolla el proceso del narcotráfico y cuando se implanta el crimen organizado se pone en riesgo la seguridad del país, pero además crea las condiciones para que explote la corrupción”, advirtió Yarzábal. “De manera que, lo que está haciendo el Ministerio del Interior en esta materia es particularmente importante para prevenir la corrupción”.
Declaraciones juradas
La Junta de Transparencia y Ética Pública realiza un registro de declaraciones juradas que deben realizar, de manera obligatoria, 12 mil funcionarios públicos. Estas declaraciones se efectúan, a partir del ingreso de los trabajadores, cada dos años.
“La Junta las guarda y puede abrirlas cuando se lo solicita el Poder Judicial, cuando entiende que debe hacerlo de oficio o cuando una comisión parlamentaria lo demanda. También se pueden abrir cuando la persona involucrada lo solicita. Una vez que el funcionario finaliza su actividad se espera cinco años y se eliminan”, recordó.
Yarzábal señaló que no hubo casos de enriquecimiento ilícito comprobado por esta Junta, como tampoco cuestiones importantes de corrupción detectadas.
JUTEP envió al Parlamento un proyecto de ley denominado “Fortalecimiento de la transparencia del Estado uruguayo” que está en consideración de la Comisión de Legislación y Códigos del Senado y que tiene como objetivo fortalecer el control de la corrupción en el país.
El proyecto sugiere organizar el sistema normativo de modo de unificar en un único documento todas las normas anticorrupción que hoy están dispersas.
En segundo lugar, establece mecanismos para hacer públicas las declaraciones juradas de todos los funcionarios, ya que hoy solamente lo son las del Presidente y vicepresidente de la República.
El tercer elemento que ha propuesto al Poder Legislativo es la creación del "delito de enriquecimiento ilícito" que hasta hoy no existe en el código penal uruguayo. “Es un agravante pero no constituye un delito de por sí”, dijo Yarzábal.
El jerarca destacó que son varios los países que pueden tomarse como referentes en cuanto a la adopción de mecanismos claros y firmes de control. En ese sentido destacó a los Estados nórdicos.